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Retrasos legales
 en la Presidencia,
 bajo sospecha

Ni los actores sociales ni los diplomáticos comprenden por qué la Secretaría General detiene la aplicación leyes.
"Nuestra obligación es presentarle al Presidente las cosas bien hechas”, dijo la mano derecha de Colom en materia legal.
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Retrasos legales
 en la Presidencia,
 bajo sospecha

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La Secretaría General de la Presidencia se ha convertido durante la administración del presidente Colom en el último obstáculo para la aprobación de reglamentos que den vida a reformas estructurales en el sistema de seguridad y justicia del país. Carlos Larios Ochaita es señalado como el responsable por actores sociales, la Comisión de Reforma Policial y la embajada de Estados Unidos en cables diplomáticos; el secretario general rechaza tajantemente las críticas.

Por Lissbeth Vásquez y Andrea Tock.

Sea el reglamento de la Ley de Armas y Municiones –que costó diez años que fuera aprobada por el Congreso-; la que busca normar el Sistema Penitenciario; o la creación de la Comisión de Reforma Policial; el resultado ha sido el mismo: parálisis durante meses. Para actores de la sociedad civil y la embajada de Estados Unidos, se trata de negligencia de Larios Ochaita y cuestionan sus motivaciones; para el funcionario, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, no hay tal y explica que es una tarea enorme corregir todos los errores técnicos con los que recibe los proyectos de reglamento.

Los señalamientos

La Comisionada para la Reforma de la Policía, Helen Mack, reveló esta problemática el martes 22 de febrero en una entrevista con Plaza Pública y actores sociales consultados lo refrendan. También lo hace el cable estadounidense 225476 del 16 de septiembre de 2009 revelado por Wikileaks. Ni los actores sociales ni los diplomáticos comprenden por qué la Secretaría General detiene la aplicación leyes.

“En la Secretaría General de la Presidencia se detiene, inexplicablemente, la elaboración de los reglamentos para la aplicación de algunas leyes, como la de Armas y Municiones. ¿Por qué?”, se preguntaba la comisionada Mack al ser cuestionada sobre los grupos de Gobierno que obstaculizan el avance de la reforma policial y el combate de la impunidad.

Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), lo refrenda y afirma que la Secretaría agota el tiempo innecesariamente. En el caso del reglamento de la ley de Armas, los cambios son de forma y no de fondo. “Por cada letra que se cambia, se vuelve a llevar a cada organización que conforma el grupo multidisciplinario para que se apruebe. Cambian un ´el´ por un ´la´ y lo mandan a consulta. Se han dedicado a consultar y en este juego han pasado el tiempo”, ejemplifica.

La injerencia de la SGP también se ha manifestado en otros temas trascendentes. De León indica que desde esa instancia se ha afectado la celeridad de la aprobación del Reglamento del Sistema Penitenciario. Al respecto Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), manifiesta que en 2006 se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario, pero a la fecha no tiene aplicabilidad por la ausencia de reglamento: “Creo que tiene que ver con la burocracia del Estado que no permite agilizar los procesos y es falta de interés manifiesto en no querer que el país avance y mejorar las políticas”.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, recuerda que el decreto que creaba la Comisión de Reforma Policial fue retrasado y por tal motivo Mack pasó cerca de dos años como precomisionada. A criterio de Ibarra, “los procesos importantes impulsados desde 2008, las reformas y avances para el fortalecimiento de la policía tardaron mucho tiempo en ver la luz pública porque sufría retrasos en el análisis jurídico en la Secretaría General y en el Ministerio de Gobernación, pero el gran cuello de botella se detectó en la Secretaría General de la Presidencia”.

El cable revelado por Wikileaks

La embajada de Estados Unidos en Guatemala va más allá en las acusaciones. Toma como punto de partida en el cable sobre la discusión de la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, que incluían los temas del colaborador eficaz, los juzgados de alto impacto y otras herramientas contra el crimen organizado. Un despacho diplomático para Washington fue enviado el 16 de septiembre de 2009 y está firmado por el embajador Stephen McFarland.

La embajada se enteró que el presidente Colom vetaría ambas leyes alegando posibles inconstitucionalidades, siguiendo el consejo de Larios Ochaita. El cable se refiere al secretario general como alguien que “se ha opuesto en el pasado a iniciativas a favor de la transparencia y contra el crimen organizado”. Colom convocó a McFarland y Carlos Castresana, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), para discutir el tema frente a Larios. El estadounidense y el español convencieron al Presidente de obviar del análisis de su principal asesor legal y corregir cualquier error que pudiera haber en los siguientes meses y Colom firmó la ley en esa reunión, pese a la oposición de Larios.

Para los ojos estadounidenses, Colom convocó a McFarland y a Castresana para firmar el documento frente a Larios porque necesitaba su respaldo como justificación para pasar por encima de la opinión jurídica de su Secretario General.

“No está claro qué motivó a Larios a esperar hasta dos días antes de que venciera el plazo para sancionar la ley para aconsejar a Colom que lo vetara (…) lo que sugiere que Larios podría haber tenido un motivo ulterior para querer acabar con estas importantes reformas judiciales”, reza el informe. McFarland y Castresana consideraban que podía deberse a la cercanía de Larios con Sandra Torres de Colom, aunque no se había mencionado la opinión de la Primera Dama en la discusión. De igual manera, McFarland anunció que sugeriría que el Secretario Privado coordinara mejor con el Legislativo para evitar “pretextos” para futuros vetos en leyes clave.

 ¿Quién es Larios Ochaita?

El único Secretario General de la Presidencia que ha tenido el gobierno de la UNE tiene una carrera de cuarenta años como abogado. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia por cinco años y fungió como presidente de ese Organismo entre los años 2002 y 2003. Es uno de los hombres más cercanos al presidente Colom. Su esposa, Elizabeth Hernández de Larios, fue nombrada presidenta del Consejo Nacional de Adopciones; también es presidenta del Tribunal de Honor de la UNE.

Su relación con el Presidente inicia poco tiempo después de haber dejado la Corte Suprema de Justicia, cuando el primero le invitó a sumarse al partido como secretario de Relaciones Internacionales.

Es uno de los pocos funcionarios que se mantiene en su puesto desde el inicio de este Gobierno y es, para propios y extraños de la administración, uno de los intocables del presidente Colom.

“Lo que ellos deben hacer es contratar buenos abogados”

Al ser consultado sobre los señalamientos, Larios Ochaita los rechazó y consideró que provenían de resentimientos por incapacidades técnicas. “Ellos tienen percepciones porque no conocen (las leyes) y muchas veces están respirando por la herida, porque traen sus cosas y se les dice: no sirve”, afirmó. “Lo que ellos deben hacer es contratar buenos abogados que trabajen y los corrijan, es lo que siempre les digo. Nuestra obligación es presentarle al Presidente las cosas bien hechas”, dijo la mano derecha de Colom en materia legal.

En cuanto al Reglamento de Armas, Larios presentó un documento que muestra que arribó a la Secretaría el 28 de enero de 2011, a las 13:38. “El 21 de febrero ese reglamento salió aprobado por la Secretaría y está pendiente que el Presidente lo firme. Lo que corresponde ahora es preparar el acuerdo gubernativo, que es la ley material que el Presidente firma para sancionar”.

Sobre el reglamento del Sistema Penitenciario, a decir de Larios, el problema yacía en que pretendía legislar y no desarrollar la ley. Responde a los señalamientos de los cambios de artículos o letras con el argumento de que era necesario un análisis jurídico completo. “Nos han traído reglamentos del Sistema Penitenciario hasta con 300 artículos”, rebate.

Contradice a su oposición a las leyes mencionadas por Wikileaks

Sobre el cable de Wikileaks, responde que su única oposición era el artículo que creaba los juzgados de alto impacto porque esto era una competencia del organismo judicial y violaba la independencia de poderes.  “Nosotros la sancionamos con la condición de modificar el artículo primero. Efectivamente, dos meses después, el Organismo Legislativo modificó el artículo –como pedían McFarland y Castresana y a lo que él se oponía-. Es el decreto 35-2009. Ahora la Corte Suprema de Justicia determinará los tribunales competentes para conocer de la fase procesal, no el Organismo Legislativo,” respondió sin mencionar su oposición descrita por el despacho diplomático y aprovechó para desmentir que esté alineado a la Primera Dama.

A pesar de que la embajada estadounidense describió la férrea oposición de Larios a la iniciativa, el Secretario asegura que tomar esa decisión permitió agilizar el proceso, pues las otras opciones eran rechazar la ley por inconstitucionalidad, no pronunciarse –que equivalía a sancionarla- o vetarla. En ese caso, el Legislativo habría tenido que mandarla a la Corte de Constitucionalidad. “Posiblemente a estas alturas esa ley no estaría aprobada”, reflexionó Larios.

Esa incertidumbre que provocaría el veto recomendado por Larios era justamente la preocupación de McFarland y Castresana. Por eso convencieron al Presidente Colom de no hacer caso a la oposición de su principal consejero legal y  no alcanzaban a explicarse –como tampoco pueden explicarse los actores sociales- cuáles los motivos que puede tener el secretario Larios para retrasar o impedir algunas reformas trascendentales.

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