El inicio del nuevo gobierno, de la legislatura y de las corporaciones municipales estuvo fuertemente marcado por una ruta discursiva: entrarle al tema de la corrupción. A quienes accedieron al poder se les ha exigido con vehemencia cero tolerancia a actos que impliquen corrupción y arbitrariedad.
Los ojos de los medios de comunicación y de muchos ciudadanos se enfocaron en promover y generar opinión respecto a la lucha contra la corrupción enraizada en el Estado y aceptada y generalizada como un elemento de la cultura guatemalteca.
Ciertamente esto último es muy fuerte. Y quizá muchas personas —incluyéndome— se resisten a pensar y aceptar que la corrupción sea un elemento cultural. Sin embargo, cuando uno analiza los hechos ocurridos desde abril de 2015 y pasa revista a los casos presentados este año en tribunales y a lo que, según el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, se espera para el otro año, no queda más que reconocer que existe mucha tolerancia a aceptar la corrupción como algo normal e incluso, en algunos sectores, como algo que hay que aprovechar. Hay una cultura de resignación de que la actividad política debe ser corrupta por naturaleza.
No obstante, la lucha contra la corrupción es muy lenta y demasiado costosa para el Estado, y no siempre se logran obtener los resultados que se esperan. Si a esto se le suma el hecho de que todo el combate contra la corrupción pasa por los tribunales de justicia en un país como Guatemala, el tema se vuelve más tedioso. Y eso genera la percepción de que no se avanza o, lo que es peor, de que luchar contra la corrupción es una batalla perdida.
Ciertamente es necesario que no cese el apoyo social a las entidades que están luchando por mejorar las cosas en el país. El MP, la Cicig, la SAT y el Mingob tienen grandes retos por delante y una tarea importantísima en este tema. Pero también es imperativo que se enfoque ya la necesidad de reencauzar el camino, de retomar y reconstruir el concepto de transparencia. La lucha contra la corrupción continuará si no se realizan acciones de fondo que permitan un Estado más visible y accesible a todos.
La transparencia no es solo el combate de la corrupción. Es una cualidad de la democracia y una de las principales características del sistema político y del ejercicio de la función pública. La transparencia es una forma de ser del Estado. Es su característica de ser visible y cognoscible por todos. Esto implica favorecer instrumentos que permitan no solo conocer y evaluar las decisiones políticas, sino también promover instrumentos legales que refuercen el sentido de lo público e impulsen un cambio en el comportamiento de todos los actores. Pero la experiencia demuestra que también hace falta que los funcionarios modifiquen el chip mental y favorezcan acciones para promover la publicidad de sus decisiones y el acceso no solo a la información del uso de los recursos, sino también a crear mecanismos abiertos y horizontales de rendición de cuentas.
Guatemala ha dado claras muestras de ser un sistema en el cual la principal característica del ejercicio público ha sido la simulación. Se ha disfrazado magistralmente la corrupción bajo falsas acciones de transparencia. Los principales aliados de la transparencia están procesados por corruptos. Además de perseguir al corrupto, se debe castigar y expulsar al poco transparente.
La democracia está perdiendo un tiempo valioso tratando de luchar contra ese sistema de impunidad, arbitrariedad y secrecía que los actores políticos, económicos, profesionales, mediáticos y sociales han creado a lo largo del tiempo. La transparencia necesita una oportunidad. Necesita un espacio y un proceso de institucionalización que sea capaz de resistir el tiempo y la crisis política.
Más de este autor