Para hacer operativo este concepto, los niveles bajo los cuales se pretende mantener los componentes de las “reservas ambientales”, pueden estar referidos a “metas”. Sin entrar en un exhaustivo proceso de establecimiento de metas, pero con el propósito de ilustrar su definición, analicemos uno de los bienes fundamentales del país: los bosques naturales. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos por el Sistema de Naciones Unidas establecen una meta razonable —coincidente con aspiraciones nacionales— y que al país no le conviene evadir. Se establece que para el 2015 Guatemala debiese tener, al menos, 33% de su territorio con cobertura forestal, es decir unos 3.5 millones de hectáreas.
Con el ritmo actual de deforestación bruta que oscila entre 80,000 a 100,000 hectáreas anuales y de recuperación —por regeneración natural o plantaciones— que oscila entre 10,000 a 50,000 hectáreas anuales, lo cual significa una pérdida neta que va de 50,000 a 70,000 hectáreas anuales; es seguro que, con los niveles de gestión actual, el país no alcanza esa meta. Es muy probable que la superficie nacional cubierta por bosques —no necesariamente naturales— sea inferior al 28% para el 2015.
¿Qué necesitamos para lograr la meta? La respuesta tiene que ver con la “regulación de los flujos” y con “capacidades de gestión” fortalecidas. En el primer caso, es ineludible la necesidad de “evitar la deforestación” por lo menos a un ritmo anual acumulativo del 10% del total —de deforestación— y garantizar una “recuperación de cobertura” a un ritmo mínimo de 10,000 hectáreas anuales, lo cual podría conducir a un punto de equilibrio en unos 5 a 8 años. A partir de aquí, hasta se podría empezar a incrementar la cobertura forestal. En el segundo caso, es evidente la necesidad de fortalecer capacidades de gestión —humanas, físicas y financieras— multisectoriales. La meta trae consigo otros desafíos complejos. Por ejemplo, recordemos que la deforestación está totalmente fuera del control de las autoridades. Se sabe que el 95% del flujo de productos forestales es ilegal. De este flujo, entre un 20-30% es madera utilizada por los aserraderos —incluso se ha establecido que son éstos los que estimulan la ilegalidad— y el resto se refiere a la leña utilizada como energético, principalmente en el área rural. Recordemos también que, al menos, el 50% de la energía utilizada en el país —energía en general no solo energía eléctrica— es derivada de la leña. Los desafíos vinculados a la meta analizada tienen que ver, entonces, tanto con la capacidad de regular —legalizar— las actividades forestales, como con la sustitución de la leña como energético o bien con el establecimiento de un sistema sostenible —no depredador del bosque natural— de abastecimiento de leña.
Estas son tan solo algunas consideraciones de la meta relativa a los bosques naturales. El razonamiento es similar para otros bienes naturales, las condiciones ambientales y los procesos ecológicos. Vistas así las cosas, parecen complejas, pero no imposibles. Guatemala tiene las capacidades suficientes para definir e implementar las metas. Otros países son realidades similares lo han logrado. Sin embargo, es preciso reconocer que actualmente los “flujos” entre la sociedad y la naturaleza están totalmente fuera del control de las autoridades, lo cual ha conducido a niveles de agotamiento, deterioro y contaminación que ya comprometen, objetivamente, la estabilidad social y la viabilidad de la nación. Unido a este reconocimiento, es preciso dotar al Estado de un sistema institucional funcional que garantice el cumplimiento de las metas socialmente establecidas.
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