¿Republicanos?

El antejuicio es el trámite previo a un proceso penal mediante el cual se garantiza al cargo público (ojo: no a la persona que lo está ejerciendo) de personas que infundadamente pretenden iniciar un proceso penal contra el funcionario. En este trámite se decide sobre el fondo de la acusación, es decir si hay o no suficientes elementos que justifiquen proceder penalmente contra el funcionario. No  se determina la inocencia o culpabilidad del dignatario. Sirve para proteger el cargo de acusaciones de personas que por razones espurias, políticas o ilegítimas presentan una denuncia o querella contra el funcionario.

Al Congreso le corresponde resolver los antejuicios contra funcionarios del Ejecutivo y del Judicial y a la Corte Suprema le corresponde resolver sobre los procesos de antejuicio de los diputados. El antejuicio es parte de la teoría de pesos y contrapesos de Montesquieu, también conocida como separación de poderes, que busca que el poder esté repartido.

Este procedimiento también está íntimamente ligado con la idea de República, concepto del cual considero cada vez nos alejamos más en este país, pero que se fundamenta en dos premisas: 1) imperio de la ley, y 2) igualdad ante la ley. El sistema de justicia en una República tiene que ser fuerte e independiente, para que no importando el cargo del funcionario, este pague por incumplir con el mandato que se le dio.

La denuncia que se presentó en contra del Presidente el día de ayer está por resolverse, primero la Corte Suprema de Justicia tiene que darle trámite y, posteriormente iniciaría el antejuicio en el Congreso, que es el competente para conocer. Considero que este caso es la prueba más difícil que ha tenido el Sistema de Seguridad y Justicia en el país últimamente.

Cuando leí la noticia por primera vez, inmediatamente me asusté y pensé: ¿qué haríamos si se otorga el antejuicio, se da lugar a un proceso penal, y el juez declara la suspensión del cargo del Presidente? Luego de pensar en la crisis por la que podría pasar el país, me acordé del caso belga, donde estuvieron un año sin Primer Ministro. Por supuesto, el caso es diferente pero, algo tiene en común y es que debemos creer en los demás poderes, creer que el sistema de justicia va a resolver esto y que prevalecerá el estado de derecho.

Si no lo creemos o si el sistema no responde, aceptemos que somos un Estado fallido y veamos qué hacer para cambiarlo. Espero que no sea así y que todos empecemos a recuperar la credibilidad a nuestras instituciones. Pero, cual sea el resultado es hora de aceptar que el sistema de seguridad y justicia no ha sido prioritario para ningún Gobierno y que lo debe ser, por el bien de todos, hasta del Presidente.