Empiezo ese día con los antecedentes penales; me sorprendo gratamente al ver una ordenada fila que primero pasa por la ventanilla de cualquiera de las dos agencias habilitadas especialmente para el efecto, y que al final de la fila, hay una docena de operarios, que diligentemente tramitan las solicitudes; para mi sorpresa, el trámite completo no demoró más de quince minutos. Una sonrisa aparece en mi rostro: a lo mejor esta vez será diferente. ¡Pobre iluso!
Me encamino a la Comisaría 13, en la colonia San Pedrito. Alguien me ha comentado que en ese lugar la entrega de los antecedentes policíacos era muy eficiente, no así en las otras comisarías, que estaban abarrotadas de personas.
Al llegar, enfrento el primer problema: el estacionamiento. Los lugares alrededor están tomados: bancos y botes de plástico obstruyen la acera, a menos que usted negocie un precio de estacionamiento con los “cuidadores” informales del lugar. Siempre que veo esto, me pregunto cuantas apropiaciones indebidas existen diariamente en nuestra ciudad sin que ya ni siquiera nos inmutamos: algunas veces son cuidadores de carros, algunas otras son empresarios de la construcción que al remodelar o construir una casa o edificio, se apropian igualmente de la acera, colocando material de construcción y láminas por doquier, aunque esto signifique miles de problemas a quienes tienen la mala suerte de caminar o circular por el lugar.
Al bajar de mi vehículo, me abordan numeras personas que me ofrecen el “recibo” del servicio: en la boleta impresa aparece el monto de Q15.00, pero el tramitador le ofrece la boleta pagada por Q20.00. “Es la comisión por el servicio”, me comentan. Con papeles en mano, descubro que en las afueras del edificio hay una larga fila de personas esperando en la calle: la susodicha “oficina” de atención es apenas una ventana que da a la avenida, y en medio de los barrotes, una persona sale de cuando en cuando a recibir la papelería de la gente que aguarda en la incomodidad de la acera.
Empiezan a pasar los minutos, y nada. Alrededor, las mismas personas que venden los recibos pagados a un precio mayor al oficial, ofrecen “agilizar” el trámite de los antecedentes en quince minutos. Dentro de mi cabeza me pregunto: ¿Cuánto tendría que pagar de más por qué respeten mí tiempo? La escena, de hecho, es muy común en muchas oficinas de atención al público: en el Ministerio de Finanzas, en la SAT, y en muchos otros lugares.
Una hora y cuarto después de arribar a la comisaría 13, finalmente me entregan mi papelería. Cansado de estar parado y de recibir sol, me retiro del lugar, no sin antes reflexionar sobre la compleja realidad que acabo de presenciar. ¿Cuántas economías familiares dependen de la aparente ineficiencia calculada de las instituciones públicas? ¿Cuántos empleados públicos se beneficiarán de comisiones o regalos que les darán los tramitadores para agilizar determinados trámites, mientras procesan de forma lenta y engorrosa el resto? Definitivamente, otro día más para el olvido.
Lamentablemente, demasiados intereses económicos en este país gravitan alrededor del burocratismo, la ineficiencia y los trámites engorrosos y poco claros: los ciudadanos sin influencias estamos atrapados en esa maraña de relaciones clientelares, decisiones discrecionales y burocratismo inducido, que nos obliga lentamente a caer en la tentación de seguir alimentando ese perverso sistema de tramitadores informales que viven de la pésima atención ciudadana y del tortuguismo institucional.
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