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Reglamentar la consulta obliga a consultar (5)
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Reglamentar la consulta obliga a consultar (5)

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Tipo de Nota: 
Opinión
14 04 18

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En Costa Rica se ha aprobado un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas con la participación de 22 de los 24 territorios indígenas, que consta de ocho pasos y que crea la figura de «instancia territorial», designada por la comunidad para coordinar la logística de las consultas que se realicen y la cual obliga a las instituciones del Gobierno a consultar a estas poblaciones cuando vaya a echar a andar cualquier proyecto en las comunidades.

El reconocimiento del derecho a la consulta y la obligación del Estado de realizarla son propios de sociedades democráticas. No consultar para medidas administrativas y legislativas es sinónimo de autoritarismo y de colonialismo.

En el fondo del asunto se juega la vida la sociedad. Son los pueblos indígenas los que han preservado la madre naturaleza y han luchado por ella en contra de las intenciones del gran capital, que en su búsqueda exacerbada de la ganancia explota, agota, contamina y mata todo resabio de vida (agua, flora, fauna, bosques, etcétera) sin otro beneficio que para sí mismo. La retórica del empleo, de los impuestos, de las regalías y del desarrollo oculta la cruda verdad de lo que ha pasado en pueblos como Chile, Bolivia y México, entre otros, que se debaten, igual que nosotros, en la pobreza y en la desigualdad en un ambiente totalmente deteriorado por los proyectos extractivos.

Lamentablemente, el racismo distorsiona el entendimiento de un grueso de la población que considera que estas luchas por la vida y sus acciones son sinónimo de atraso, propias de bochincheros y de gente que nada quiere. Hace falta tomar conciencia de que es el futuro de todos los guatemaltecos el que se está defendiendo contra las arremetidas del extractivismo, que ahora ya no solo se refiere a minerales, sino que también abarca la extracción de saberes, de identidades y de datos personales para el lucro de las grandes empresas.

Tomando como base datos del 2015, el total de los impuestos, de las regalías de ley y de regalías voluntarias (para el clientelismo y la manipulación) suma apenas 748 millones de quetzales [1], lo cual es insignificante en comparación con la cantidad de los minerales extraídos, que suman miles de millones de dólares. Según el Icefi [2], para el 2012 la producción minera fue de 7,300 millones de quetzales, frente a 717 millones en impuestos. En Guatemala, el entreguismo de las elites económicas y políticas es notorio: en Bolivia, los ingresos fiscales como porcentaje de la renta minera representan el 57.5 %, en tanto en Guatemala, según el Icefi, apenas llega al 12.2 %.

El descaro del extractivismo llega al colmo de que alinea a las autoridades de gobierno con las empresas mineras, y por eso no es rara la actitud del presidente del Banco de Guatemala [3], contraria a los estándares éticos y de transparencia que hoy asumen públicamente los empresarios de Guatemala Íntegra (como un mea culpa [4] ante su involucramiento histórico en la corrupción y en la impunidad) al defender oficiosamente a la mina San Rafael y asustar con una contracción del crecimiento del PIB, cuando datos oficiales demuestran la intrascendencia del aporte de esa empresa y del sector minero en general. No reconocen la violación de preceptos constitucionales al no consultar.

Dice el Icefi: «Si continúa la trayectoria actual, la minería de metales en Guatemala estará caracterizada por una presión incremental: poco espacio para la discusión, negociación y vinculación entre actores; aumento de denuncias de violaciones a los derechos humanos y, en particular, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, [y] poca capacidad de respuesta de un marco normativo incompleto, caracterizado por la fragilidad del marco legal e institucional en materia ambiental».

Con el próximo artículo finalizo esta serie acerca de las intenciones de reglamentar la consulta del Convenio 169. Corresponde analizar el rol del tercer actor, aparte del Estado y las empresas, que son los pueblos indígenas. Es obligatorio analizar la situación de los pueblos en esta hora crucial, en la que brilla por su ausencia la buena fe de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de consultar a los pueblos ante la reglamentación, próximo el vencimiento del plazo que la Corte de Constitucionalidad les impuso para ello y, de ajuste, estando en el Congreso una propuesta del diputado Oliverio Rodas, emanada de sectores conservadores prominería, que de aprobarse consolidará el colonialismo.

 


[1] Prensa Libre, 6 de abril de 2018, página 12.

[2] Icefi (2014). La actividad minera en Guatemala: realidad y desafíos frente a la democracia y el desarrollo. Guatemala.

[3] Prensa Libre, 12 de abril de 2018, página 14.

[4] Prensa Libre, 12 de abril de 2018, página 13.

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