Basta revisar los comentarios de la ciudadanía en los medios de comunicación para descubrir el rostro del enfrentamiento, del conflicto y la polarización que ya se ha vuelto el pan amargo y nuestro de cada día.
A las muchas voces que se escucharon clamando por un cambio de rumbo en una sociedad que parece encaminada al suicidio colectivo, se unió la voz recia y fuerte de quien la actual Constitución denomina el “representante” de la unidad nacional, el Presidente de la República. Su discurso en el día en que se celebraba un aniversario más de la Constitución fue claro y conciso: Guatemala necesita reformas constitucionales para superar la crisis institucional.
A partir de entonces, la prensa escrita, los analistas políticos y los medios de comunicación se han dedicado a opinar sobre una variedad de temas que apenas abordan el contenido de las reformas. Las ideas que se vierten más o menos, se ubican entre los siguientes razonamientos:
- Los pro y los contra de reformar la Constitución. Mientras algunos empiezan a levantar la voz de alarma para augurar malas intenciones en las propuestas de cambio que se discuten, otros plantean que no existen condiciones políticas para el cambio de la Constitución. Otros, simplemente opinan que para qué cambiar la Constitución, que mejor cambiar otros cuerpos legales de menor rango porque con ello alcanza. Sin ir muy lejos, este lunes 2 de julio, Mario Fuentes Destarac y Edgar Gutierrez, asesores del presidente en materia de reformas constitucionales, opinan sobre este tema.
- La discusión de algunos puntos en particular. En medio de la polémica si es conveniente reformar o no la Constitución, la discusión se centra solamente en algunos puntos como el del número de integrantes del Congreso, o la elección de los gobernadores, o la prohibición de la reelección Presidencial; sin embargo, la gran mayoría de las reformas ni siquiera se están analizando a profundidad.
En medio del limitado debate, dos elementos fundamentales están ausentes.
El cambio de la Constitución no es solo asunto de abogados y constitucionalistas, porque aunque es un cuerpo legal, es también la máxima expresión de lo que una sociedad quiere alcanzar, por lo que debe ser vista como el “Pacto de Fundación” de una sociedad, por sus implicaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas. En ese sentido, el debate del cambio de la Constitución NO DEBE SER ENTENDIDO como materia de discusión de expertos y abogados; la sociedad civil debe involucrarse y opinar.
Cada propuesta de reforma, por lo tanto, debe ser ampliamente debatida, y no utilizar el mecanismo de las reformas de 1993, ya que aprovechando el desprestigio del Congreso en la crisis de mayo de 1993, se introdujeron cambios perjudiciales a la Constitución[1] de 1985 que ni siquiera han sido adecuadamente ventilados en público, a 15 años de ocurrido aquel suceso.
Personalmente, pienso que la Constitución hay que cambiarla por una simple razón: no representa el sentir de nadie, excepto, quizá, de los expertos. En países desarrollados en los que existe un amplio consenso e identidad social arraigada, a nadie se le ocurre proponer cambios “express” a la Constitución, y mucho menos, permitir que tantas veces haya intentado ser violentada, especialmente con lo referido a la prohibición de reelección (articulo 186). Además, muchas propuestas pecan por parecer simples caprichos que están llamados a desviar la atención de los verdaderos cambios que deben ser propuestos en la Carta Magna o en otros cuerpos legales de menor o igual jerarquía, ¡¡como los cambios a Ley Electoral y de Partidos Políticos!!
El debate sobre la reforma Constitucional, por lo tanto, solamente refleja lo profunda que es la crisis en Guatemala, ya que únicamente nos habla de una sociedad que ya no tiene ninguna virtud que la convoque, ni ningún punto de partida sólido para provocar la unidad que no se vislumbra por ninguna parte.
Reformar la Constitución no es cuestión solo de los expertos, ni de los diputados, ni de las autoridades políticas de nuestro país: es una cuestión que nos atañe a todos.
[1] Solo para ejemplificar dos de esos cambios perjudiciales, la prohibición constitucional de otorgar más transferencias a las municipalidades que el situado Constitucional no sólo debilitó a las municipalidades, sino favoreció el endeudamiento de las comunas, a precio de mercado, ya que la fuente de financiamiento desde entonces son las instituciones privadas; todo un negocio del que nadie habla. Además, se debilitó la función pública al reducir el tiempo presidencial de 5 a 4 años, con lo que se acentuó la crisis institucional: los gobiernos apenas tienen tiempo de establecer sus respectivos planes de trabajo cuando ya deben de marcharse, a la espera de que el siguente proponga nuevas medidas que muchas veces hacen borrón y cuenta nueva de lo ejecutado por el anterior.
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