Eso mismo es lo que en México se concretó el 26 de febrero, cuando el Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos aprobó las reformas y adiciones a incisos de los Artículos 3º y 73 de su Constitución Política.
Una reforma, para que tenga trascendencia real, debe ser aprobada por las distintas fuerzas políticas que gestionan y administran un país. En el caso mexicano, si bien las minorías presentaron reservas y cuestionamientos, es innegable que el gobierno del recién llegado presidente Peña Nieto se esforzó y movilizó para lograr la amplia mayoría parlamentaria que le permitió aprobarla ágilmente. Buscar plasmar los cambios en la norma máxima mexicana muestra que el gobierno tiene un alto interés y compromiso con esa reforma, demostrando que no buscan algo “para mientras”, sino que esperan ir al fondo del asunto.
Las modificaciones a la Constitución contaron con el total apoyo de los tres partidos por ahora más importantes del país, los que si bien ya se diferencian muy poco en lo que a proyecto de país se refiere, aglutinan grupos de interes distintos que, evidentemente, no se consideraron afectados con la aprobación de dicha reforma.
Para obtener tal logro en tan corto tiempo es evidente que se realizaron amplios y profundos cabildeos y negociaciones políticas. Los del partido saliente consiguieron, por ejemplo, apoyos para reformas a las tasas impositivas que no habían logrado imponer en sus doce años de gobierno, tal el caso de los impuestos a los alimentos y medicinas.
Pero como en la política mexicana son necesarias también acciones de impacto que trasladen a los ciudadanos la sensación de que quien llegó al poder tiene toda la fuerza para lograr modificaciones, el mismo día en que se aprobó la reforma constitucional se detuvo a la Presidenta del Sindicato de maestros, haciendo gala de fuerza y con amplia difusión mediática.
La reforma centra su acción en los docentes, a quienes por lo visto se les considera principales responsables de los bajos logros en los aprendizajes de los estudiantes, por lo que a partir de ahora se les obliga a evaluaciones para el ingreso, promoción y ascensos, creándose para ello el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, responsable de todo un Sistema Nacional de Evaluación. La reforma es muy detallista en lo que al funcionamiento y organización del Instituto se refiere, lo que hace pensar que las expectativas para lograr los tan ansiados cambios están centradas en la evaluación y el Instituto que las realizará, lo que se corrobora al ver que en lo que se refiere a los otros aspectos que pueden incidir en la calidad de la educación apenas sí se hacen referencias generales.
Hasta dónde esta reforma conducirá al logro de la tan ansiada mejoría sustantiva de la educación y aprendizaje de los mexicanos es algo que tiene que analizarse más detenidamente, pero lo que sí es innegable es que para lograrlo las autoridades han decidido poner mucha atención y construir efectivos pactos políticos.
La propuesta de reforma no fue consultada con los sectores académicos mexicanos, de amplia producción en el tema, como tampoco fue consensuada con la sociedad civil, lo que es ya una de sus grandes debilidades pero, insistimos, contó con un amplio acuerdo político y esto la hace importante.
Sería valioso que la universidad privada que hoy orienta al MINEDUC le organizara un seminario, a puerta cerrada y sólo entre ellos para que no se sepa, de modo que puedan conocer a fondo las razones, procesos e implicaciones de la reforma educativa mexicana y, así, aprender un poco sobre cómo se deben hacer las reformas educativas cuando se tiene la intención de que sean serias.
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