Se han registrado reacciones por parte de sectores que han expresado abiertamente su apoyo o su rechazo al proyecto presentado por el gobierno del Partido Patriota. Entre estas, llama la atención el comunicado público del sector privado vinculado a las industrias extractivas (GREMIEXT), en el cual se compara a Guatemala con países del bloque bolivariano, advirtiendo de una pretendida intención de nacionalizar esta industria, a través de la reforma que aumentaría el margen de la participación del Estado en empresas que realizan la explotación de recursos naturales, hasta un 40%.
El lenguaje del comunicado refleja la paranoia, que flota en los círculos del sector privado en toda América Latina, desde la nacionalización de YPF en Argentina. Entre otros puntos, la GREMIEXT exige que la reforma en mención sea retirada “de inmediato” del proyecto presentado por el Ejecutivo. El comunicado puede ser considerado como el resultado del nerviosismo de inversionistas actuales y futuros de actividades mineras en Guatemala, que vieron cómo sus cotizaciones en las bolsas fueron a la baja durante la semana que acaba.
Como suele suceder, cuando los mercados se encuentran intranquilos, los inversores consiguieron ser atendidos prioritariamente, sobre los otros problemas de la nación, por el Presidente de la República para calmar sus inquietudes. La información de prensa da cuenta que el gobierno presentó varias aclaraciones a fin de garantizar que la nacionalización está más allá de sus intenciones, y que lo que se busca es fortalecer la certeza jurídica. Sin duda, para el gobierno de Guatemala, esta reacción del sector privado, comparando al presidente Pérez Molina, líder de un partido de derecha, con los mandatarios del bloque bolivariano, no estaba programada en su guión.
Lo cierto es que la reforma constitucional ha sido una de las herramientas utilizadas justamente por Venezuela, Ecuador y Bolivia, para dar inicio a sus programas de revolución ciudadana, y de implementación del socialismo del siglo XXI. La llegada al poder de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, fue seguida de la convocatoria a asambleas constituyentes, que plasmaron las transformaciones que el proyecto político requería. De esta forma, las constituciones de los países bolivarianos contienen capítulos generalmente muy bien elaborados en materia de derechos y garantías, y desarrollos coherentes con sus necesidades políticas en cuanto la estructura del Estado y la economía. El producto de las asambleas constituyentes fue sometido a las urnas, consiguiendo apoyos mayoritarios en todos los países.
En estos países, la participación del Estado en las empresas que realizan actividades extractivas efectivamente ha aumentado, y en ningún caso, la inversión extranjera ha huido. Más bien, el efecto ha sido el contrario. Como un ejemplo, se puede citar el caso ecuatoriano. La inversión de China ha aumentado exponencialmente en el sector minero. El cambio de las reglas de juego ha fortalecido los recursos estatales y no ha resultado en ninguna privatización – o al menos no todavía. De la misma forma, el contar con un marco de garantías constitucionales muy avanzado, tampoco ha servido para que quienes se oponen a la minería puedan evitar que autoridades estatales y compañías mineras actúen tomados de la mano para imponer sus proyectos a las comunidades.
El debate sobre las reformas constitucionales apenas está empezando. Es previsible que varios sectores decidan aprovechar la oportunidad de incluir otros temas, que irán más allá de la propuesta del Ejecutivo. En todo caso, sería conveniente no perder de vista este debate sobre la minería, pues de la misma forma que se habla de las regalías del Estado, podrían incluirse un capítulo más elaborado sobre los derechos de los pueblos indígenas que incluya las consultas previas.
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