¿Es un momento extraordinario de aval político generalizado para quien desea reformar? ¿La reforma es lo suficientemente novedosa y necesaria como para que valga la pena hacerla?
Ni siquiera entre los constitucionalistas podemos encontrar una única respuesta para estas interrogantes. Sin embargo, leyendo un artículo de Gargarella y Courtis contenido en el libro Sentido de pertenencia en sociedades fragmentadas (Siglo XXI Editores, 2011), me atrevo a decir que el primer paso para una reforma constitucional exitosa, debe permitir terminar con la marginación política, económica y social de los pueblos indígenas. ¡Es que debemos plantear el futuro dejando atrás las actuales relaciones casi feudales entre las élites, los ciudadanos y el Estado!
En ese sentido, la nueva Constitución boliviana establece cuotas de parlamentarios indígenas; la justicia indígena ordinaria se sitúa al mismo nivel que la justicia ordinaria; parte de los miembros del Tribunal Constitucional son escogidos conforme el sistema indígena; se establece un modelo económico-social comunitario basado en la cosmovisión indígena y se otorgan derechos a la tierra comunitaria e indígena, entre otros elementos. Otro ejemplo sobre innovación y rechazo a la visión elitista tradicional, lo constituye la Constitución del Ecuador que afirma la búsqueda de «una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y en armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay».
Los cambios constitucionales también han permitido dar jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos (Argentina), así como declarar expresamente derechos de grupos sociales vulnerables como niños, jóvenes o personas con capacidades diferentes (Bolivia y Ecuador). La Constitución brasileña declara como derechos de «orden social», la salud, la educación, la comunicación social y el medio ambiente, entre otros. Toda esta incorporación de derechos, aunque parezca una lista de buenas intenciones, en la realidad, ha permitido la “justiciabilidad” de los derechos de grupos tradicionalmente marginados.
En cuanto a la propiedad de los recursos naturales y, puntualmente, el rol de los Estados en el ámbito económico, los cambios constitucionales recientes han afirmado que los recursos naturales renovables y no renovables forman parte del patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado (Ecuador); en la Constitución peruana, el Estado es el soberano en su aprovechamiento, mientras en Bolivia, no solamente se afirma esta propiedad estatal, sino que también se prohíbe el latifundio.
También hay que advertir que muchas de las nuevas Constituciones abrieron la posibilidad de la reelección inmediata del presidente en ejercicio. De acuerdo con los versados, las Constituciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela aumentaron los poderes del presidente, pero también crearon espacios para moderarlo.
El mejor ejemplo quizá sea el ecuatoriano, en donde la Constitución estableció el procedimiento de «muerte cruzada» entre el presidente y el Parlamento, con lo cual el Organismo Legislativo puede hacer un juicio político al presidente por delitos tales como peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura o desaparición forzada, entre otros. Para su destitución se requiere el voto de las dos terceras partes del Parlamento y, después de siete días de publicada oficialmente la destitución, el tribunal electoral debe convocar a elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso. El presidente también puede disolver al Legislativo cuando considere que este se ha arrogado funciones que no le competen y en caso de obstrucción reiterada e injustificada del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política. La disolución de la Asamblea también obliga a elecciones anticipadas para los dos organismos del Estado.
Bueno, ¿reformar por reformar? ¡No! A la luz de las recientes experiencias latinoamericanas, la propuesta oficial de reformas no cuenta ni con los ingredientes que permitirían allanar el camino para la consolidación democrática y el desarrollo, ni con el respaldo político de la sociedad. El colmo sería que la bancada oficial agregue la reelección presidencial.
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