«La universidad es como un mini-Estado» es una frase popular en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lamentablemente, la única universidad pública, con el mandato constitucional de plantear soluciones a los problemas nacionales, lo ha reproducido en sus propios recintos y relaciones sociales. Como máxima casa de estudios superiores, la generación de conocimiento sobre sí misma debe partir de un pensamiento crítico, y no de un pensamiento dogmático, añorando glorias del pasado.
La USAC se rige por un modelo que tiene origen en el reconocimiento de su autonomía en 1945 y en su Ley Orgánica de 1947. Esta fija sus generalidades, sus fines y su gobierno universitario. Sin embargo, cuando alguien propone cambios, esa normativa legal se utiliza como un escudo que esconde un modelo caduco de gobierno, de enseñanza, de investigación y de extensión universitaria. El ejercicio de la autonomía universitaria como herramienta para repensar la universidad y actualizarse de forma constante ha sido dejado de lado por sectores cómodos en sus privilegios fruto de un sistema del siglo anterior, los cuales han evadido la responsabilidad de los cambios necesarios pese a que tienen la facultad de hacerlos e incluso de proponer reformas legales a través de la iniciativa de ley que tiene la USAC.
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A pesar de lo anterior, han existido movimientos estudiantiles, sindicales y docentes que han buscado cambios en la universidad. En 1970 se iniciaron cuatro procesos para intentar reformar el quehacer universitario. Desde el importante legado de la generación de 1989 hasta el proceso de reforma de 1996 (en el cual el Consejo Superior Universitario únicamente aprobó 7 de las 63 reformas propuestas) son antecedentes directos de las iniciativas reformistas de la última década. En 2010, más por accidente que por intención, se acordó el inicio de un proceso para una reforma universitaria, pero esta se fue diluyendo en procesos burocráticos, en la falta de socialización y de educación respecto a que se trataba de un movimiento reformista universitario y en el desprestigio de pseudoestudiantes que, siendo representantes estudiantiles, se vendieron por plazas de trabajo en la entidad que pretendían cambiar.
Ahora, en 2019, se ha abierto una nueva oportunidad que espero que sea la definitiva. Existen grupos que no están dispuestos a perder sus privilegios y su comodidad viviendo de un sistema agotado. En los últimos años, la USAC ha visitado repetidamente el consultorio con síntomas graves: mediocridad docente, clientelismo político, ausencia de diálogo, autoritarismos, financiamiento ilícito de campañas, cuerpos clandestinos de seguridad, machismo, intolerancia, homofobia, discriminación, individualismo… ¿Con qué autoridad podemos plantear soluciones a los problemas sociales cuando se permitió que estos entraran y se hicieran propios? Por eso es fundamental una reforma universitaria profunda, de sentido común y de ideas claras, que transforme el modelo educativo, de investigación y de extensión con un enfoque humano y que sea acorde con la sociedad que aspiramos a construir.
Que la universidad sea un verdadero antídoto contra la falta de valores, el resentimiento, la incertidumbre y la desesperanza de la sociedad guatemalteca, un lugar de generación de nuevos saberes y avances en derechos humanos, un lugar donde los intolerantes que construyen desde el odio no tengan cabida y vivamos una real democracia de respeto de las diferencias. Quizá sea la última oportunidad de repensar la USAC y de encontrar la receta que nos permita construir una universidad para el siglo XXI.
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