Además de una conferencia de prensa, la presentó a la cúpula empresarial, la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, el grupo de economistas “G-40”, editores y jefes de redacción de medios de comunicación, entre otros.
Conjuntamente, la propuesta denominada “Pacto fiscal para el cambio” y la “ley antievasión 2” (Decreto No. 4-2012 del Congreso de la República), coinciden en gran medida con el componente tributario de la propuesta que en 2008 presentó el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF, la última comisión del pacto fiscal). Con estos dos pasos, el presidente Pérez se acerca a cumplir una de sus promesas de campaña, además de atender las recomendaciones de instancias como el G-40.
Sin embargo, como lo advertimos varios miembros del G-40, aunque en términos generales el grado de coincidencia entre las dos propuestas es muy alto, deben revisarse algunas discrepancias de fondo. Quizá la más importante es el desequilibrio de gravar a los trabajadores asalariados más severamente (con una tasa marginal de 10%, arriba del 7% propuesto por el GPDF), que a los accionistas que reciben dividendos de las empresas (5%, la menor de las tasas propuestas por el GPDF). Si han de gravar a los trabajadores con el 10%, pues lo justo es que los dividendos que reciben los capitalistas nacionales paguen también el 10% (de hecho, los dividendos remesados al exterior sí pagan ese porcentaje).
Hace falta además que el gobierno mantenga el carácter integral de la propuesta del GPDF. Para esto, debe implementar los otros componentes de esa propuesta, especialmente el de transparencia y calidad del gasto público. Sobre estos temas, el G-40 elaboró una adenda con recomendaciones específicas de corto, mediano y largo plazo.
Pero repito, en términos generales lo presentado la semana pasada sigue el fundamento y espíritu de la reforma fiscal integral propuesta por el GPDF. Es entonces una reforma en la dirección correcta, lo cual constituye una decisión y acción acertada, además de una demostración de madurez política e interés por hacer bien las cosas. Es entender que la del GPDF es una propuesta de beneficio nacional, y no la del gobierno anterior.
Estas acciones en la dirección correcta contrastan con lo que advertí la semana pasada en cuanto al riesgo de opacidad y conflicto de intereses. Por un lado, felicito al ministro Francisco Arredondo por haber declarado públicamente su compromiso para que sus empresas no actúen como proveedoras del Estado, desvaneciendo así el riesgo de conflicto de intereses.
Pero por otro, decenas de concursos por compra directa de medicamentos, material médico quirúrgico, alimentos, combustibles, servicios, etc., sí fueron adjudicados, pese a existir contratos abiertos vigentes. Esta acción no sólo es ilegal (viola la literal “l” del artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado), sino que además propagó uno de los principales focos de opacidad y mala calidad del gasto público.
Estamos en un momento crítico para lograr, por fin, mejoras a nuestra política fiscal, luego de décadas de atrasos y retrocesos. Las propuestas no son perfectas o suficientes, ya que requieren acciones adicionales y complementarias. Pero como he indicado, son avances en la dirección correcta.
Por su parte, el sector privado organizado, que en el pasado ha bloqueado o se ha opuesto sistemáticamente a la reforma fiscal, hoy reconoce la posibilidad de un acuerdo para aprobarla.
Hace falta quizá lo más importante: usted y yo. Todos integrando una ciudadanía crítica, bien informada y que participe activamente. Pero sobre todo, una ciudadanía responsable que ejerza sus derechos, exija al gobierno y cumpla sus obligaciones.
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