Reforma fiscal

En esa lógica, igualmente, la inversión social no es vista como tal, sino como gasto. Y según ese esquema, que desde hace al menos tres décadas viene marcando el ritmo de nuestras sociedades, los Estados deben estar reducidos a su mínima expresión y dejar todo al cuidado de la mano invisible del sacrosanto mercado.

Esas políticas son una de las causas del Estado raquítico que tenemos. La otra, quizá la fundamental, una historia, heredada de la época colonial, en la cual el Estado nunca ha sido un real dinamizador de la vida social, sino un eterno ausente o un auténtico problema para las grandes mayorías.

¿Por qué problema? Porque repitió a nivel nacional el modelo de la finca que caracteriza nuestra economía. Es decir, se centró en la defensa de los privilegios de la élite dominante y olvidó las necesidades de la población. Siempre ha estado de espaldas a ella y preocupada solo por los negocios de una oligarquía agroexportadora que obtenía sus ganancias de la inmisericorde explotación de una mano de obra sumamente barata, olvidada y mantenida exprofeso en la ignorancia. El Estado nacional ha sido y sigue siendo el garante de esa situación. Cuando algo de ello se intentó cambiar desde el mismo Estado durante los años de la primavera democrática o luego con la iniciativa de grupos armados que levantaron una propuesta de izquierda y ayudaron a organizar a la población, la represión llegó furibunda. Fue el mismo Estado el que reprimió, lo cual demuestra que cuando quiere ser efectivo lo es.

El Estado actual no funciona. O, aclarémoslo, no funciona para las grandes mayorías. No existen servicios públicos de calidad o simplemente ningún servicio. Salud y educación están siempre en déficit, colapsadas. La infraestructura básica no funciona. La seguridad es una eterna agenda pendiente. La participación ciudadana es decorativa. ¿Por qué no funciona el Estado? ¡Porque no tiene un centavo!

Los Estados viven fundamentalmente de los impuestos que recaudan. En Latinoamérica, la media de ese ingreso fiscal representa alrededor del 20 % del producto interno bruto (PIB). En algunos países del Norte (escandinavos en Europa, por ejemplo, o Canadá), ese porcentaje supera el 50 %. Es decir, de toda la riqueza nacional, la mitad queda en el fisco para brindar servicios de calidad. Esos Estados sí son funcionales y aportan soluciones a las poblaciones sin llegar a ser socialistas. Simplemente recaudan bastante. Nuestro Estado es tan deficiente porque casi no recauda nada.

Guatemala es el segundo país en Latinoamérica, detrás de Haití, en recaudación impositiva. La carga tributaria ni siquiera llega al 10 % del PIB, siendo que en los acuerdos de paz —¡jamás cumplidos!— se fijaba un piso mínimo del 12 % para luego ir subiéndolo gradualmente. ¿Por qué tan poca recaudación en impuestos? Porque los que más deberían pagar no pagan.

Quien más paga es el contribuyente menor, el que está leyendo este texto, el ciudadano común, de a pie, que seguramente no será un gran terrateniente, un poderoso empresario o un acaudalado banquero. Dicho de otro modo, quien menos patrimonio tiene es, proporcionalmente, quien más paga. Y paga a través de un impuesto como el IVA, del que nadie puede escaparse. Por el contrario, quien más riqueza tiene es el que menos paga. La evasión fiscal es una vieja práctica. Para eso existe una larga lista de mecanismos, entre los cuales las fundaciones son uno.

Nuestro Estado es muy deficiente, pero no por la corrupción. Esta es injustificable, por supuesto, pero no está allí la verdadera razón del problema. La pobreza crónica de la población y la ineficiencia del Estado que no puede —ni quiere— resolverla no tiene que ver con una mafia que asaltó el poder para robar: es una cuestión estructural e histórica. Definitivamente es imprescindible una reforma fiscal que logre recaudar fondos para que el Estado funcione. Y no hay otra alternativa —aunque sean los primeros en protestar—: los que más tienen son quienes más deben pagar.