“Es la seguridad” el tema a debatir en estas elecciones, repiten políticos, analistas, periodistas y empresarios, seguros de haber encontrado el problema obvio de Guatemala, del que deriva el resto de males del país. Nos parece que no lo es. Hay cuestiones estructurales de nuestro sistema político y económico que deben ser atajadas y reformadas para poder incidir en la sociedad para disminuir los niveles de frustración y violencia, y para tener un futuro más armónico y feliz.
Dos de estos problemas estructurales en Guatemala y Centroamérica son el fiscal y el financiero. El fiscal lo hemos abordado desde esta tribuna y el financiero lo empezamos a analizar con la investigación Bienaventurados los bancos..., que presentamos la semana pasada en nuestras páginas noticiosas.
La crisis financiera de 2008-2009 ha dado la oportunidad a muchos ciudadanos de varios países de Occidente –Europa y Estados Unidos– a cuestionar su sistema financiero y bancario, inequitativo y sumamente rentable para los directivos y los dueños pero no para los ciudadanos. Los casos de España e Islandia son paradigmáticos por las respuestas que se dieron desde el Estado: la primera en beneficio de los bancos y la especulación en los mercados y la segunda en beneficio de los ciudadanos.
En Guatemala no hemos tenido una crisis bancaria por el conservadurismo reciente de nuestras empresas financieras, poco dadas a invertir en productos derivativos en el mercado estadounidense, y porque los bancos tampoco han sentido una crisis gracias al negocio de la deuda pública interna por medio de la cual el Estado les ha hecho tener ganancias de más de Q2,175 millones este año en concepto de intereses.
Al ciudadano o el empresario de a pie le costaría percibir una crisis bancaria guatemalteca porque nunca ha podido contar con un sistema bancario eficaz y proactivo. Es común la idea de que para obtener un préstamo en un banco guatemalteco –a tasas de interés elevadísimas para los promedios latinoamericanos–, el cliente debe demostrar que tiene activos que harían pensar que en realidad no necesita el préstamo.
Las democracias vigorosas necesitan de ciudadanos empoderados tanto en el ejercicio de sus derechos políticos como de sus derechos económicos, y para los segundos necesitan bienes públicos (como educación y salud universales, gratuitas y de calidad) y posibilidades económicas, que no se reducen a la infraestructura para las grandes empresas, sino que al acceso al crédito, al capital, para poder emprender pequeños negocios, para hacer crecer a esos pequeños negocios y para democratizar no sólo el acceso al dinero para emprendedores sino el riesgo de construir oportunidades y futuro.
Es un discurso muy hipócrita el de muchos empresarios grandes, partidos conservadores y libertarios cuando hablan de reactivar la economía reduciendo los impuestos, cuando esta medida no provoca el crecimiento económico sostenido para la gran mayoría de empresas y ciudadanos, y cuando hay cuestiones estructurales como el elevadísimo spread y las elevadísimas tasas para pedir un préstamo bancario, que sí podrían hacer una diferencia en el día a día de los guatemaltecos. El spread es la diferencia entre la tasa de interés que paga el banco a los ciudadanos por guardarles el dinero –casi nula o negativa en algunos casos– y lo que les cobra por prestarles dinero –diferencia a veces de hasta 20 puntos, que no sólo es usurera sino inmoral–.
Como escribió esta semana en su columna Pablo Franky, el sistema bancario reportó utilidades de Q834 millones entre enero y marzo de 2011. Así que perfectamente está en posibilidades de revisar ese spread bancario, o de aportar más al fisco en impuestos cuando es uno de los grandes beneficiarios del Estado, pero esto se logra únicamente con presión pública.
La reforma profunda del sistema financiero, incluidas las reglas que provocaron los principales bancos de prohibir los préstamos del Banco de Guatemala al Estado para controlar la inflación y para acaparar los réditos de las utilidades por prestar ese dinero, debe ponerse en la mesa del debate nacional.
Y ese debería ser un tema de discusión que promuevan tanto los políticos como los medios de comunicación, que con frecuencia olvidamos que nuestros verdaderos patrones no son los bancos, sino nuestros lectores y lectoras.
