La declaración final de este evento incluye 23 puntos, entre los que destaca el apoyo a Argentina en su reclamo de las Malvinas, conflicto que fue declarado de interés hemisférico – la resolución final sobre este punto no fue apoyada por Canadá, ni por los Estados Unidos. Asimismo, la declaración incluye puntos relativos a la participación de las Fuerzas Armadas de la región en misiones internacionales de paz, el apoyo para mitigar los efectos de los desastres naturales, y ampliar la difusión del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en la doctrina, formación, entrenamiento y principios operacionales.
La declaración final de este evento incluye 23 puntos, entre los que destaca el apoyo a Argentina en su reclamo de las Malvinas, conflicto que fue declarado de interés hemisférico – la resolución final sobre este punto no fue apoyada por Canadá, ni por los Estados Unidos. Asimismo, la declaración incluye puntos relativos a la participación de las Fuerzas Armadas de la región en misiones internacionales de paz, el apoyo para mitigar los efectos de los desastres naturales, y ampliar la difusión del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en la doctrina, formación, entrenamiento y principios operacionales.
La conferencia, que se celebra en el marco de los espacios de la OEA, paso prácticamente inadvertida para los medios, y en apariencia, inclusive para las organizaciones que trabajan en materia de seguridad y defensa en América Central. Sin embargo, parece importante no perder de vista sus resoluciones, que van en la ruta trazada hace ya más de diez años, cuando el proceso de elaboración de las políticas de defensa se extendió por toda la región, en medio de la guerra contra el terror de la administración Bush.
La discusión pública de las políticas de defensa −y de las doctrinas militares−, parecía abrir una nueva época en la cual, la participación de especialistas civiles permitiría incorporar valores democráticos y elementos de derechos humanos en el accionar de las instituciones castrenses. Este proceso se completó en casi toda la región, entre 2002 y 2005, en ejercicios de discusión pública, con una importante participación de civiles.
De esta forma, no parecía lejana la posibilidad de abolir la jurisdicción militar, nombrar ministros de defensa civiles, y de discutir el presupuesto de defensa, con base a una apreciación de las amenazas y riesgos emergentes en cada contexto nacional. Así se empezaba a dibujar la posibilidad de contar con fuerzas militares altamente especializadas, bien equipadas y de tamaño reducido, sujetas al poder civil, y ajenas al ámbito político.
Sin embargo, este entusiasmo se fue diluyendo, y en pocos casos se han producido ejercicios de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas trazadas, así como de los cambios y las transformaciones en los contextos regionales.
El tema sigue teniendo gran importancia. Hemos sido testigos del creciente rol de las Fuerzas Armadas de la región en materia de seguridad pública, superando los postulados de temporalidad, sujeción a mando civil y excepcionalidad, con extremos que aún deben ser esclarecidos, como en el caso de la guerra contra las drogas del sexenio Calderón en México, en el cual el ejército mexicano se habría visto involucrado en múltiples violaciones a los derechos humanos. En el caso colombiano, en el contexto del conflicto armado interno se reveló la aberración de los falsos positivos. En Ecuador, múltiples casos de muertes de soldados y reclutas en “ceremonias” de iniciación, esperan aún ser juzgadas por la justicia.
Lo cierto es que la presencia de civiles especialistas en defensa sigue siendo una importante necesidad en estos ámbitos. Y estos especialistas son cada vez más escasos.
Sin embargo, parece importante no perder de vista sus resoluciones, que van en la ruta trazada hace ya más de diez años, cuando el proceso de elaboración de las políticas de defensa se extendió por toda la región, en medio de la guerra contra el terror de la administración Bush.
La discusión pública de las políticas de defensa −y de las doctrinas militares−, parecía abrir una nueva época en la cual, la participación de especialistas civiles permitiría incorporar valores democráticos y elementos de derechos humanos en el accionar de las instituciones castrenses. Este proceso se completó en casi toda la región, entre 2002 y 2005, en ejercicios de discusión pública, con una importante participación de civiles.
De esta forma, no parecía lejana la posibilidad de abolir la jurisdicción militar, nombrar ministros de defensa civiles, y de discutir el presupuesto de defensa, con base a una apreciación de las amenazas y riesgos emergentes en cada contexto nacional. Así se empezaba a dibujar la posibilidad de contar con fuerzas militares altamente especializadas, bien equipadas y de tamaño reducido, sujetas al poder civil, y ajenas al ámbito político.
Sin embargo, este entusiasmo se fue diluyendo, y en pocos casos se han producido ejercicios de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas trazadas, así como de los cambios y las transformaciones en los contextos regionales.
El tema sigue teniendo gran importancia. Hemos sido testigos del creciente rol de las Fuerzas Armadas de la región en materia de seguridad pública, superando los postulados de temporalidad, sujeción a mando civil y excepcionalidad, con extremos que aún deben ser esclarecidos, como en el caso de la guerra contra las drogas del sexenio Calderón en México, en el cual el ejército mexicano se habría visto involucrado en múltiples violaciones a los derechos humanos. En el caso colombiano, en el contexto del conflicto armado interno se reveló la aberración de los falsos positivos. En Ecuador, múltiples casos de muertes de soldados y reclutas en “ceremonias” de iniciación, esperan aún ser juzgadas por la justicia.
Lo cierto es que la presencia de civiles especialistas en defensa sigue siendo una importante necesidad en estos ámbitos. Y estos especialistas son cada vez más escasos.
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