Este rumbo impreso a la democratización ha traído como resultado el rezago en el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, como la integración y cohesión social, la promoción del desarrollo y el bienestar común, el ordenamiento de la sociedad dentro de la diversidad y el conflicto, la garantía del régimen de legalidad y la representación de sus ciudadanos.
Como consecuencia de este rezago no se logró avanzar en la resolución de los problemas y las contradicciones que dieron origen al llamado conflicto armado interno. Guatemala es evaluada de forma negativa desde casi todos los enfoques de análisis del desarrollo, el progreso o la democratización. Se constata que el Estado de Guatemala es débil en cuanto a cumplir sus funciones primordiales, con una alta percepción de falta de transparencia, altos índices de desigualdad y pobreza y uno de los más bajos índices de desarrollo humano de la región.
La pobreza en sus distintas dimensiones constriñe las capacidades de amplias mayorías de la población, a las que vulnera y cuyo futuro compromete desde la niñez. Como consecuencia del racismo estructural que permea todas las esferas de la sociedad, los pueblos indígenas siguen sufriendo marginación y desatención de sus demandas fundamentales, principalmente atinentes al respeto de su ambiente, su cultura y sus formas de vida. El crecimiento de la economía ha resultado ser magro e inflexiblemente sostenido y excluyente, de manera que deja fuera a cerca del 70% de la población ocupada, que subsiste en la informalidad.
Las esperanzas puestas en los acuerdos de paz poco a poco fueron sucumbiendo ante la emergencia de los efectos de la desestructuración de la que fue objeto el Estado como parte del auge de las políticas de liberalización. Débil e inoperante, el Estado no se interesó en garantizar la prestación universal de servicios básicos que generarían ciclos virtuosos de desarrollo humano y se convirtió en el locus idóneo para negocios corruptos, con importantes funciones públicas privatizadas, profundas distorsiones en los mercados y una estructura permeable por el crimen organizado.
Cuando se pensaba que todo estaba perdido y lo único capaz de sorprender era constatar que el abismo era más profundo, cuando pensábamos que ya habíamos tocado fondo, las jornadas de 2015 dieron nuevas esperanzas, nuevas generaciones dispuestas a demandar y trabajar por establecer mejores relaciones humanas y preguntándose por dónde hay que comenzar a empujar la nave.
Pero eso fue solo el comienzo. La deliberación comenzó con gritos y justa indignación. Ahora es necesario el replanteamiento del Estado para que se legitime cumpliendo con sus funciones. Para eso es necesario procurar cambios profundos que socaven de una buena manera las prácticas nefastas que no permiten ejercer el poder público. Debemos construir Estado. Para ello hay que empezar por reformar los mecanismos de representación democrática, incluyendo las propuestas de los pueblos indígenas y de las mujeres, además de dignificar el servicio civil y promover la transparencia y la anticorrupción. Son estos los elementos primarios para una reforma a profundidad.
No permitamos que la ciudad vuelva a dormir. Este es un proceso de largo plazo que apenas comenzó. La capacidad existe. Una parte de la ciudadanía ha despertado mientras otra estaba despierta hace mucho tiempo. ¿Podremos articularnos? ¡No dejemos que se desperdicie el momento político! Existen ya consensos mínimos que necesitamos ampliar y profundizar.
Gustavo Arriola Quan es consultor en métrica y teoría del desarrollo humano y en problemáticas del bienestar y la pobreza (motu proprio).
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