Entre ellos, las decisiones que debe tomar el Congreso en cuanto a varias iniciativas de ley en materia fiscal. Como he manifestado, de no aprobar urgentemente estas medidas la crisis por la que atraviesan las finanzas públicas planteará un escenario fiscal de pesadilla para el ganador de las elecciones.
He señalado que quien prometa que en 2012 manejará las finanzas públicas sin deuda pública adicional está mintiendo o ignora la realidad. El proyecto de presupuesto que el Ejecutivo trasladó al Congreso el pasado viernes 2 de septiembre lo confirma: se propone endeudamiento público nuevo para 2012 de Q7,500 millones de bonos del Tesoro (deuda interna), y más de Q2,400 millones de préstamos externos.
Con este nivel de endeudamiento en el proyecto de presupuesto se sostiene el esfuerzo en el gasto social, pero la inversión pública en infraestructura se desploma estrepitosamente (con reducción de 59% como porcentaje del producto interno bruto). Es un presupuesto consistente con una carga tributaria que sigue por los suelos y que, para lograr el funcionamiento mínimo del Estado, recurre a altos niveles de endeudamiento. Es un presupuesto que causa alarma en cuanto la insostenibilidad en el tiempo de la política fiscal: con los recursos disponibles, impuestos y deuda, y sin reforma fiscal integral, ya no se pueden hacer más obras de inversión pública.
En repetidas ocasiones se ha escuchado que las decisiones en el Congreso se postergan hasta después del 11 de septiembre. Bien, ese tiempo ya llegó. Se conocerá quiénes se van, se quedan o llegarán por primera vez al Congreso, lo que generará en los próximos meses negociaciones intensas y, algo muy preocupante, no necesariamente transparentes o libres de costos ocultos.
Las finanzas públicas que encuentre el nuevo Ejecutivo dependen críticamente del resultado de esas negociaciones en el Congreso.
Primero, está por verse si los candidatos presidenciales que lleguen a la segunda vuelta logran que sus bancadas actuales en el Congreso, incluyendo a los diputados que no se reelegirán, aprueban el proyecto de presupuesto. Si lo logran, tendrán un presupuesto con un escenario casi de calamidad en cuanto a la inversión pública.
Si no lo logran, la Constitución dice que se mantienen las asignaciones de gasto de este 2011 para la inversión, pero no los recursos para financiarla: los bonos del Tesoro para 2012 debe aprobarlos el Congreso, aun cuando en 2012 siga vigente el presupuesto de 2011. Un “pero” nada despreciable, si se toma en cuenta que para 2012 se recomendaron Q7,500 millones de bonos (para 2011 ascienden a Q5,681 millones), los cuales al no ser aprobados en este 2011, el nuevo gobierno deberá negociar en los primeros meses de 2012.
Si quien gane en segunda vuelta no logra la lealtad y efectividad de su bancada actual en el Congreso, entonces sufrirá una negociación difícil y, sobre todo, muy onerosa para lograr el presupuesto (hasta el 30 de noviembre de 2011), o los bonos. Este es el primer capítulo de su pesadilla fiscal.
Pero, ojo, eso en nada es una solución integral: es más deuda pública para cubrir gastos de funcionamiento (incluyendo el importantísimo e irrenunciable gasto social). Si quiere que el inicio de gobierno no sea de pesadilla, debe luego lograr que “su” bancada sea leal y efectiva para la aprobación de la ley antievasión 2 y una reforma fiscal integral.
Por mandato constitucional, el epicentro de las decisiones en la política fiscal está en el Congreso (presupuesto, deuda e impuestos).
Entonces, en realidad estamos en la recta final para saber con qué Congreso cuenta el ganador de la segunda vuelta. Para hacernos una idea de cuán costosa (diga usted, lector, a qué costo me refiero) le resultará al nuevo gobierno la aprobación de las medidas fiscales que con desesperación y urgencia, sin duda, necesitará para sobrevivir el arranque de su gestión.
ricardobarrientos2006@yahoo.com
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