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Plaza (Plaza Pública en papel) Lo que no sabías que querías saber, pero ahora te es urgente preguntarlo

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Plaza?

Plaza es el periodismo de Plaza Pública en papel. ¿Un libro? ¿Una revista? Plaza es un objeto hermoso para leer y coleccionar. Una revista de gran formato –tamaño carta, de aproximadamente 200 páginas cada número-, con el cuidado diseño de Workaholic People, que se publicará tres veces al año. Cada edición tendrá su propia personalidad: podrán ser números monográficos o ecléctico, se reproducirán temas publicados en la plataforma digital, y se buscará lanzar temas aún inéditos en la web que aporten nuevas miradas sobre las líneas temáticas de PzP. En Plaza se busca rescatar textos que por su calidad narrativa merecen ser leídos apaciblemente, o que por su impacto y trascendencia es importante que encuentren la permanencia del papel. Plaza busca satisfacer al sibarita de la lectura pausada, alejada del ruido del internet, brindar la satisfacción al coleccionista –de fotos, de textos, de libros-, saciar al que se interesa por tener explicaciones profundas sobre Guatemala. Plaza es una coquetería para la mesa del café y una bella compañía para las tardes de sillón o de hamaca.

¿Qué es Plaza Pública?

Plaza Pública (PzP) es un medio en internet de periodismo de profundidad, análisis, investigaciones y debates, radicado en la capital de Guatemala. Fue fundado el 22 de febrero de 2011 por la Universidad Rafael Landívar y reivindica los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la búsqueda de la verdad. Se enfoca en las causas y efectos de la desigualdad, la inequidad y las dinámicas que atentan contra la dignidad de las personas. Es un medio sin ánimo de lucro, nos financiamos principalmente con presupuesto de la universidad, y somos apoyados por organizaciones (como Open Society Foundation e Hivos) Apostamos por la innovación, por el periodismo narrativo, y creemos en el papel de la comunidad de lectores como garantes de la independencia y la calidad del medio.

¿Por qué Plaza Pública comete la locura de hacer el salto mortal al papel?

La misma naturaleza digital nos hace continuar en la busca de nuevas formas para llegar a los lectores, y hacer que los temas que interesan al medio y que consideramos esenciales para el debate nacional, lleguen a más ciudadanos y que desaparezcan de las agendas de los líderes de opinión y permanezcan en el debate público. Buscamos todos los medios y plataformas para trasladar nuestro periodismo. En ese sentido, no somos ortodoxos del Internet, y creemos que el papel tiene un aún enorme potencial, especialmente para los temas de profundidad, textos con la narrativa que es ya un sello de PzP, y con imágenes que van retratando el país, estén presentes, físicamente, como objeto cercano a los lectores, para la lectura pausada. Además, claro, adoramos los libros y el papel, somos unos nostálgicos, y qué gozo el olor del libro nuevo, el fetiche, y qué delicia leer en papel.

¿Cómo me suscribo?

Hay cuatro formas para suscribirte:

1) Depósito monetario:

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    Revisa en la hoja de suscripción las modalidades de pago, para conocer cuál es la que te conviene y saber cuánto debes depositar. (Para toda Guatemala:
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En librería Sophos (Plaza Fontabella, zona 10) o en librería y café Watson (Paseo Cayalá, zona 16).

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Si tienes cualquier duda, escribe a suscripcionesLAP@gmail.com

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Entra a la https://kemik.gt/ y en el buscador escribe “suscripción” allí te desplegará las diversas opciones de suscripción (1 o 2 años) y varias según el país donde vivas. Aquí el enlace para un año en toda Guatemala: https://www.kemik.gt/suscripcion-anual-a-plaza-1-a-o-guatemala.html Si vives fuera de Guatemala, vean la respuesta siguiente:

¿Si vivo fuera de Guatemala, puedo suscribirme?

¡Claro! Plaza llega a cualquier parte del mundo. Los costos de envío varían entre Centro América, el resto de América (Norte, Sur y el Caribe), y el resto del mundo. Estamos puliendo el método, pero ya lo puedes hacer:

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Si no me he suscrito, ¿cómo la consigo?

Plaza nace el 28 de abril de 2016 y a partir de allí la podrás encontrar cada cuatro meses en diversos puntos de distribución (recuerda los meses clave: abril, agosto, diciembre).

La puedes encontrar en:

Librería Sophos, Watson Books & Coffee, La Casa del Libro en La Casa de Cervantes.

En estos tiempos en que es cada vez más complicado sostener las iniciativas en papel. ¿Cómo se sostendrá Plaza?

El plan es que Plaza sea autosostenible. La Asociación de Amigos de Plaza Pública respalda y gestiona el proyecto, y ha buscado diversas maneras de que pueda subsistir:

1) La apuesta más importante es confiar en los lectores, en quienes creen en el periodismo de Plaza Pública y quienes disfrutan la lectura y aman el papel. Entonces, la confianza máxima es creer que una buena base de suscriptores amigos nos permitirá la estabilidad, y la distribución en librerías, centros culturales, cafés, etc. nos permita seguir imprimiendo.

2) El patrocinio: de empresas, organizaciones, instituciones que confíen en nuestro trabajo, que apuesten por la necesidad de una ciudadanía informada, que crean en la cultura y que quieran aliar su marca con Plaza. Los patrocinios nos dan un margen de respiro y si en algún momento hubiese excedentes en los ingresos, éstos servirán para que la Asociación de Amigos de Plaza Pública apoyen investigaciones y proyectos de Plaza Pública para seguir trabajando.

Papel, la edición #1 de Plaza: es patrocinada por Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna), L’Aperó, Sophos, Watson Books & Coffee. ¡Gracias totales por la confianza y el apoyo!

3) El financiamiento: un espaldarazo considerable. Una institución, organización o empresa, apoya con una donación para la impresión de más ejemplares, que serán distribuidos en bibliotecas públicas, escuelas y organizaciones.

¿Y si quiero ser patrocinador o financista de Plaza?

¡Fantástico! Escribe a amigosdelaplazapzp@gmail.com y te contactaremos.

¿Quiénes son los Amigos de Plaza?

La Asociación de Amigos de Plaza Pública (LAP), es una asociación civil, sin ánimo de lucro, conformada por lectores, amigos, ciudadanos, y equipo de Plaza Pública para apoyar los proyectos e iniciativas del medio. Entre sus objetivos, además de constituirse en apoyo para proteger y defender el derecho a la información y a la libre expresión, está el de generar fondos y gestionar proyectos directamente relacionados con el medio. Desde su conformación, una de las iniciativas propuestas y apoyadas por sus miembros fue el de la publicación en papel de material de Plaza Pública.

La Asociación administrará y velará por generar los fondos que permitan la sostenibilidad y continuidad del proyecto. Para esto, considera indispensable la alianza con instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos que compartan el interés por el periodismo de profundidad y calidad que produce Plaza Pública.

Para más información: amigosdelaplazapzp@gmail.com

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  • Una vez incautados los bienes y el dinero en efectivo del crimen organizado, con o sin sentencia, empiezan a ser administrados por el Estado, por la Senabed.
    Fotografías por Sandra Sebastián
    Una vez incautados los bienes y el dinero en efectivo del crimen organizado, con o sin sentencia, empiezan a ser administrados por el Estado, por la Senabed.
  • La Senabed se encarga de cuidar temporalmente todo lo que haya sido adquirido de manera ilícita por las organizaciones de crimen organizado que han sido detenidas.
    La Senabed se encarga de cuidar temporalmente todo lo que haya sido adquirido de manera ilícita por las organizaciones de crimen organizado que han sido detenidas.
  • En una de las casas de Mario Ponce fueron colocadas las fotografías del alto mando del ejército. El inmueble es una especie de cuartel donde permanecen los elementos castrenses.
    En una de las casas de Mario Ponce fueron colocadas las fotografías del alto mando del ejército. El inmueble es una especie de cuartel donde permanecen los elementos castrenses.
  • Un soldado custodia lo que antes fue la casa de los caballos de Mario Ponce. Ponce perteneció a la estructura familiar de los Lorenzana durante más de una década.
    Un soldado custodia lo que antes fue la casa de los caballos de Mario Ponce. Ponce perteneció a la estructura familiar de los Lorenzana durante más de una década.
  • El busto de un caballo en una casa de dos niveles que los alberga. Según representantes del Senabed, Mario Ponce no era tan poderoso, sino hasta 2008 cuando ascendió vertiginosamente, tras la llegada de los Zetas al país.
    El busto de un caballo en una casa de dos niveles que los alberga. Según representantes del Senabed, Mario Ponce no era tan poderoso, sino hasta 2008 cuando ascendió vertiginosamente, tras la llegada de los Zetas al país.
  • El inmueble donde vivían los caballos de Mario Ponce.
    El inmueble donde vivían los caballos de Mario Ponce.
  • El piso muestra el gusto por los caballos.
    El piso muestra el gusto por los caballos.
  • Al acercarse a la finca de Mario Ponce todo parece desierto, inhabitado.
    Al acercarse a la finca de Mario Ponce todo parece desierto, inhabitado.
  • El interior de una de las casas de Mario Ponce, estaba en construcción cuando detuvieron a su propietario.
    El interior de una de las casas de Mario Ponce, estaba en construcción cuando detuvieron a su propietario.
  • La mansión es de tres niveles. Muchas habitaciones y una piscina en el interior.
    La mansión es de tres niveles. Muchas habitaciones y una piscina en el interior.
  • Algunos de los postores en la subasta revisan uno de los tractores que recién adquirieron.
    Algunos de los postores en la subasta revisan uno de los tractores que recién adquirieron.
  • Uno de los postores ofrece el monto que los representantes del Senabed proponen para la venta de uno de los tractores.
    Uno de los postores ofrece el monto que los representantes del Senabed proponen para la venta de uno de los tractores.
  • Al fondo se observa el territorio que una vez fue propiedad de Mario Ponce.
    Al fondo se observa el territorio que una vez fue propiedad de Mario Ponce.
  • Desde la finca de Mario Ponce se puede apreciar la vista que abarca las aldeas Los cerritos, Playitas, y Morales.
    Desde la finca de Mario Ponce se puede apreciar la vista que abarca las aldeas Los cerritos, Playitas, y Morales.
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Ley de Extinción de Dominio

Quitando poder al narco

¿A dónde van las propiedades del crimen organizado cuando sus líderes caen o son reclamados por otro país? ¿Quién se encarga entonces de sus territorios y cómo? ¿Dejan acaso un espacio que otros llenarán? Aún es pronto para saberlo. La Ley de Extinción de Dominio empezó a aplicarse hace tres años. Por ahora, los encargados de hacerla cumplir, resguardan, subastan y donan; con la intención de dar un golpe, debilitar, quitando todo aquello que les pertenecía.

En las fincas que ha dejado atrás el narcotráfico nadie tiene un nombre. No tienen nombre quienes han quedado con la responsabilidad de administrar estas propiedades. Tampoco lo tiene el soldado o el policía que hoy las habita y las cuida desde dentro. Mucho menos el campesino que vive en los alrededores.

Si algo, acá, aún conserva un nombre es el miedo. Y es natural que así sea.

Hay miedo a que los fantasmas vuelvan un día. Que regrese el narco a reclamar sus propiedades. En la actualidad, luego de las capturas o extradiciones, ya nada de lo que han dejado atrás les pertenece. O está en proceso de que no lo sea. Y en lo que una vez fueron sus territorios es el miedo lo único que parece suyo todavía, lo han dejado indeleble a puro plomo, marcado en sangre, en la memoria. En tanto, las haciendas llenas de piscinas, lujos, mansiones y excentricidades permanecen. Hoy es el Estado quien administra lo que un día fue propiedad de algunos de los  narcotraficantes que han sido capturados.

“El golpe que se da es realmente duro. Se da en los gustos, en todo lo que les ha costado obtener durante años”, dice C, alto, cabello rizado, campechano. C es uno de los administradores que ha sido contratado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), la institución que se encarga de cuidar temporalmente todo lo que haya sido adquirido de manera ilícita por las organizaciones de crimen organizado que han sido detenidas, a través de delitos como el lavado de dinero, la trata de personas, el peculado, la malversación, o el fraude en las aduanas. C, por tanto, dice (riendo) que sus enemigos son un tanto poderosos.

“Yo soy valorudo, pero la Senabed es muy joven todavía –apenas dos años de existencia–. Esperamos que pronto crezca, que se haga tan grande que no sólo seamos un pequeño grupo de personas el que administran los bienes del narcotráfico. De momento identificarnos (C pide no publicar su nombre) es muy fácil”.

En la larga lista de objetos que C tiene bajo su responsabilidad hay caballos, gallos, haciendas, automóviles, camas, avionetas, bicicletas, bancas, casas, estatuas, penthouses de lujo, toros…

“El golpe al final de cuentas es contundente, sicológico. Similar a imaginar que de un día para otro, todo lo que has logrado conseguir en la vida de pronto ha desaparecido”, dice C.

Y no sólo desaparece, sino que además es subastado. Pasa a otras manos. Nunca más los caballos de pura raza, las camionetas todo terreno, los muebles finos, las casas, las haciendas y las fincas serán suyos.

Hoy, por ejemplo, C nos guía a una subasta en la que se venderá parte de lo que una vez perteneció a un narcotraficante. ¿El lugar? El terreno más grande que ha sido incautado hasta la fecha: un territorio de 52 kilómetros cuadrados en la frontera que divide a Guatemala con Honduras. También esa propiedad marca otra frontera, un límite entre las familias más importantes de la zona: los Mendoza y los Lorenzana. Justo en medio, en Morales, Izabal, la finca de Mario Ponce, ahora controlada por el ejército, a la espera de que el proceso de extinción de dominio finalice, constituye una zona neutral.

Allí nos dirigimos…

JUZGAR BIENES NO PERSONAS

Las órdenes en torno a todos los bienes que pasan a ser administrados por el Estado, a través de la Senabed, se originan en el nivel 13 de la torre de tribunales de Guatemala. Allí, en los juzgados de extinción de dominio, las preguntas sobre ¿qué decomisar?, ¿qué extinguir?, ¿qué vender y cuándo?, ¿qué juzgar?, ¿qué cosa ilegal ayudó a comprar tal o cual propiedad?, o ¿cuál será el destino de un caballo pura sangre, o una burra, o un gallo, o una finca?, son resueltas por el juez Marco Antonio Villeda. En un tono calmado, tras un rostro bonachón, el juez dice: “Lo primero que hay que comprender es que el juzgado de extinción de dominio no es de ramo penal. Más bien es casi similar a un juzgado civil, pero especial”.

El día en el que hablamos, un lunes 28 de enero, el juzgado de extinción de dominio está cumpliendo dos años de estar en funcionamiento. Sin embargo, alrededor, nadie parece celebrarlo ni conmemorarlo o percibirlo. En estas salas se han dictado ya más de 100 sentencias. Al menos US$18 millones han pasado a manos del Estado, seis bienes inmuebles han sido expropiados definitivamente, otros 40 están en ese proceso, y hay otros 20 que tienen medidas cautelares. Aquí también se ha juzgado la procedencia de vehículos y tractores, caballos y gallos, de toros y ganado, también la de una burra. “Entre el proceso penal y la extinción de dominio hay enormes diferencias. Partimos, desde luego, de un hecho, de un delito. Pero a mí, como juez, la relación entre la actividad ilícita y la persona no me interesa. Me importa, sí, la relación entre el bien y cómo fue obtenido ese bien. Si encuentro una relación directa entre una propiedad o un auto o una empresa con alguna actividad ilícita, extingo”, explica Villeda.

Extinguir significa, en esencia, quitar. Cualquier cosa adquirida/comprada/construida que no logre demostrar un origen legítimo, de ley, con dinero bien habido, es extinguida. Pasa a ser administrado por el Estado.

–¿La persona lleva un proceso; los bienes otro?

–Sí. Se tratan de dos procesos paralelos. Separados pero paralelos. En el ramo penal se juzga a la persona. En extinción de dominio, sólo los bienes. 

–¿Cómo queda en ambos procesos la presunción de inocencia?

–El principio de inocencia, por orden constitucional, se aplica sólo a personas y no a los bienes. En lo penal se mantiene la presunción de inocencia hasta el final, y el Ministerio Público es el encargado de probar lo contrario. En extinción de dominio, no. Aquí el MP prueba hasta cierto punto el origen de los bienes, y a partir de allí, las personas deben probar cómo obtuvieron las mansiones, los lujos, el dinero, todo.

En casos relacionados a crimen organizado, casi nadie ha logrado probarlo.

Para el juez Villeda, fue hace 15 años que Latinoamérica empezó a entender que el problema de la corrupción y el narcotráfico había que atacarlo de otra forma, una forma distinta desde la justicia. Surgió con una nueva figura legal: La extinción. “Primero fue Colombia, luego México. Son muy pocos los países que tienen una ley así”, dice. En diciembre de 2010 la figura sería introducida por el Congreso de la República en Guatemala y seis meses más tarde entró en operación. Tardaría casi un año más para que se establecieran los juzgados encargados de estos casos, que hoy preside el juez Villeda.

El juez indica: “La razón del poder de esta gente está en el dinero, y en lo que compran con ese dinero. Si el dinero se quita, el campo de acción de toda una estructura de crimen organizado se limita, se va debilitando. Ya no es sólo quitar la cabeza y esperar a ver qué sucede. Es hacer que su poder se debilite”.

Según la ley, son 47 los delitos por los cuales se puede llevar a los bienes a enfrentar un juicio por extinción de dominio. Hay ocho de ellos, como conspiración, asociación ilícita o comercialización de vehículos robados en el extranjero, que están tipificados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Otros 21, como peculado, malversación y fraude, que aparecen en el Código Penal. Trece más, como transacciones e inversiones ilícitas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, que provienen de la Ley contra la Narcoactividad. El resto aparecen contenidos en otras leyes como la de Migración y la que combate el lavado de dinero.

Una vez incautados, en proceso de extinción de dominio, con o sin sentencia, los bienes y el dinero en efectivo empiezan a ser administrados por el Estado, por la Senabed. El dinero que se incauta se reparte entre varias instituciones que cubren temas de seguridad. Aparte los bienes se subastan, se venden de manera directa, o pueden ser donados. En el principio de este proceso están las propiedades cercanas a la frontera que divide Honduras con Guatemala, en Izabal.

LA FRONTERA DE LAS FAMILIAS

C se ha puesto el chaleco antibalas. Falta un cuarto de hora para llegar a una de las fincas de Mario Ponce y él indica que hay que estar atento a las “banderas”. Pasan pocos minutos de la medianoche y en Morales, Izabal, hay niños jugando en las aceras, gente comprando en las tiendas aún abiertas, ancianos sentados frente a las puertas de sus casas. “Son las banderas”, señala C en la oscuridad. “Son los que avisan. Los que mantienen informados (a los grupos delictivos) de cualquier cosa rara que pase por aquí”. El auto en el que vamos es observado. Es una camioneta tipo agrícola, grande, con asientos de cuero, con vidrios polarizados que no pasa desapercibida en esta área. Fue incautada hace un par de años y hoy, tras un proceso de extinción de dominio, es usada por la Senabed.

 “Estamos en la frontera de varias familias”, dice de pronto F, un tipo grande, de mirada atenta y concentrada. F es otro de los administradores de la Senabed. Es él quien ordena que todos sin excepción nos coloquemos los chalecos antibalas. “Estamos a punto de llegar”, dice preocupado. Entre ambos, C y F, han ido explicando en el camino, el territorio por el que avanzamos, cada vez más cerca de la frontera con Honduras. A ratos son anécdotas. A ratos es contexto. A ratos silencio. A ratos historia.

Según explican, Mario Ponce perteneció a la estructura familiar de los Lorenzana durante más de una década. No era tan poderoso, sino hasta 2008 cuando ascendió vertiginosamente, tras la llegada de los Zetas a Guatemala, el grupo armado que en un inicio brindaba seguridad al cartel del Golfo mexicano. Los Zetas entablaron una alianza con algunas familias  de Guatemala que también habían trabajado para el cartel del Golfo en años anteriores. En Alta Verapaz, Walter Overdick fue el primero de sus contactos. Y luego, llegaron a Zacapa, a negociar con los Lorenzana para trabajar en el área. El pacto, según señaló Julie López en un reportaje de Plaza Pública, fue firmado con un sacrificio: el asesinato de Juan José “JuanchoLeón, que había causado problemas a la familia al realizar tumbes de droga a otros narcotraficantes de la región.

Allí aparece en escena Mario Ponce, dentro de la estructura de los Lorenzana, a tan sólo nueve meses de la muerte de Juancho León. Lo contó, días más tarde, un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE). Fue una noche de noviembre de 2008, hizo noticia, había guardado por algún tiempo su bajo perfil. Al menos fuera de Izabal no era tan conocido.

“Fue una noche agitada. Un bus. 16 cuerpos (15 nicaragüenses y un holandés). Todo calcinado. Un informante eficaz, un expolicía, delataría meses más tarde el origen de las órdenes para aquella masacre: Mario Ponce era el responsable. Querían robar la droga de otro grupo, pero se equivocaron y quemaron a muchos inocentes”, recuerda el exagente. No obstante, por ese hecho, Ponce nunca fue ligado a proceso. Es más, las órdenes de captura en su contra fueron obviadas durante 10 años. Sí sería juzgado, en cambio, Marvin Marín Montiel, el Taquero, y la estructura de sicarios que dirigía, contratados todos por Ponce.

“En Guatemala no hubo tiempo de iniciar el proceso penal en su contra”, dice –justifica- el ex agente de la SIE. Tenía, sí, a diferencia de Guatemala, una orden de captura emitida por una corte de Estados Unidos.

En mayo de 2011 Mario Ponce fue capturado en Honduras. Siete meses más tarde se convertiría en el primer extraditado desde Honduras hacia Estados Unidos. En 2012, un año más tarde, un jurado de Miami, Florida, encontró a Ponce Rodríguez culpable de traficar y  distribuir al menos 9 mil kilos de cocaína; fue condenado a 25 años de prisión.

En ese momento, el Ministerio Público y parte de las instituciones de inteligencia del Estado empezaron a investigar el legado que Ponce tenía en la región. Guatemala nunca pudo capturarlo, pero sí podía iniciar un proceso de extinción de dominio sobre sus bienes. Había fincas, potreros, haciendas, ganado, caballos pura sangre, vehículos... Tan sólo en Morales, Izabal, fueron incautadas seis gigantescas propiedades: Las Quebradas, Los Llanos, El Triunfo, La Esperanza, El Chifles y la distribuidora de combustibles Don Chano. El MP logró ubicar los terrenos a su nombre en el Registro de la Propiedad, aunque para extinción de dominio, no importa si los bienes están a nombre de su esposa o hijos, lo relevante es el modo que obtuvieron los bienes, el origen. En este caso, el delito por el que Ponce fue extraditado. “El tipo era millonario. Lo ostentaba. Compró todo lo que había conocido desde su infancia: montañas, ríos, hasta fronteras”, dice F antes de cruzar por un oscuro camino de terracería para llegar a una de esas propiedades.

Al acercarse a la finca de Mario Ponce todo parece desierto, inhabitado; un yermo. Pronto, sin embargo, varias siluetas van apareciendo en la oscuridad. Se alzan entre los matorrales, en las puertas, en lo alto de las paredes, en cada esquina y también en la entrada principal, un portón de madera que tiene –cincelados– ocho caballos desbocados. Cada una de las siluetas que se mueven por ahí tiene un fusil de alto calibre entre sus manos. El auto es obligado a detenerse. Las luces de la camioneta alumbran sobre cada una de las siluetas: los uniformes verde oliva de los soldados empiezan a distinguirse. Entre los matorrales uno fuma un cigarro. En una esquina otro escucha, desde su teléfono celular, una canción pop de moda. “Esta es una de las fincas incautadas, pero no nos quedaremos mucho tiempo”, dice C. Alrededor todo es lujo. Hay un portón gigantesco. Hay una fuente con ocho caballos esculpidos en mármol. Hay una casa que C considera que era sólo para guardaespaldas. Hay un templete donde también aseguran los administradores que predicaba el evangelio. Hay una mansión de muchas habitaciones. Una piscina. Un kiosco. Una cancha de básquet ball. Un enorme jardín.

Dentro encontramos a T, oriundo de Zacapa –ojos verdes y rubicundo–. Durante esta madrugada T es el subteniente de la Segunda Brigada encargado de todo lo que ocurra en esta propiedad. Explica que al estar en las propiedades (de los narcos) ellos (el ejército de Guatemala) han controlado gran parte de las operaciones de tráfico en la zona. “Aquí vivía con su familia. Todo lo que tenía en su interior pronto será subastado”, dice el subteniente.

Agrega que en los alrededores todavía hay camionetas con vidrios polarizados que pasan, que vigilan, que intentan mandar un mensaje. “Pero aquí hemos controlado la zona”, resalta convencido. Le comento, no obstante, si no fue en esta área que hace apenas tres meses los familiares de Mario Ponce liberaron al hermano y a quien se considera –según el Ministerio de Gobernación– el nuevo líder de la estructura: a Ranferí Ponce Rodríguez. “No nos arriesgamos”, responde T. “Evitamos un enfrentamiento. Lo mejor fue evitar algo parecido a Totonicapán. Fue obligatorio dejarlo en libertad”, dice serio.

En las fincas que ha dejado atrás el narcotráfico, tal parece que tampoco los capos dejan un nombre. Cuando T, C y F hablan entre ellos, Mario Ponce es mencionado como “él”, o “el señor”, o “el mero-mero”. En el territorio que fue suyo, poco a poco, el paso natural de los narcotraficantes es volverse innombrables.  Se convierten, en el boca a boca, en mitos…

Cuando amanece, al cabo de una hora, C y F han terminado algunos trámites y diligencias pendientes. Es hora de continuar, indican. Hay que moverse a la finca más grande que hoy es administrada por el Estado a través de un proceso de extinción de dominio, en la Senabed. Allí se realizará la subasta de cinco máquinas de construcción que servían para tres tareas: abrir caminos, construir bodegas, levantar paredes. La finca a la que nos dirigimos se llama El Triunfo. Está apenas a unos minutos de la frontera con Honduras. Su proceso de extinción de dominio aún no ha concluido, y todavía no está en venta. “Seguramente será lotificada”, dice F tras el humo de un cigarrillo.

C dice, una vez dentro del territorio de El Triunfo, que se trata de un área mayor a los 52 kilómetros cuadrados. “Todo, hasta donde alcance la vista era de él (de Mario Ponce)”. En el horizonte el sol despunta entre algunas montañas, las montañas que también eran de Mario Ponce. “Hay otros seis kilómetros cuadrados, pero están del otro lado de la frontera, en Honduras”, agrega C. En esta propiedad, entre los dos países, fueron encontrados 21 puntos ciegos para el tráfico de droga y precursores. Algunos de esos caminos estrechos han sido asfaltados, otros permanecen ocultos en el follaje, y uno que otro está hecho de terracería. Muchas de las máquinas que serán rematadas este día se encargaron de realizar todo ese trabajo.  

SE HA RECAUDADO. SE HA REPARTIDO

Después de iniciar un juicio, los bienes pasan por otros procesos. El proceso se vuelve un tanto aburrido, largo, protocolario. En ese punto el juez ya no decide, no interviene. La Senabed administra pero también recibe órdenes. Órdenes de más arriba. Órdenes de la Vicepresidencia, del Ministerio de la Defensa, del Organismo Judicial, del Ministerio de Finanzas, de Gobernación, de la Procuraduría General de la Nación, y también del Ministerio Público. Todas estas instituciones, en conjunto, conforman la Comisión Nacional de Bienes de Extinción de Dominio (Conabed). La última vez que sus representantes se reunieron fue el pasado 6 de enero. Discutieron sobre las subastas (cuándo, dónde), las ventas directas (establecen filtros como investigar el perfil económico para seleccionar compradores), y la repartición de lo incautado en efectivo.

En 2012 se extinguieron Q68 millones de dinero incautado en efectivo. En 2013 fue un poco menos: Q 30.4 millones en abril, y Q 14.2 millones en diciembre.  Según la ley, el 25 por ciento de los recursos va para el Organismo Judicial, un 20  por ciento a unidades de Métodos Especiales de Seguridad de las instituciones que pertenecen al Conabed, Gobernación recibe un 18 por ciento, la Senabed el 15, el MP 20 y la Procuraduría General de la Nación el 2 por ciento. Lo que se recauda en las subastas y en las ventas directas se manejan en otras cuentas a cargo de la Senabed.

MIRADAS VACÍAS

Hasta hace pocos años, antes de 2011, nadie de la aldea Los Cerritos o Las Playitas podía hacer uso tranquilo de los pasos de servidumbre en el interior de la finca El Triunfo. “Plomo, plomo día y noche. Uno con esa gente mejor ni meterse. Toda esa zona era territorio prohibido, Dios guarde”. Es lo único que acepta a decir H, una joven de Playitas que hoy vive en la zona 18, en la capital.

Acá, al recorrer el interior de la finca en el auto de la Senabed, lo primero con lo que se topa uno es con gestos resignados. La gente camina y al observar el auto –agrícola, polarizado– se detiene, se paraliza, antes de intuir algo parecido a un saludo lo que hay en el rostro de los comunitarios es una mirada vacía, de renuncia. Es un lugar de pocas sonrisas. De pocas palabras. Casi nadie quiere hablar de lo que sucedía en estas propiedades. “El miedo persiste. Aun si saben que ahora todo esto pertenece al Estado, todavía desconfían”, dice F.

C sabe de historias que ha contado la gente de los alrededores. De cómo Mario Ponce fue adquiriendo gran parte de la finca. “Intimidaba, amenazaba, golpeaba y quitaba”. Es un resumen sucinto pero la imagen queda. Así hubo un señor al que le despojaron de su terreno en la frontera con Honduras. Otro que tenía su propiedad cerca de una carretera. Ponce introdujo ganado, cientos de reses, y construyó caminos en su propiedad. Así hasta los 52 kilómetros cuadrados que ocupa la finca. Así hasta el lugar donde aparece la casa de la finca, en lo alto, en la cima de un pequeño cerro recortado. La resguardan 50 soldados. Están allí, en todas partes, en el techo, en cada esquina, en los patios, en los jardines, en los caminos dentro de la finca.

“Se inscribieron cuatro oferentes”, dice C.

C está pensando en la subasta.

F, entonces, da cuenta de todos los requisitos que deben llenar cada uno de los postores. Son varios filtros, complicados, importantes. “Muchos dicen que nuestro procedimiento es largo, tedioso, pero es bueno que así sea. No queremos que los testaferros compren, que el crimen organizado recupere lo que ha perdido. En México, por ejemplo, no hay filtros. Capturan, incautan, y la estructura vuelve y aparece regularmente en las subastas. Acá te investigan, te evalúan el perfil económico, si puedes pagar, si el MP no está siguiéndote los pasos. Y dependiendo de lo que quieres comprar, sea un caballo o una retroexcavadora, es lógico que te dediques a vender ganado u operar una constructora. Es lógico para la compra”, indica F.

Antes de la ley de extinción de dominio nada de esto era así. Había otras figuras legales, otras formas de proceder. A nivel de Latinoamérica sólo México, Colombia, Honduras y Guatemala han logrado manejar el comiso al lado de la extinción de dominio.

COMISO VS EXTINCIÓN

Antes de la ley de extinción de dominio, lo que se utilizaba jurídicamente era la figura del comiso. El juez Villeda recuerda que era la única herramienta para juzgar los bienes del narcotráfico, del crimen organizado.

–¿Se han dado problemas entre ambas figuras?

–Se intuyó al principio cierta colisión entre la figura de extinción y el comiso. Las dos están encaminadas a lo mismo: extinguir a favor del Estado. Pero hay una diferencia importante, el comiso es una pena accesoria de una pena principal. Es decir, en casos de corrupción y narcotráfico se necesitaba condenar primero a la persona para hacer el comiso de los bienes. Eso significa mucho tiempo. Para que una sentencia quede firme en Guatemala, entre amparos y apelaciones, todos sabemos que la espera es de por lo menos cinco años. Para cuando el Estado lograba hacer uso de los bienes ya todo estaba en pésimas condiciones, lleno de monte. La extinción, a diferencia del comiso, no depende de la condena penal. Se puede extinguir incluso si los bienes están a nombre de la esposa, de los hijos, si el delito se cometió en el extranjero, claro, siempre que la relación entre el bien y una actividad ilícita sea probada.

–¿Dentro de todas las sentencias que ha resuelto el juzgado no hay apelaciones u amparo?

–Amparos, apelaciones, se ha llegado hasta la Corte de Constitucionalidad. Lo que más alegan es la presunción de inocencia. Muchos creen que las garantías del derecho penal se aplican a la extinción de dominio, y no es cierto. No es un ramo penal. Y otro problema es cuando los jueces o el MP no invocan la figura de extinción de dominio. Todavía usan el comiso, o usan leyes antiguas para repartir los bienes como la de narcoactividad que es de 1992. En vehículos y cosas puntuales se avocan a ello. Pero para los animales… para los animales siempre piden extinción de dominio. Allí sí la piden. Rápido es: ah no, como cuesta mantenerlos, que se encargue la Senabed.

–¿Tras dos años de presidir el juzgado de extinción de dominio es posible hacer un perfil de cómo es, o qué le gusta al narco guatemalteco?

–La realidad del narcotraficante norteamericano y el latinoamericano es bastante distinta. En Estados Unidos, creo yo, no suelen ser tan ostentoso como andar en eso de comprar caballos pura sangre o animales exóticos. Eso voltearía la atención hacia ellos. El narcotraficante latinoamericano sí. El nuestro se tira a los caballos pura sangre, los gallos, al ganado que también son formas de lavar dinero.

Este perfil no fue contemplado en la ley, esta comprensión sobre el gusto o los negocios paralelos del crimen organizado en Guatemala, y las pertenencias con que se iban a encontrar no están especificadas. Se tipificaron los delitos, dice el juez Villeda, pero no se estableció un listado de bienes a los que se podía aplicar la ley. Así cualquier cosa se incauta, desde un tenedor, hasta un helicóptero, pasando por gallos o caballos. Entre el MP y la Senabed deciden sobre lo que llega a extinción de dominio, y lo que se dona al Estado por no significar una alta recaudación.

LA SUBASTA

En la finca de Mario Ponce hoy los postores sólo serán tres. Uno -el cuarto- ha faltado a pesar de que ya realizó el pago del 10 por ciento para participar en la subasta de los bienes, aproximadamente unos Q50 mil. Este dinero es abonado a la cuenta de la Senabed. “Ese es otro requisito”, dice F. Son cinco máquinas pesadas las que se subastarán. “Para caballos, para ganado, para las haciendas, fincas, camas, avionetas, menajes, camiones, el procedimiento es siempre el mismo”, explica C. “Las primeras veces apenas venía gente, pero el miedo ya se está quitando”, sonríe.

Al llegar a la mansión –gigante, blanca, de tejas rojas, dos niveles, fresca, con balcones y diseño colonial– los postores, como en un paseo extraño de narco turismo, a esta hora de la mañana, recorren las habitaciones, las piscinas, suben y bajan los dos niveles, y, perdidos, llegan al enorme establo en el que cuidaban 21 caballos pura sangre. “El MP no logró incautarlos a todos. Era difícil y muchos fueron robados por las comunidades de los alrededores”, señala C. A Mario Ponce no le dio tiempo de  llegar a terminar por completo su hacienda, aún faltan los acabados, el circuito eléctrico está a la vista, algunas lozas están sueltas.

Desde arriba, en el segundo nivel, hay una vista que abarca las aldeas Los cerritos, Playitas, y Morales. “Su lucha no era contra el Estado”, dice un subteniente. “Esta era su fortaleza contra otras familias. Contra los Mendoza. Desde acá se ve la división de esos territorios”.

Los postores parecen simpáticos. Ha venido un padre y sus dos hijos. Un señor sesentón con un joven que parece su empleado. Y un tipo solitario que repasa y repasa los detalles de la subasta. C convoca y dice que para llegar a las máquinas hay que recorrer la finca; están dispersas en la propiedad; ninguna de ellas camina o siquiera arranca. Ninguno de los postores parece ansioso.

La primera máquina cuesta Q42,500. Está allí, bajo el sol, toda cubierta de plantas, entre el monte. Donde uno miraría chatarra, los postores ven otra cosa: dinero. La puja empieza, pero con sólo una apuesta no es emocionante. Se vende en Q43,500. La siguiente, una motoniveladora Caterpilar, inicia en Q147mil. Los administradores de la Senabed dirigen la subasta, indican el precio, algunas características de la máquina. El joven mira al viejo sesentón y ofrecen mil más. El padre y sus dos hijos levantan la mano, ofrecen otros mil, y eso es todo, es vendida en Q149 mil. Es la misma dinámica toda la mañana, pero todo se venderá. “Compramos y revendemos, a eso nos dedicamos. Tan sólo sacar una de estas máquinas de la finca costará Q40 mil, luego una cifra similar dependiendo si es posible levantar de nuevo el equipo. Allí vemos si es rentable, si hay negocio”, dice el sexagenario. Le pregunto si tiene miedo a qué regresen los antiguos propietarios. Contesta que todo se hace pronto, muy pronto. “Hay que aprovechar que todo está siendo cuidado por el ejército. Hoy compramos, mañana nos llevamos”, dice.

El Estado, por otra parte, recaudará esta mañana de enero Q558,500 quetzales. C luce contento, satisfecho, pocas veces, dice, se vende todo. Así ha sido con los bienes que provienen de casos emblemáticos, como el de Eduardo Villatoro Cano, Ana Sofía Castañeda Deras (La Sirenita), o Marvin Montiel Marín (El Taquero).  “Con los vehículos casi nunca hay problema. El problema está en vender los animales, no el ganado, pero sí los animales exóticos”, dice. Si nadie compra en una subasta, los bienes pasan luego a venta directa, si tampoco ahí hay suerte, la Conabed decide su destino, su donación. C lo lamenta: “Los caballos podrían ir al Ministerio de la Defensa. Los gallos de pelea, pues es más complicado, comen fresas y uvas verdes solamente”.

En el caso de Mario Ponce también ha sido complicado desde que fue condenado en EE.UU. El juez Villeda señala que el proceso ha tenido que ser diplomático. “Está en una cárcel de Virginia. Lo que implica que se haga un suplicatorio que primero se manda a la Corte Suprema de Justicia, allí los magistrados lo traducen y lo envían al Ministerio de Relaciones Exteriores, de allí se notifica a nuestro Cónsul en Washington, se avisa al Departamento de Estado de EE.UU, y el Departamento de Justicia va a notificar a Ponce. Lo que antes era suyo ya no le pertenece y debe enviar a alguien para que demuestre, si es posible, que sus fincas y propiedades están limpias, obtenidas fuera de delito”.

–¿Podría entonces recuperar lo que ha sido vendido?

–Podría recuperar el dinero de la venta que la Senabed guarda hasta la última instancia. Pero (el juez sonríe) es casi imposible que suceda. No podría demostrar que todo lo que tenía fue construido a partir de lo legal. Al final la ley intenta mandar un mensaje, no sólo al narco sino también al funcionario público corrupto.

Tardará, por tanto, algún tiempo para que el terreno de 52 kilómetros cuadrados de Mario Ponce salga a subasta, o se venda, o se done, o como también podría suceder: se lotifique. Mientras tanto, este último viernes la Senabed realizó una última subasta. Logró vender tres caballos y una burra que le pertenecían a Eduardo Villatoro Cano, “Guayo Cano”. Quedaron, en posesión de los administradores, en la agenda de la Conabed, el destino final de un caballo y 208 gallos de pelea. 

Nota de edición: 
Al acercarse a la finca de Mario Ponce todo parece desierto, inhabitado; un yermo. Pronto, sin embargo, varias siluetas van apareciendo en la oscuridad. Se alzan entre los matorrales, en las puertas, en lo alto de las paredes… Cada una de las siluetas tiene un fusil de alto calibre entre sus manos. El auto es obligado a detenerse.
El principio de inocencia, por orden constitucional, se aplica sólo a personas y no a los bienes. En lo penal se mantiene la presunción de inocencia hasta el final. En extinción de dominio no. Aquí el MP prueba hasta cierto punto el origen de los bienes, y a partir de allí, las personas deben probar cómo obtuvieron las mansiones, los lujos, el dinero, todo.