¿Quieren llamarla justicia de transición?

En la sala de un hotel se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo reconocer errores. Pero, como lo que los empresarios cometieron son delitos, deben decirlos ante un juez. Porque el acto valiente de pedir perdón no es suficiente. Si van a colaborar con la justicia, deben acudir al MP y ponerse a disposición de esta entidad para que el asunto sea judicializado y se inicie ante el juez un proceso penal mediante el cual se determine su situación. Y aprovechando, ya que financiaron ilícitamente al FCN, deberían reconocer el financiamiento ilícito que hayan dado a cualquier otro partido político. Personalmente, no dudo que financiaron ilícitamente al PP. No tengo evidencia certera de ello, pero es que hasta en sus anuncios lo apoyaban —¿se acuerdan de que los azucareros tenían un anuncio en el cual el protagonista se llamaba Otto?—. En todo caso, hasta el día de hoy financiar un partido político no es ilegal. Ya lo decía el comisionado Velázquez: «Lo ilícito es no registrar en las cuentas del partido ese financiamiento».

Ahora, algunos quieren llamar a esto justicia de transición, lo cual es totalmente equivocado, ya que es un concepto que se aplica a los casos en los cuales han existido procesos sociales de graves violaciones de derechos humanos. Pero, ya que quieren aplicarlo, les comparto algunos elementos que deberían tener en cuenta para que el proceso pueda ser considerado justicia de transición:

1. Reconocer cuántas veces han dado financiamiento, a quiénes, cuánto se aportó, cómo se utilizó y por qué no fue registrado o no se quiso que se registrara. Esto debería abarcar todo desde que vienen financiado este sistema de partidos políticos. De lo contrario, nada tiene de utilidad conocer solo lo de un evento electoral, pues ahora habría dudas sobre todos los eventos anteriores.
2. Al aceptar los hechos, deben aceptar también todos los delitos que hayan surgido en torno al financiamiento electoral ilícito (es decir, si esto permitió la comisión de otros delitos, como lavado de dinero). De lo contrario, nada tiene de justicia solo juzgarlos por un delito cuando pudieron haber cometido varios.
3. Como consecuencia de lo anterior, hay que entender (sobre todo en este caso, por tratarse del sistema electoral y democrático del país) que la reparación debería estar encaminada a que todo aquello que se dejó de invertir en infraestructura social por favorecerse a quien quedara de presidente a cambio del apoyo dado sea pagado directamente por ustedes. Y también habría que fortalecer el TSE por haberlo violentado y engañado.
4. La garantía de no repetición debería ser entonces un evento en el marco de la teoría y del cambio de la práctica de financiamiento: estar de acuerdo en que el sistema de partidos políticos del país se sostenga por financiamiento público (es decir, únicamente desde el Estado), y no admitiendo en ningún momento financiamiento privado. O sea, no volver a permitir que exista financiamiento privado de los partidos políticos, como en otros países, y, de suceder ilícitamente, con penas mucho más fuertes que las actuales.

Ojo, que eso de que muchas juntas distritales de elección han sido coordinadas por algunos de sus colaboradores nos plantea otra duda: ¿manipularon las elecciones para garantizar sus inversiones? Eso también deberían explicarlo.

Les pregunto de nuevo: ¿quieren llamarla justicia de transición? Si sí, entonces debemos utilizar el concepto en toda su dimensión. De lo contrario, no es aplicable y tergiversa su naturaleza.