¿Quiénes son los asesinos de migrantes?

Muchas personas conocen el rostro de los migrantes que murieron intentando llegar a Estados Unidos, o de los familiares que recibieron el ataúd con sus restos—en Guatemala, 14 familias han tenido esa desdicha entre agosto de 2010 y abril de 2011. También se han escuchado las voces de las personas que desconocen qué sucedió con sus hijos, madres, padres o hermanos, que figuran entre los 80 guatemaltecos desaparecidos desde 2006 entre México y EE.UU. Algunos hasta conocen las cifras de los migrantes guatemaltecos que las autoridades mexicanas rescataron entre 2009  y 2010: 3 mil 706.

Pero poco se conoce de los victimarios que secuestraron a los migrantes, les exigieron rescate a sus familias en Guatemala o EE.UU., y los asesinaron porque no pagaron, o porque se negaron a ser reclutas de criminales. El móvil se desconoce en casos como el del homicidio del guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, de 19 años. Cardona llegó a México con la caravana “Paso a paso por la paz”, de familiares de migrantes desaparecidos o asesinados, para exigir justicia. Igual que los demás, tenía el “certificado de libre tránsito” del Instituto Nacional de Migración de México (INM). Aún así, según testigos, fue agredido por policías municipales.

Los migrantes sobrevivientes han identificado a sus victimarios como a sujetos que pertenecían a los Zetas, o a bandas de secuestradores (algunas ajenas al narcotráfico). Otras víctimas aseguran que sufrieron abusos a manos de autoridades mexicanas, desde policías hasta personal de Migración. En un caso, una migrante hondureña narró que Migración la entregó, junto a otros migrantes connacionales, a los Zetas. Aunque un reportaje de la BBC divulgado hace una semana indica que al menos 40 oficiales del INM son investigados por este tipo de acciones, la Procuraduría General de la Nación de México (PGR) no identifica a ningún agente migratorio entre los detenidos por crímenes contra migrantes.

La PGR sí divulgó este 15 de agosto que capturó a dos policías municipales de Tultitlán (a 27 kilómetros del Distrito Federal), después que varios testigos señalaron que un grupo de policías, y otros sujetos no identificados, lapidaron a Cardona. Un tercer policía municipal es buscado por este hecho.

Los capturados

Por lo menos 83 sospechosos habían sido puestos “a disposición de la autoridad judicial [de México]” (entre quienes figuran 23 policías municipales), hasta julio pasado, como consecuencia de los abusos cometidos contra migrantes, según la PGR. Entre los detenidos figuran sujetos vinculados al hallazgo de los 193 cadáveres en 47 fosas comunes (entre agosto de 2010 y abril de 2011), la mayoría, en Tamaulipas.

El pasado 28 de junio, fue capturado Abraham Barrios Caporal, alias “Erasmo”, por ser el presunto autor material de las ejecuciones de agosto de 2010 (las 72 víctimas halladas en San Fernando, Tamaulipas), y ser miembro de los Zetas. Barrios Caporal dijo que actuó bajo el mando de Martín Omar Estrada Luna, alias “El Kilo” (capturado en julio pasado), entonces jefe de la célula en San Fernando, Tamaulipas.

Pocos días antes de estas capturas, el presidente de México, Felipe Calderón, divulgó que entre los responsables del caso de San Fernando figuran victimarios adolescentes. El mandatario reveló que se trata de un sujeto de 17 años y otro de 14, durante la conferencia de estrategias regionales de seguridad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en Guatemala.

Después de otra masacre en abril de 2011 en Tamaulipas, la célula abandonó San Fernando y se refugió en Veracruz, donde ocurrió la captura de Barrios Caporal y de sus presuntos cómplices: Jhonny Enríquez Carmona, alias “El Guiller”; Luis Cabrera Velázquez, alias “El Ronny” o “Camaleón”, y Ramón Evangelista Martínez, alias “El Cangrejo”, integrantes del mismo grupo dedicado al secuestro y homicidio en Tamaulipas. Los sospechosos fueron sorprendidos con las manos en la masa. Tenían a una víctima cautiva cuando los capturaron.

Autoridades involucradas

Pese a los informes sobre los policías municipales capturados (excluyendo los del caso de Cardona), hasta julio pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) no había recibido reporte alguno que involucrara a autoridades de la policía o de migración mexicanas, en los secuestros y asesinatos de migrantes, según Andrea Furlán, vocera del MINEX. “El caso está catalogado como federal y bajo reserva, [y] sigue bajo investigación”, explicó la portavoz.

Este 16 de agosto, diversas organizaciones de derechos humanos, y miembros de la Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) protestaron frente a la Embajada de México, para exigir el esclarecimiento de la muerte de Cardona, y que cese la criminalización ilegal de los migrantes. En esa fecha, la prensa mexicana publicó las primeras noticias sobre la captura de los policías municipales de Tultitlán, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) presentó una queja formal en el caso del guatemalteco y exigió información sobre “la actuación de policías municipales locales”. El procurador Alfredo Castillo dijo a la prensa mexicana que “en los siguientes días se darán a conocer los detalles de las detenciones y el asesinato del migrante”.

Este año, los policías municipales de Tamaulipas también han sido noticia. En junio pasado, el Ejército mexicano detuvo a Joel Reséndiz Moreno, policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, contra quien había orden de captura por el entierro masivo de cadáveres en fosas comunes. En abril, la PRG advirtió que la vinculación estaba todavía bajo investigación, pero exhortó a las víctimas sobrevivientes de los hechos a que denunciaran si Reséndiz Moreno había participado en algún delito. Se sospecha que este sujeto era uno de los 17 policías municipales de San Fernando que, según la PGR, “brindaban protección y ayuda a la organización delictiva [responsable de los secuestros y muertes], y fueron identificados por algunos de los inculpados”. Todos fueron capturados.

En abril, la Policía Federal logró liberar en Reynosa, Tamaulipas, a 68 personas (12 extranjeros y 56 mexicanos) y detuvo a los captores, identificados como miembros del Cártel del Golfo. También capturó a cuatro policías municipales en conexión con estos hechos. En un comunicado oficial de mayo pasado, facilitado por Rocío Torres, de la oficina de prensa de la PGR, esta entidad indicó que, “víctimas y testigos de los hechos señalaron la participación de los agentes de la Policía Municipal de Reynosa”.

Entre los 83 capturados (por los casos de los migrantes) figuran otros dos miembros del Golfo, sorprendidos cuando tenían cautivos a tres centroamericanos en Tampico. Las autoridades detuvieron a una persona que cobraba los rescates, y a “otros servidores públicos involucrados”. La PGR no reveló más detalles sobre sus identidades o los cargos que ocupaban.

Los sospechosos son investigados por delincuencia organizada, privación ilegal de libertad, homicidio, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, violación a la Ley de Inhumación y Exhumación de cuerpos, entre otras leyes.

Traficantes detenidos

En abril pasado, la PRG reveló que entre 2009 y 2010 capturó a 2,143 traficantes de indocumentados, casos que separa de los que involucran abusos y crímenes contra los migrantes. Las detenciones ocurrieron en varios estados de México, pero principalmente en Baja California (932 capturas), Sonora (574), Chiapas (211), y Veracruz (170), Oaxaca (94), Tabasco (90). En Tamaulipas, donde se han encontrado más víctimas, 55 traficantes fueron capturados. El 81% del total fueron condenados. Hubo 156 traficantes extranjeros detenidos principalmente en Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

Denuncias de la CNDH, y de otras organizaciones humanitarias, indican que en algunos casos los traficantes entregan a los migrantes en manos de criminales, o de algunas autoridades, que los “venden” a los narcotraficantes (que los secuestran, les cobran derecho de vía, o intentan reclutarlos).

La búsqueda e identificación de los posibles restos de migrantes, por medio de ADN, se realiza en Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Tlaxcala. Furlán reportó que tres posibles casos de desapariciones también se investigan en Sonora. La Casa del Migrante en Guatemala registra testimonios de migrantes sobrevivientes que reportaron haber sido secuestrados en Oaxaca y Chiapas, y transportados hasta casas de seguridad en Tamaulipas. Una vez ahí, los dejaron ir cuando pagaron rescate por ellos, o los liberó la Policía Federal o el Ejército mexicano.

No existe un estimado aún sobre el número de casos en los que los captores liberaron a los secuestrados sin intervención de las autoridades, cuando hubo pago de rescate. La PGR estima que los rescates exigidos oscilan entre US$1 mil y US$2 mil (entre Q7,500 y Q15 mil). Este no ocurrió con Cardona, cuya muerte fue calificada como una muestra de “xenofobia contra los centroamericanos”, por Menamig, aunque testigos también relatan que policías municipales intentaron robarle, y cuando Cardona les dijo que no tenía dinero, se lo llevaron. Horas después apareció muerto.

Son muchos los casos en que los victimarios ven a los migrantes como un botín de guerra. Algunas autoridades corruptas les despojan de las pertenencias que llevan encima, y los maltratan;  la Casa del Migrante recopila numerosos testimonios de migrantes que fueron golpeados y asaltados. Luego, los criminales los extorsionan o secuestran, un delito que también padecieron 3,788 mexicanos que las autoridades rescataron entre 2009 y 2010 en su propio país. Así, un año después del escándalo de la masacre de Tamaulipas que desnudó los desmanes que padecen los migrantes en México, el rostro y los diversos perfiles de sus victimarios comienzan a dibujarse.