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¿A quién le importa el Conamigua?

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El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) quedó instituido en el 2007, mediante el decreto 46-2007, como «el ente nacional que coordina, define, supervisa y fiscaliza las acciones y las actividades de los órganos y las entidades del Estado tendientes a proteger y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y a sus familias en Guatemala, así como a los migrantes que se encuentran en el territorio nacional».

A nueve años de su creación, con un presupuesto anual establecido en el 0.05 % del ingreso de las remesas, así como del 25 % de los ingresos del Estado en el exterior por expedición de tarjetas de identidad consulares, emisión de pasaportes y legislación de documentos, esto no se ha cumplido, ya que las remesas han aumentado año con año y solo en el 2016, cuando se llegó a Q7 159 967.6[1], al Conamigua le habrían correspondido 28 millones de quetzales, pero únicamente le fueron asignados 18. Hoy dicha institución se encuentra congelada y sus empleados no han devengado sus salarios desde hace dos meses. Algunos diputados del Congreso interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la elección de la secretaria ejecutiva Melanie Müller y de la subsecretaria Elizabeth Nicté Paz Pineda, cuya postulación fue seriamente cuestionada por la falta de idoneidad de ellas para dirigir una entidad que debería estar al servicio de la población migrante. Asimismo, los nombramientos de Müller y Paz se debieron, como en otros casos, a los vínculos con el partido que ha dirigido la Comisión del Migrante del Congreso de la República en los últimos años. Por estas razones, la CC dejó sin efecto la elección y se le mandata al Congreso de la República encauzar el procedimiento de los nombramientos.

Frente a esta situación, lo más grave es que la orden de la CC no se ha implementado porque tampoco existe el presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, responsable de reencauzar el procedimiento. Además, el consejo representado por las instituciones del Estado vinculadas al tema de los migrantes no ha tomado la iniciativa de operativizar el Conamigua en cuanto se logra elegir a nuevas autoridades. Las instituciones y los cargos que participan del tema son el ministro de Relaciones Exteriores, quien lo preside; un diputado elegido por el pleno del Congreso de una terna propuesta por la Comisión del Migrante; el titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; el viceministro de Economía a cargo de la política económica exterior de Guatemala; el viceministro de Trabajo y Previsión Social a cargo de la atención a los trabajadores guatemaltecos en el extranjero; y el gerente general del Banco de Guatemala. No se han escuchado misivas del consejo asesor sobre las organizaciones de migrantes en el exterior con una representación.

Mientras tanto, las demandas de la población migrante son urgentes en tiempos en que el trumpismo busca la deportación inmediata de quien llegue a la frontera de aquel país, así como de quienes ya viven en Estados Unidos, especialmente aquellos que han cometido delitos. Pero los guatemaltecos en general tampoco están exentos de ser detenidos por cualquier infracción o, como se ha sabido, cuando asisten a algún citatorio para su regularización.

Los últimos funcionarios del Conamigua se dedicaron a realizar viajes al exterior para tener contacto con organizaciones de migrantes. Implementaron algunos programas de capacitación con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad y con el Comité Nacional de Alfabetización. Asimismo, después del 2015 se abrieron oficinas en las siete regiones del país para atender de forma más cercana las demandas de familiares y seguramente de migrantes deportados.

El impacto de lo implementado es mínimo por la partidocracia que se ha instalado como cultura política. Del mismo modo, dejar el consejo en suspenso confirma otro incumplimiento del Estado a legislaciones que se han aprobado y que se supondría que serían de beneficio social. Cambiar esta forma de gobernar requeriría más bien dotarlo de equipo profesional y comprometido con la población migrante, así como de los recursos necesarios y de una fiscalización de sus resultados y de su impacto.

Las deportaciones serán cada vez más aleatorias y las posibilidades de retorno cada vez menores. La población en el exterior reclama atención, empezando por cumplir con su documentación básica, DPI y pasaporte. Y sería importante que contaran con asesoría legal para evitar ser deportados, saber cómo actuar cuando la deportación provoque que los hijos se queden en el resguardo de otras personas y no perder los bienes en que hayan invertido en el extranjero.

Pero ante todo se requiere de una fuerte política para implementar programas de inserción de la población deportada en Guatemala y devolverle algo de lo que ha aportado a este país. No es posible que la población migrante siga siendo el tercer sector de la economía y que sea la última en recibir beneficios, ya que sus derechos no están siendo garantizados ni en Estados Unidos ni en Guatemala.

¿A quién le importa el Conamigua? ¿O es que siempre fue el apéndice de esta débil institucionalidad del Estado, al que la inercia y la ineptitud también le provocarán una muerte lenta?

 

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[1] Solo en estos tres meses del 2017 van Q1 941 352.6, según el Banco de Guatemala.

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