Afirmaba que estaba «totalmente convencido» de que el apoyo de la comisión era fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional del país. Por tanto, solicitaba «desde ya al excelentísimo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, otra prórroga por dos años más a partir de septiembre de 2017».
Un año después de esta petición, habiendo pasado apenas dos días desde que el MP y la Cicig presentaran la solicitud de retirarle el derecho de antejuicio y ya con la acusación legal en contra de su hijo y de su hermano, Jimmy Morales declaraba persona non grata al comisionado Velásquez. El mismo funcionario que un año antes había elogiado ante Ban Ki-moon ahora era objeto de su arrebato, solo que ahora quien lo escuchaba despotricar era António Guterres, el nuevo secretario general de la ONU.
Por aquel entonces, el 26 de agosto de 2017, salió también aquel famoso video en el que el presidente nos pedía que confiáramos en él porque estaba actuando no por razones personales, sino en apego al Estado de derecho y a la institucionalidad. Afirmaba que la Cicig era «necesaria e indispensable para el desarrollo económico, social y [sic] en el combate de la impunidad y la corrupción de este país». También afirmaba: «Los funcionarios públicos son pasajeros. Sin embargo, las instituciones son permanentes, por lo que insto a la comunidad internacional y especialmente a los países cooperantes de la Cicig a que no duden en fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho en Guatemala». Sin embargo, un mes después (en septiembre) Morales se desdecía de nuevo ante la Asamblea General de la ONU y manifestaba su intención de modificar el mandato de la Cicig.
El año 2018 se ha caracterizado por una guerra de baja intensidad contra la comisión. En este contexto se enmarca el acto fallido de un grupo de diputados cercanos a Morales que quisieron presentar una moción privilegiada que planteaba la creación de una comisión para investigar a la Cicig. Dichosamente, esa propuesta solo logró conseguir el apoyo de 66 diputados, pero evidenció las verdaderas intenciones de Morales: destruir la Cicig.
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La siguiente maniobra sería asfixiar la comisión por la vía de sus financistas. Estados Unidos y Suecia son los dos principales donantes de la Cicig. De ese modo, la estrategia debía encaminarse a bloquear estas dos fuentes.
La primera gran jugada fue orquestar una campaña mediática para convertir un caso doméstico de una red ilícita en Migración en un tema de intervención del Kremlin en el MP y en la Cicig. El senador Rubio, por puro amor a la patria, se hizo eco de esta campaña y logró detener los fondos de Estados Unidos para la Cicig.
El siguiente paso sería detener los fondos suecos. El 11 de enero de este año Suecia había anunciado una donación a la Cicig por 9 millones de dólares estadounidenses. Dicho aporte representa el 28 % del presupuesto total de esa institución. En este caso, la Cancillería guatemalteca arremetió contra el embajador Kompass, a quien acusó de haber llamado corruptos a los chapines (casualmente en el evento en el cual se hizo la donación, cinco meses atrás), y pidió que se hiciera un cambio de embajador. Además de dar un golpe moral, la apuesta de las autoridades chapinas es que Suecia retire su embajada y los fondos que asigna a la Cicig.
Hoy, a apenas nueve meses de aquella declaración en la que Jimmy Morales nos pidió confiar en él y les aseguró a la comunidad internacional y a los países donantes de la Cicig que no dudaran en seguir apoyando la institucionalidad, ¿quién le cree?
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