Acosar a un juez honesto es un crimen grave, que requiere recursos cuantiosos para que los perpetradores puedan continuar operando impunes.
Considero a Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, un bastión de honestidad e integridad de la judicatura de Guatemala. Ha ganado notoriedad porque con verdaderas cátedras de derecho, ha actuado con sabiduría y profundo sentido de la justicia en procesos de alto impacto.
La lista de estos casos es extensa a lo largo de la carrera del juez Gálvez. Quizá el más notorio hasta ahora es el proceso en contra de personajes como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías, en el marco del caso La Línea. Pero no se quedan atrás los casos Cooptación del Estado, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Aceros de Guatemala, el asesinato de Cristina Siekavizza, el juicio por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt, la red de Pavón liderada por Byron Lima Oliva, el narcotraficante Eduardo Villatoro Cano y el asesinato de policías en Salcajá, la muerte de Rodrigo Rosenberg, el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano, y otros más, hasta remontarse a su primer caso, el del ex comisionado militar de Quiché, Cándido Noriega, juzgado en 1999 por cometer actos de genocidio.
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La coyuntura actual no es la primera vez que el juez Gálvez recibe amenazas por su trabajo. En mayo de 2016 fue amenazado, presuntamente por su actuación en los casos de la TCQ y Aceros de Guatemala. Es claro que no es un juez miedoso, o que se deje intimidar fácilmente. Una y otra vez ha demostrado rectitud y valentía para tomar la decisión judicial que estima correcta, independientemente del personaje que está juzgando. Ese principio del derecho que nos es tan ajeno: todos somos, o debemos ser, iguales ante la ley. No importa si es un infractor de tránsito, o si es Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio, se debe aplicar la ley, respetando las garantías procesales y los derechos del sindicado, ni más ni menos.
Luego de lograr el exilio del fiscal Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán y una veintena más de operadores de justicia, porque hicieron su trabajo correctamente, especialmente en casos de corrupción, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, de encarcelar a las fiscales Virginia Laparra y Siomara Sosa, y a la exmandataria de la Cicig, Leily Santizo, ahora la ola de acoso y ataques en contra de las y los operadores de justicia se ensaña en contra del juez Miguel Ángel Gálvez.
Entre los perpetradores visibles de este crimen destacan Ricardo Méndez Ruíz y su pandilla de mercenarios de la Fundación Contra el Terrorismo. Pero es muy importante tener claro que esa gentuza que está dando la cara y haciéndose famosa en su papelito de aprendices de fascistas, en realidad no tiene los recursos financieros, profesionales ni intelectuales para montar una campaña de esta magnitud. Alguien los está financiado y les está proveyendo esos recursos, incluyendo minuciosos cabildeos en Washington DC. Claramente el presidente Giammattei, Miguel Martínez y Consuelo Porras pertenecen a esta mafia, pero no como capos, también son delincuentes a sueldo de gente, por mucho, más poderosa.
La defensa del juez Miguel Ángel Gálvez, y de todos los operadores de justicia honestos e íntegros, debe responder preguntas como ¿quién financia y apoya a Ricardo Méndez Ruiz y su Fundación Contra el Terrorismo? ¿Por qué atacan a los jueces y fiscales de casos en los que no están directamente involucrados? ¿Quiénes se beneficiarían directamente si el juez Gálvez es apartado del Juzgado B de Mayor Riesgo?
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