Trata sobre los prejuicios y la histeria colectiva cuando un submarino ruso encalla cerca de una pequeña isla en la costa este de Estados Unidos. La trama se resuelve cuando todos, rusos y estadounidenses, se unen para salvar a un niño en peligro y se reconocen como iguales.
En estos días, Guatemala está viviendo esta histeria colectiva con las visiones apocalípticas sobre una de las propuestas a las reformas constitucionales del sector justicia. La derecha más mediática siempre coopta (palabra justa) radio, prensa tradicional, medios digitales, televisión y blogs para repartirle leña (argot futbolístico) a la propuesta y vender la defensa de principios que nunca ha defendido, como igualdad, solidaridad y justicia. Esta estrategia puede identificarse como: «¡Que vienen los indios!».
Se están utilizando argumentos de racismo, totalitarismo, discriminación, fraccionamiento del Estado, delegación espuria de funciones públicas y exclusión, entre otros, pero no crean que hacia las comunidades indígenas, no. Estos argumentos se utilizan para victimizar a la clase media ladina y servil con la clase dominante hidalga y decimonónica. Es decir, todos los prejuicios instaurados en esta sociedad conservadora y superficial se exacerban fácilmente y encuentran un caldo de cultivo perfecto para acentuarse mediante la invocación de lugares comunes, conocidos y reconocidos por todos estos, que como perros de Pavlov salivan rabia y agresión ante las palabras sagradas en el imaginario clasemediero: Dios (¿que es eso de cosmovisión maya?), patria (quieren su sistema jurídico y su territorio) y libertad (solo falta que estos me juzguen y limiten mi libertad).
Nada se comenta sobre que los sistemas de resolución de conflictos en las comunidades indígenas privilegian el diálogo, la reparación digna, la reinserción social, la restauración de la convivencia, y se han venido utilizando a pesar de la oposición estatal desde hace siglos. No muestran las estadísticas criminales ni mencionan que los municipios donde hay menos crímenes violentos son los que cuentan demográficamente con más indígenas.
Tampoco se analiza la forma democrática y consensuada de elección de las autoridades, basada en principios de compromiso y de reconocimiento comunitario del electo, mucho menos que esta proviene de un proceso paulatino de involucramiento en diversos aspectos de la vida en común, que culmina con la elección de la autoridad ancestral y que posteriormente, a su salida, esta autoridad se convierte en un anciano que es respetado por todos y se integra como consejero de su comunidad.
Está claro que la sociedad guatemalteca ha fracasado en incorporar a la mayoría de los habitantes del país en un proyecto de desarrollo común y que el Estado, estratégicamente débil, tiene presencia testimonial en casi todo el territorio, donde el acceso a la justicia ordinaria para los indígenas es tortuoso e infructuoso.
Es irónico que estos mismos personajes que vociferan contra la reforma constitucional del sector justicia con el reconocimiento del sistema jurídico indígena hayan presentado una propuesta de reforma constitucional ahí sí excluyente y elitista, denominada ProReforma, con la cual se crearía un cuerpo colegiado de senadores que legislarían leyes a medida de la élite y se contradirían hipócritamente sus argumentos actuales. A este mismo sector conservador no le importará aliarse en un frente común con grupos de poder paralelos a los cuales no les interesa la reforma de la carrera judicial, la supresión de las comisiones de postulación, la regulación del antejuicio ni la separación de la función administrativa de la jurisdiccional en el Organismo Judicial, de manera que apostaría a que la ciudadanía capitalina rechace las reformas y a que el resto del país se abstenga de participar en una eventual consulta, tal y como sucedió en 1999. Una alianza perversa que nos llevará, si triunfa, a las profundidades del Estado fallido.
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