A veces la diferencia entre política enunciada y resultado obtenido es deliberado: el político sagaz distrae diciendo algo —para bien o para mal— a sabiendas de que el resultado deseado vendrá de otra parte. Pero a menudo la cosa es más sencilla: no se consideran bien las implicaciones de lo propuesto.
Así ha ocurrido con la iniciativa de ley de regulación de parqueos del diputado Álvaro Velásquez. No me refiero a la inesperada lluvia de críticas de amigos y enemigos (incluyendo esta), sino a la materia sustantiva por regular: el estacionamiento de vehículos particulares.
El caso es paradigmático, pues, aunque el tránsito vehicular es asunto crítico y merece una discusión propia, ilustra bien cómo una decisión de política puede tener resultados inesperados. La pregunta que necesitamos responder —tanto el diputado como nosotros— es qué se quiere conseguir. Aclarado esto, podremos debatir la bondad o la debilidad de las propuestas.
Algunas intenciones son evidentes, como desear asegurar a la ciudadanía ante pérdidas innecesarias. Nadie quiere quedar desprotegido ante un robo, pero pocos gastamos en comprar seguros. Como solución, el diputado propone la contratación, por el dueño del estacionamiento, de un seguro contra robos cuya cobertura se demostraría por la tenencia del tiquete del parqueo. Es buena idea, pues el problema es específico y la solución resuelve el asunto de forma directa en el lugar donde cuenta. Al Estado se le facilita exigirlo a los pocos parqueos antes que a la multitud de ciudadanos. Además, los estacionamientos son un pool de riesgo previsible, donde invertir en seguridad puede reducir la exposición a ese riesgo para abaratar las primas y donde el Estado puede vigilar a las aseguradoras, tan dadas a engañar con la letra menuda.
Otras intenciones son más ambiguas y los resultados igualmente menos claros. Así, el diputado propone precios tope en estacionamientos de centros comerciales y de universidades. Propone también que las primeras horas de parqueo en centros comerciales sean gratuitas. Adivinamos que su propósito es aliviar el gasto de bolsillo de los dueños de automóvil. Pero igualmente podría alegarse que quiere castigar a los propietarios de los estacionamientos, especialmente a los extorsionistas. Como los de cierta universidad en la zona 10. A mi también me despiertan inquina, pero ¿es papel del legislador escarmentar las malas conductas de los ciudadanos por mucha plata que tengan?
El problema mayor se destapa con un poco de economía básica: ¿qué pasará al poner un precio tope o mandar horas gratis —literalmente, subsidios del dueño del parqueo al dueño del automóvil— en torno a bienes de oferta y demanda relativamente flexibles? Por una parte, quienes están en el negocio del estacionamiento o han considerado entrar en él decidirán que su dinero rendirá más en otra cosa, lo cual agravaría la escasez de parqueos. Por la otra, los automovilistas que hoy usan el autobús o un taxi para evitar el costo del parqueo sacarán su pichirilo a la calle. Ambas cosas empeorarán el tránsito y todos perderemos.
El diputado necesita reconocer que el asunto no es ver a los dueños de automóvil privado como pobrecitos a quienes los parqueos esquilman, aunque lo estén haciendo. Los precios tope sirven, pero solo para algunas cosas. El propósito de esta política no puede ser subsidiar a los que ya tenemos auto, sino reducir para todos el costo de trasladarnos en la ciudad. En particular, para los más pobres. Aclarado este propósito, las medidas se vuelven obvias y van juntas. Primero y paradójicamente, no abaratar, sino más bien encarecer el parqueo privado y también el público (los parquímetros especialmente, aunque no nos guste) para empujarnos a los clasemedieros y hasta a los ricos a preferir opciones de transporte público que desahoguen el tráfico. Segundo, asegurar que el dinero ganado con ese encarecimiento —vía impuestos y tasas— subsidie una mejora sustancial en el transporte público. Y tercero, exigir que las autoridades responsables —aló, Municipalidad de Guatemala, como siempre calladita cuando la pelota está en su cancha— cumplan con su harta responsabilidad y proporcionen más y mejor transporte público.
Qué bien que el diputado salga con una espada flamígera a perseguir irresponsables y aliviar la vida del pobre. Pero conviene hacerlo donde toca y con el instrumento apropiado. En particular, actuando contra las municipalidades: ya tienen responsabilidad propia o adquirida en el régimen de parada y estacionamiento y cuentan con acceso a los fondos para satisfacer la urgente necesidad de transporte público[1].
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