Qué pasó y qué pasará en Chile

La carta magna pinochetista, producto de la llamada Comisión Ortúzar, es la síntesis clara de lo que quiso ser el paradigma del neoliberalismo entendido como la privatización de todo servicio público y la limitación del usufructo de los derechos sociales e individuales solo a quienes pueden pagar por ellos. Los beneficios privados se pusieron totalmente por encima de los colectivos y se alejó al Estado, pero no al Ejército, de cualquier función productiva. Asimismo, se convirtieron en mercancía no solo la salud y la educación, sino también la información, las jubilaciones y la vivienda. En contraposición, al Estado le fueron dadas amplias licencias para perseguir y reprimir cualquier voz de disenso, de modo que se condenó la diversidad de género a la clandestinidad y se mantuvo el patriarcado más rancio y atrasado.

Ese concepto de Estado y de sociedad pronto les dio magníficos frutos a las antiguas oligarquías y a los que con maña y servilismo se hicieron de los servicios públicos privatizados, como universidades, colegios y clínicas. El bum redujo en algún momento la pobreza extrema, pero limitó el crecimiento y desarrollo de las clases medias, que vieron hipotecadas sus vidas y las de sus descendientes.

Es todo eso lo que los partidos más abiertamente de derecha, los que llevaron al poder en 2018 a Sebastián Piñera, agrupados en esta elección constituyente en la lista Vamos por Chile (Unión Democrática Independiente —UDI—, Renovación Nacional —RN— y Evolución Política —EVOP—), no podrán defender, pues apenas obtuvieron 37 (24 %) de las 155 bancas en disputa, muy distantes de las 53 necesarias para impedir que cualquier propuesta o artículo sea aprobado por las dos terceras partes de la constituyente, tal y como establece su regulación.

Hasta aquí, la derrota de las derechas es clara. La asamblea constituyente estará integrada por 118 representantes (76 %) cuyos electores claramente los prefirieron por encima de los candidatos de los partidos gobernantes. Constituyen una mayoría más que holgada para aprobar cualquier artículo constitucional y llegan sabiendo claramente qué es lo que sus electores no quieren.

Sin embargo, por ahora el triunfo es hasta allí. Redactar efectivamente una constitución que establezca un Estado al servicio de una sociedad efectivamente incluyente, de manera que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios y ejerciten todos sus derechos de manera libre y sin discriminación, exigirá una fuerte dosis de claridad en las propuestas, así como un amplio espíritu de negociación entre las distintas fuerzas progresistas, entre las cuales muchos no son de izquierdas y están apenas separados de la derecha conservadora en algunos aspectos y asuntos.

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La izquierda, con más visión de la equidad, que privilegia el bienestar colectivo antes que el individual y que promueve un papel más activo del Estado en la economía (y que compitió en la lista Apruebo Dignidad, integrada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y sus aliados), obtuvo solo 28 bancas, también demasiado lejos de las 53 necesarias para impedir cualquier pacto mayoritario en contra de sus propuestas y que contase con el apoyo de las derechas. Por su parte, en situación un poco parecida quedó el bloque de la centroizquierda, integrado por los partidos que formaron la vieja Concertación (Democracia Cristiana —DC—, Partido Socialista —PS—, Partido por la Democracia —PPD— y Partido Liberal —PL—), y sus aliados, pues solo obtuvieron 25 bancas, lo que lo obliga a negociar con el resto de los representantes, en particular con las listas de independientes, no partidarios, que en sus distintas composiciones obtuvieron 48 bancas, así como con los 17 representantes elegidos por los pueblos originarios.

La aritmética electoral resultó compleja para otorgar las bancas porque, además de la multiplicidad de listas, había que dar cumplimiento al principio de paridad de género, una importante y valiosa novedad en los procesos electorales del mundo entero. No obstante, el proceso constituyente se enfrenta a la disyuntiva de compaginar demandas de las más disímiles y particulares, que condujeron a la elección de los 48 independientes, con las de las corrientes progresistas y de izquierda, de manera que las mañas y amenazas veladas de la derecha no inviabilicen la legalización de demandas sociales como el derecho a una educación de calidad para todas y todos sin importar condiciones socioeconómicas o étnicas, salud pública para todos y todas y el derecho a una vejez con dignidad, sin depender de sistemas de ahorro bancario que, como ha quedado demostrado, solo enriquecieron a sus accionistas y no beneficiaron efectivamente a la población de más bajos ingresos.

Mas, si estas cuestiones bien pueden conseguir los votos suficientes de los independientes, en algunos aspectos más específicos, como la supresión de la enseñanza y de la salud privada subvencionada por el Estado, que funcionan como mecanismos de exclusión social, pueden llevar a rupturas críticas entre la izquierda y la centroizquierda, lo cual beneficiaría a una derecha que intentará, en todo lo posible, salvar algunos muebles del régimen que ahora agoniza. Más compleja será, en consecuencia, la aprobación de cuestiones como el derecho al aborto y la unión civil de parejas homosexuales, temas en los que muchos independientes podrían votar en contra.

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Felizmente, los debates y discusiones de la constituyente serán de libre acceso al público, pues deberán ser transmitidos por los distintos medios de comunicación y por las redes sociales, con lo cual los sectores de la sociedad que ampliamente se movilizaron para conseguir este paso trascendental podrán ejercer su presión pública para conseguir satisfacción a sus demandas.

Lamentablemente, no está en el horizonte de la constituyente modificar la forma de gobierno para dejar el trasnochado presidencialismo y pasar una forma más democrática como el parlamentarismo, que en una versión menos europea podría permitir la permanencia de fuerzas independientes, no partidarias, tal como se ha conseguido con la elección de esta asamblea. Ninguna de las tres fuerzas políticas lo ha propuesto, como tampoco lo han hecho los independientes, con lo que, redactada la Constitución, el terreno de lo político quedará, de nuevo, como exclusivo de los partidos políticos.

Lo que sí resulta innegable es que la campaña para las elecciones del 21 de noviembre, tanto para presidente como para diputados y senadores, estará marcada por las conquistas o derrotas que una tendencia u otra obtengan en la asamblea, y será la primera vez que diputados y senadores tendrán limitadas las veces en que pueden ser reelegidos.

Evidentemente, lo que sucede en Chile influye para bien o para mal en los demás países de la región. Las conquistas obtenidas luego de varios años de movilizaciones sociales son un incentivo para distintos colectivos a no desmayar en sus luchas. Queda claro entonces que, si no se construyen alianzas amplias, que permitan construir propuestas comunes, el triunfo es mucho más difícil. Lo que demostraron los distintos sectores chilenos, hasta ahora, es que el sectarismo es el mayor enemigo de las luchas sociales, ya que solo en una amplia articulación social es posible alcanzar conquistas sociales.