Que el pueblo decida

Nuevamente salen a flote lo mismos reproches, ¿quién mato y torturó más, quién hizo más o menos daño, quién sufrió más? Un clamor de justicia que obscenamente se mezcla con el odio y la venganza. ¿Hasta dónde llega uno y cuándo comienza el otro?

No me extraña que casos como el de Méndez Ruiz, salgan a la luz pública y se ventilen en los juzgados, sobre todo, porque provienen de sectores sociales con derecho a voz; mientras que los indígenas viven aún al margen de la justicia.

Sin embargo, como decía Dina Fernández en su columna del lunes en El Periódico, “Lo atroz de las guerras civiles es que destruyen familias y comunidades”. Durante el conflicto armado interno ocurrido en Guatemala, miles de personas inocentes murieron y más de 45,000 fueron víctimas de desaparición forzada. La mayor parte de estos muertos y desplazados no los puso ni el ejército, ni la guerrilla; sino la población civil.

Para ningún guatemalteco es un secreto que los indígenas fueron los que más muertos pusieron en esta guerra. Tampoco es secreto que el 95% de estos crímenes son responsabilidad del ejército. Sin embargo, la guerrilla también tiene su cuota, ellos también son responsables de asesinatos, secuestros y torturas, contra su gente y contra empresarios. “Este tipo de crímenes de la insurgencia podrán tener una explicación política y militar, pero no una justificación moral”, dice Dina. Como tampoco tienen explicación moral los crímenes cometidos por el ejército.

Curiosamente, para los familiares de estas poblaciones indígenas masacradas, la búsqueda de la justicia no parece ser, al menos en principio, lo fundamental. Esta demanda es, más bien, el pedido de grupos políticamente comprometidos con los derechos humanos. Según el testimonio de familiares sobrevivientes, lo que se espera en las comunidades es que “sus muertos estén bien enterrados”. Esto es, de acuerdo a su cultura y tradiciones.

La señora Fernández cerraba su columna haciendo un llamado a ponerle punto final a los enjuiciamientos nacidos durante el conflicto armado. Probablemente, ella esté en lo correcto, sin embargo, esta debe ser una decisión que, libre y soberanamente tome el pueblo de Guatemala. Lo correcto es hacer la pregunta a los guatemaltecos, así como se hizo en Uruguay con la Ley de Caducidad, y que sea el pueblo quien decida si quiere enjuiciar a los responsables o si prefiere una amnistía general.

Si durante la guerra se terminó con la vida de tantos inocentes, que ahora la democracia nos sirva para reivindicar nuestros errores. Veamos qué opina la gente.