Cada tanto los precandidatos presidenciales hablan de fortalecer la Salud Pública y terminar con los millonarios traspasos que el Fisco entrega a los privados. Estas intenciones, sin embargo, chocan con los hechos, pues lo que hicieron los gobiernos de la Concertación no dista mucho de lo que ha hecho la actual administración de la Alianza: debilitar la capacidad de la red pública, permitiendo que se financie con fondos públicos el lucro de los privados.
Hoy urge una verdadera refundación del sistema sanitario chileno. Hablamos de una reforma tan profunda a las bases del sistema como la que se requiere en educación. Entre los muchos cambios que deben llevarse a cabo, hay cuatro temas de fondo que nos parecen fundamentales. Cualquier reforma que se haga sin abordar estos puntos resultará cosmética o, peor aún, se traducirá en mayores ganancias para los privados, como ha pasado con los cambios introducidos hasta ahora.
1. LA SALUD COMO UN DERECHO UNIVERSAL
Hoy la Constitución garantiza la salud desde la perspectiva de la “libertad de elección”, afirmación que, como hemos visto en las columnas anteriores, solo resulta cierta si usted tiene suficiente dinero para elegir. En realidad, con esta forma de entender el derecho a la salud, lo que la Constitución ampara es el derecho a hacer negocios con la sanidad y no el derecho de la población a una vida sana.
Es central, entonces, para reformar de verdad el Sistema de Salud chileno, cambiar el paradigma con el que opera el Estado. Pasar a uno en donde se asegure de forma integral el derecho a la salud mediante cobertura universal. No como en la actualidad, donde la cobertura está segregada de acuerdo a la capacidad de pago o al riesgo de enfermar.
Cambiar el paradigma implica que la Constitución debe avalar integralmente la salud de la población. No basta con que el Estado garantice el acceso a prestadores públicos o privados. El Estado debe comprometerse con el pleno bienestar de salud de la población. Pensamos que esto se ve materializado de mejor forma en la llamada “cobertura universal de la salud”. Esto implica que el Estado debe reconocer como un derecho el acceso, la calidad y la protección financiera al conjunto de los habitantes, respecto de sus necesidades sanitarias.
La implementación de herramientas legales que hagan exigible el derecho a la salud por parte de la ciudadanía es un camino promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Ver: Resolution WHA58.33. Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance In: Fifty-eighth World Health Assembly, Geneva, 16–25 May 2005). En Chile debemos avanzar en este sentido, incluyendo en la Constitución la cobertura universal y generando los mecanismos legales para hacer exigible el derecho a la salud.
2. FORTALECER LA SALUD PUBLICA
La Salud Pública requiere de un sustancial aumento de recursos en todos sus niveles. Sin embargo, dado que la principal misión de un sistema sanitario debe ser mantener sana a la población -y no abocarse solo a curar enfermedades-, la atención primaria debe recibir un apoyo substancial. Consideramos urgente revisar las brechas de financiamiento, el déficit de profesionales y falta de medicamentos. Estimamos que en el corto plazo es necesaria una duplicación del monto que se gasta hoy. Actualmente se entregan $3.500 mensuales por cada persona inscrita en un consultorio de atención primaria. Es necesario llegar por lo menos a $ 7.000.
Otro de los grandes problemas de la Salud Primaria es la deficiente administración que llevan a cabo los municipios. La calidad de la salud que se entrega en una comuna es hoy extremadamente dependiente de la voluntad del edil y de las corporaciones municipales de derecho privado. No creemos, sin embargo, que la solución sea el regreso al Estado centralizado. Pensamos que la vía de solución es promover la participación de la comunidad en la toma de decisiones de salud, lo que implica generar mecanismos de participación en la dirección de los centros de salud.
A nivel hospitalario hoy nos encontramos frente a un sistema desfinanciado, con hospitales endeudados debido a la política de precios y aranceles que no cubren los costos reales de las distintas acciones que realizan (ver “Cómo se ha desmantelado la salud pública” ). Íntimamente relacionado con este endeudamiento está la pronunciada reducción de camas que ha sufrido el sistema público en los últimos 25 años.
Para superar estos problemas es necesario abandonar la política arancelaria (esto es, la forma en la cual Fonasa financia a los hospitales mediante precios por la actividad que realizan), y pasar a un esquema de asignación de montos per cápita, es decir, dinero vinculado a la cantidad de población que atienden los hospitales y de acuerdo a la complejidad de los casos que reciben.
Es necesario también revisar la actual política de concesiones que parece centrada en generar lucro para los privados y no en satisfacer las necesidades de la población. Hoy, a través de distintos mecanismos, el Fisco traspasa más de US$1.000 millones al año a los privados. Ese dinero es central para financiar las reformas de las que estamos hablando.
Otro aspecto fundamental que debe incluir cualquier reforma estructural al Sistema de Salud chileno es una nueva relación con los trabajadores. El recurso humano es el motor del sistema y en Chile, desde hace 30 años, ha habido una sistemática precarización laboral en el sistema público, lo que ha provocado la actual carencia de profesionales, sobre todo médicos, tanto especialistas como generales, enfermera/os y matronas, debido a su migración al sistema privado.
Parte del fortalecimiento del sistema pasa también por asegurar estabilidad laboral, carrera funcionaria, condiciones adecuadas para el desempeño de la profesión y opción de capacitación y formación permanente, en todos los niveles, desde la atención primaria hasta los hospitales de alta complejidad.
3. FINANCIAMIENTO SOLIDARIO
La lógica de financiamiento de la salud en Chile ha generado gran desigualdad y segregación, dado que la distribución del gasto sanitario privilegia al sector privado. A eso se agrega el hecho de que la mayor fuente de financiamiento en salud (37% del total) proviene directamente del bolsillo de las familias. Esto es sumamente negativo pues se trata de un gasto regresivo que, en casos de enfermedades catastróficas, pueden llevar a las familias a la pobreza.
El sistema privado, al que se destina el 57% de los recursos que el país gasta en salud, beneficia a la población con mayores ingresos, más joven y sana. Mientras, el sistema de Salud Pública, desfinanciado, debe cubrir las necesidades de más de 13 millones de habitantes, de menores ingresos, de mayor edad y por ende, con mayores factores de riesgo de enfermar.
Lograr un cambio que termine con los graves problemas del Sistema de Salud implica realizar una reforma profunda a la manera cómo éste se financia. Una forma es avanzar a un esquema basado en impuestos generales (modelo inglés). Esto implica reconstruir el sistema en torno a una lógica solidaria, dado que los que tienen más recursos deberán aportar más.
La evidencia recomienda que países como el nuestro adopten el modelo de impuestos generales para financiar la salud, dado que facilita la posibilidad de alcanzar la cobertura universal y asegura equidad (Sobre este tema vea “Financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal”). Una reforma a fondo del Sistema de Salud, por lo tanto, está ligada con una reforma tributaria. No se puede pensar en una sin la otra.
Pero si los recursos provienen de impuestos que recauda el Fisco, estos no pueden terminar en el actual sistema de aseguramiento privado con fines de lucro. Como lo hicimos notar en nuestra primera columna, ese sistema produce segregación y gran desigualdad. ¿Qué hacer con las Isapres entonces? Por lo pronto, no deben seguir administrando el 7% legal que se saca de los ingresos de los chilenos y que funciona como un impuesto para la seguridad social. Estos recursos deben ser destinados para asegurar la salud de todos.
No nos oponemos, a priori, a la existencia de prestadores de salud privados. Y se puede pensar en el aseguramiento privado para el ámbito de seguros complementarios. Sin embargo, consideramos que la salud no puede ser un terreno de enriquecimiento, dado que esto niega la calidad de la salud como derecho humano. En este sentido, de existir prestadores y clínicas estás tendrán que ser sin fines de lucro.
4. DEMOCRATIZACION Y PARTICIPACION
Actualmente nuestro Sistema de Salud es sumamente jerarquizado y con nula participación de la comunidad. La participación se ha entendido solamente desde una perspectiva consultiva. Las recomendaciones de los últimos 30 años de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, define que la participación social es uno de los puntos básicos de los procesos de modernización y reforma de la gestión pública.
Involucrar a los propios trabajadores del sector salud en la generación de las políticas públicas en el área, así como también generar modelos de gestión participativa de las instituciones, es un paso necesario para alcanzar un sistema sanitario de calidad. También es necesario alcanzar mayor involucramiento de la comunidad principalmente a nivel de la atención primaria.
Las reformas enunciadas aquí no son fáciles de implementar. Requieren revertir una forma de ver la política pública que ha regido por varias décadas, sostenida por colectividades políticas que, más allá de lo que piensen sobre el rol del Estado, han dejado que la Salud Pública sea desmantelada.
Es poco probable que sean esas colectividades con sus candidatos, las que de motu proprio rectifiquen lo hecho por años. Siguiendo el ejemplo de los estudiantes -y como ellos han logrado producir una discusión inédita en la educación-, los cambios en salud requieren de un movimiento social empoderado que impulse transformaciones, que desnaturalice el actual estatus quo del sistema, cuestionando sus pilares estructurales. De lo contrario, continuaremos con soluciones parche que sólo empeoran la situación.
* Publicado en Ciper, 3 de junio.
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