Es indiscutible que muchos sectores económicos requieren con desesperación la reapertura económica: una situación particularmente desesperada para el sector informal de subsistencia, es decir, para las familias para las cuales el día que no se sale es frecuentemente un día en el que no se come. Pero también para muchos negocios formales, como el caso de restaurantes, barberías y salones de belleza, taxis y muchos otros.
Uno entiende que por eso es que el gobierno del presidente Giammattei y, en general, todos los gobiernos alrededor del mundo están buscando formas para lograr reactivar las actividades económicas más golpeadas. En resumen, la propuesta es permitir la reapertura, condicionada a la observancia de medidas y protocolos sanitarios estrictos.
Sin embargo, el éxito de esa propuesta de reapertura exige disciplina y una cultura de legalidad extraordinarias. Lamentablemente, las escenas de los países que han iniciado procesos de reapertura gradual muestran cómo esa disciplina y esa cultura de legalidad parecieran ser ajenas a la naturaleza humana o a la rebeldía natural de la juventud, según lo demuestran las escenas de borracheras juveniles en el Reino Unido, con gente que amanece ebria y tirada en la calle luego de que se permitiera la reapertura de los pubs. Luego de la confirmación de contagios de covid-19, muchos de los negocios que reabrieron han tenido que volver a cerrar.
En lo que nos toca en Guatemala, la situación es para preocuparse de verdad, ya que hemos tenido nuestra cuenta de irresponsabilidad colectiva incluso antes de autorizada la reapertura de negocios como bares y restaurantes. Como ejemplo, el vergonzoso caso de la fiesta clandestina en la mueblería O3 y, con ello, la proliferación de ese tipo de actividades. Es fácil imaginar cómo, al igual que otros países, una parte de la juventud guatemalteca caerá presa del desborde de desenfreno y desorden colectivo, con consumo excesivo de alcohol y seguramente también de drogas ilegales.
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Pero el riesgo de fracaso de la estrategia de apertura no se limita solamente al problema de la parranda desenfrenada. Es indudable que la reactivación del transporte público es clave para viabilizar la reapertura económica, con lo cual el éxito o fracaso de la estrategia gubernamental depende en gran medida de lograr que los protocolos se cumplan de manera estricta en el transporte público, urbano y extraurbano. Una situación de horror porque, quizá aparte del sistema Transmetro, y tomando en cuenta los antecedentes nefastos de irrespeto a leyes y reglamentos y los vejámenes al usuario, en particular a mujeres y adultos mayores, ¿alguien cree de verdad que choferes y brochas ahora sí serán responsables y obedientes y cumplirán con rigor los protocolos sanitarios y de seguridad? Y si lo hicieran el primer día, ya algo difícil de creer, ¿continuarán cumpliendo con el paso del tiempo?
¿Cumplirán todas las empresas con el rigor debido los protocolos y procedimientos de seguridad? O, tal como ocurrió con la maquiladora criminal KP Textil de Guatemala, S. A., pese a existir protocolos, leyes y reglamentos, ¿proliferarán empresas que los violen sin importarles la vida de sus trabajadores?
Me temo que la crónica y profunda carencia de una cultura de legalidad en Guatemala y el impacto de los discursos egoístas apuntan a un pronóstico pesimista de los planes de reapertura económica. Temo que, de manera similar a los pubs ingleses, más tardarán en reabrir que en tener que volver a cerrar para contener los rebrotes y contagios derivados de la irresponsabilidad y el egoísmo colectivos.
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