El Gobierno y un grupo de empresarios, cuales políticos en campaña, han intensificado su ofrecimientos de empleo. El pasquín televisivo “de frente con el presidente” de la semana pasada se dedicó a explicarnos lo que no hay necesidad de explicar: que Guatemala necesita más empleos. Fue ingenuo, si no ofensivo a la inteligencia de la ciudadanía, dedicar carísimo tiempo en televisión para repetir las bondades que tendría crear más puestos de trabajo, sin explicar cómo se va a lograr.
El Ejecutivo presentó algunas iniciativas de ley, y ha calificado de “urgente” la aprobación de la número 4644, “ley de promoción de inversiones y empleo.” Una colección de privilegios fiscales con los cuales pretende atraer empresarios que inviertan en Guatemala, y con ello generar empleos. Pero como he señalado en este espacio, eso está por verse.
Rebajar impuestos es una apuesta muy riesgosa que no nos ha funcionado en el pasado, y tampoco le ha funcionando a los países vecinos que han adoptado esquemas agresivos de privilegios fiscales. ¿Será justo para las empresas establecidas y que sí tributan, que las empresas nuevas gocen del privilegio de no tributar? Encima de esta injusticia, la SAT emitió un dictamen desfavorable alertando que la aprobación de esta ley generará pérdida de los ya escasos ingresos fiscales.
El hecho es que, por ejemplo, en 2013 la inversión extranjera directa que llegó a Centroamérica fue 20% más que en 2012. Sin duda algo muy bueno para la región en conjunto. Pero de toda esa inversión, Guatemala capturó solamente el 13% del total, en tanto que Costa Rica y Panamá capturaron casi el doble (el 60% en conjunto). ¿Cómo lo hacen? ¿Rebajando impuestos como lo pretendemos hacer en Guatemala (“compitiendo” con lo que ya han hecho Honduras y El Salvador)?
No, a nuestros hermanos costarricenses y panameños les va mejor con esto de atraer inversiones y generar empleos porque tienen: mejores condiciones de vida, población más sana, fuerza laboral mejor educada (principalmente con sistemas de educación pública), sociedades menos violentas, mejor infraestructura, sistemas judiciales más funcionales y confiables, entre otros aspectos (un etcétera un poco largo, por cierto).
Ayer, el Ejecutivo presentó nuevas enmiendas y correcciones a la iniciativa de ley 4644. Pero, siguiendo las advertencias de la SAT, esto no es suficiente. Así, la principal debilidad de esa propuesta legislativa persiste: la incertidumbre sobre su efectividad, por lo que corre el grave riesgo de ser más de lo mismo, incapaz de atraer inversiones o generar empleos.
Quizá el talón de Aquiles de la “ley de promoción de inversiones y empleo” es que ofrece que el inversionista goce privilegios fiscales antes de generar las nuevas plazas de trabajo. Y, si los impuestos se dejan de pagar, pero no se invierte ni se generan los puestos de trabajo nuevos, ¿quién responderá por la falla y los recursos públicos perdidos?
Ofrecer empleos nuevos es fácil. Por supuesto, crearlos de verdad es muy difícil y requiere un plan integral y de largo aliento. Requiere competir de verdad, lo cual es algo muy distinto a tratar de ofrecer más privilegios que nuestros vecinos (especialmente a los que no les va mejor atrayendo inversiones y generando empleos). Y, en todo caso, si se van a ofrecer incentivos tributarios a la inversión, deberían condicionarse, concederse estrictamente después que se hayan verificado plazas de trabajo formal nuevas.
La preocupación porque esta ley no sea efectiva es, y debe ser legítima y compartida por todas y todos.
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