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¡Prohibamos que los financistas sean proveedores o contratistas del Estado! (2)
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¡Prohibamos que los financistas sean proveedores o contratistas del Estado! (2)

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Tipo de Nota: 
Opinión
10 08 15

Read time: 3 mins

Hace dos meses era una idea en esta columna de opinión. Hoy es una propuesta en un proyecto de ley entregado a la presidencia del Congreso de la República.

Efectivamente, el 16 de junio, en este espacio explicaba la idea de legislar en el sentido de que, si alguien financia una campaña electoral, debe saber que no puede hacer negocios como proveedor o contratista del Estado y que no debe estar vinculado con servidores públicos. Y si se es presidente, vicepresidente, diputado, funcionario o servidor público, tiene prohibido ser proveedor o contratista del Estado. Y si se es proveedor o contratista del Estado, se debería demostrar que no se tiene vínculo alguno con financiamientos electorales o con funcionarios y servidores públicos.

Un mes después, el 16 de julio, la Cicig sacudió al país al publicar su informe El financiamiento de la política en Guatemala, en el que con autoridad y respaldo sólido confirmó la gravedad del problema: los financistas de campañas electorales recuperan sus inversiones vía la corrupción en los contratos con el Estado, en el marco de mecanismos perversos operados por personas que gozan de impunidad y cuotas excesivas de poder.

Hoy, martes 11 de agosto, la mesa que el Congreso de la República convocó en junio para preparar reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, en la que participaron entidades y personas de la sociedad civil, empresarios, diputados y entidades de Gobierno, ha entregado su propuesta al presidente del Legislativo. Y dentro de la propuesta se incluyen, entre muchas otras, reformas al artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado (decreto 57-92) en las cuales, de ser aprobadas por el pleno del Congreso, quedarían establecidas prohibiciones para que los financistas de campañas electorales, dignatarios, funcionarios o empleados públicos sean proveedores o contratistas del Estado.

Con las prohibiciones citadas, la propuesta entregada no es complicada y tiene una medida que responde directa y contundentemente al informe de la Cicig, es decir, tendría dientes para combatir la corrupción. Pero, por supuesto, no se trata de ser ingenuos ante semejante medida. Las diputadas y los diputados, pero sobre todo sus financistas, tienen una motivación fuerte para bloquear su aprobación. Es decir, es más que evidente que el Congreso y los partidos políticos, por sí solos, no van a aprobarla.

Sin embargo, el acompañamiento y la presión ciudadana pueden funcionar. La primera evidencia es precisamente que fue la participación activa de la sociedad civil la que logró que los tres diputados que condujeron la mesa técnica, Nineth Montenegro (EG) como presidenta, Álvaro González Ricci (CREO) como vicepresidente y Álvaro Trujillo Baldizón (Líder) como secretario, aceptaran incluir la medida en la propuesta y ofrecieran suscribirla. En caso de que cumplan estas promesas, la propuesta tendría posiblemente ya tres votos valientes (diputados legislando potencialmente en contra de sus propios financistas de campaña). Pero ¿qué irán a decir los restantes 155 diputados?

Esta es una oportunidad invaluable de que rompamos uno de los muchos y complejos círculos viciosos de la impunidad y la corrupción, de parar el tango entre corruptores (en este caso, malos proveedores y contratistas del Estado) y entidades públicas.

Si en algo valoramos el trabajo de la Cicig, pero aún más si valoramos el caso poco común de que un grupo de diputados acepte una propuesta ciudadana y la suscriba, entonces el pleno del Congreso debe sentir la presión para que la apruebe. Sin presión, nada de lo que han hecho la Cicig y los pocos diputados que sienten el interés de representarnos se traducirá en resultados exitosos.

Hoy la propuesta llegó a manos del presidente del Congreso. ¿Qué haremos nosotros?

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