Para una fácil comprensión de la problemática ambiental, esta se puede analizar atendiendo al impacto que se percibe en el territorio a partir del desempeño institucional alcanzado en (i) la gestión de bienes y servicios naturales que son utilizados en actividades productivas y por los hogares (bosque, tierra, energía, agua, recursos pesqueros, poblaciones silvestres y bienes del subsuelo), (ii) la gestión de los efectos adversos o impactos sobre el ambiente natural (residuos y emisiones), (iii) la gestión de áreas de reserva, especialmente las áreas protegidas, y (iv) la gestión de los intereses nacionales en transacciones que involucran bienes públicos (minería e hidrocarburos, por ejemplo).
Al situarnos solo en la primera categoría y en uno de los problemas históricos, la situación de la cobertura forestal merece retomarse. De su permanencia depende la estabilidad de las tierras, el ciclo del agua, el ciclo del carbono y otros ciclos de nutrientes, el refugio y la reproducción de la vida silvestre, entre una larga lista de bienes y servicios que brinda. Ya es conocido que los bosques naturales experimentan una pérdida bruta de poco más de 130,000 hectáreas anuales. También es conocida la insuficiencia de capacidades institucionales multisectoriales para asegurar la permanencia de los estos.
En síntesis, de la permanencia de los bosques, en gran medida, depende la vitalidad y funcionalidad de los sistemas naturales. Al respecto, las investigaciones de IARNA-URL muestran que, al menos, 45,871 kilómetros cuadrados (un 42% del territorio nacional) tienen un valor estratégico para la conservación asociada a la seguridad ambiental nacional. Esta porción territorial incluye espacios dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y ecosistemas de interés para la conservación estricta, aun no presentes en el SIGAP. De esta superficie, 3,000 kilómetros cuadrados (6% del total) corresponde a cuencas estratégicas (complejo Cahabón-Polochic-Lago Izabal; María Linda; complejo Naranjo-Ocosito; Samalá; complejo Sis-Icán; Suchiate) para la provisión de bienes y servicios con demanda socioeconómica real (agua para consumo humano y para la agricultura, generación eléctrica y mitigación de desastres naturales). Sin embargo solamente 336 kilómetros cuadrados (11% de 3,000 y menos del 1% del 45,871) posee bosques aún en buen estado. El resto de estos territorios está moderada y severamente degradado. Así las cosas, las poblaciones y las actividades productivas asentadas en estas cuencas competirán cada vez más por bienes y servicios ambientales de creciente escasez.
El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2011 ha planteado con bastante contundencia que la exclusión económica se refuerza mutuamente con la calidad del entono natural, hecho que hace más difícil a grupos marginados, como las mujeres y los niños, atender necesidades fundamentales vinculadas a la energía, el agua, la alimentación, el saneamiento, la medicina natural, entre otras. Una deficitaria gestión ambiental exacerba la inequidad. En realidad, de los efectos de un entorno natural diezmado, en mayor o menor grado, nadie se escapa.
Sería interesante que los amantes de la economía, las finanzas y las ciencias políticas, empiezaran a ponderar la dimensión ambiental en sus propuestas de desarrollo y sus mecanismos, por ejemplo el Consejo Económico y Social.
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