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Prisión preventiva para Álvaro Colom por el caso Transurbano (y una celda compartida)
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Prisión preventiva para Álvaro Colom por el caso Transurbano (y una celda compartida)

El juez Eduardo Cojulún, se tardó cuatro días en escuchar a las partes procesales, analizar las pruebas y resolver. El 1 de marzo envió a la cárcel a Colom.
Torres no ha sido implicada en este caso, pero el MP advirtió que aún faltan al menos dos fases de investigación.
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Tiempo aproximado de lectura: 13 mins

Colom, dos de sus exministros y su Secretario Privado permanecerán en prisión por el caso Transurbano. Los otros exministros de su Administración, incluido el de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knigth, fueron favorecidos con una medida sustitutiva. El Ministerio Público tiene hasta el próximo 10 de mayo para presentar la acusación formal; antes de ese día se espera que las siguientes fases de investigación de este caso den luz sobre otros posible implicados. El exmandatario compartirá celda con el también expresidente, Otto Pérez Molina.

Lo que no logró la política lo hizo posible la justicia: juntar a dos expresidentes de la República en un mismo sitio y buscando el mismo objetivo. Álvaro Colom Caballeros y Otto Pérez Molina coincidieron esta semana en los tribunales para reclamar su inocencia por los supuestos fraudes que cometieron durante sus gobiernos, y pedir a los jueces la libertad. Ninguno logró su objetivo. La justicia determinó que, de momento, ambos deben seguir juntos. Durante un tiempo no determinado continuarán compartiendo celda en la prisión preventiva de Mariscal Zavala y, en busca de demostrar su inocencia y lograr su libertad, seguirán consumiendo sendos recursos (de momento aún no cuantificados) del sistema de justicia del país.

26 de febrero. Pérez Molina y Colom despertaron en la misma celda. Horas después, coincidieron en el nivel 14 de la torre de tribunales. Separados por un estrecho pasillo, cada cual acompañado de antiguos colaboradores que corren la misma suerte que ellos, los exmandatarios se presentaban impolutos ante los jueces que conocen los casos en su contra, atendían a los periodistas que buscaban detalles sobre los procesos, hablaban en voz baja con sus abogados y asesores, y saludaban a los pocos amigos que se acercaban a ellos. Ese día, los otros procesos judiciales que se ventilan en los juzgados del 14 nivel no fueron atendidos.

Simone Dalmasso

Pérez Molina es ya un asiduo visitante de los juzgados. Los visita en su calidad de imputado desde septiembre de 2015; tiene más experiencia. Colom, en cambio, que apenas lleva un par de semanas de estar detenido, actúa con más cautela. Ese día, iniciaba la audiencia de primera declaración del caso Transurbano, en el que Colom y su gabinete son sindicados por fraude y peculado, la cual se extendió hasta el 1 de marzo. El expresidente iba engrilletado, custodiado por guardias del Sistema Penitenciario. Detrás, y en las mismas circunstancias, Gustavo Alejos Cámbara, su exsecretario privado, y Juan Alberto Fuentes Knight, su ministro de Finanzas. En la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, el juez Miguel Ángel Gálvez, pasaba lista de los imputados y defensores en el caso Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal (TCQ), Pérez Molina entre ellos.

“¿Qué caso es este?”, preguntó Alejos al agente que cuidaba la puerta. “Es TCQ, creo”, exclamo, antes de que alguien le respondiera. Observa por un segundo a Pérez Molina, con quien comparte espacio en Mariscal Zavala, y luego se dirige hacia Colom. Curioso, Fuentes Knight se asoma a la ventana que deja ver una parte de la sala de audiencia. Observa durante segundos y regresa a formarse para poder ingresar al salón donde será su audiencia.

27 de febrero. Es el tercer día de la audiencia de primera declaración por el caso Transurbano, caso por el cual el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) le imputan a Colom y su gabinete los delitos de fraude y peculado. Esa mañana, los exgobernantes vuelven a coincidir en tribunales. Otra vez la escena surreal del nivel 14. Se ven de reojo y asienten levemente la cabeza a manera de saludo. Ese fue el último día de Pérez Molina en tribunales, al menos esta semana. El juez Gálvez resolvió fusionar los casos TCQ y Cooptación del Estado lo cual favoreció al expresidente, su vicepresidenta Roxana Baldetti, y otros tres señalados.

Simone Dalmasso

La audiencia de primera declaración de los trece sindicados en el caso Transurbano, aún se demoraría un día más. El juez undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulún, se tardó cuatro días en escuchar a las partes procesales, analizar las pruebas y resolver. El 1 de marzo decidió que existen suficientes elementos probatorios para ligar a proceso a Colom y su gabinete. Al exgobernante y a Fuentes Knight, por fraude y peculado. Al resto de exministro solo por fraude, y a Alejos Cámbara por fraude y lavado de dinero.

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Contra Colom, Alejos, Salvador Gándara y Jerónimo Lancerio, ordenó prisión preventiva. Pueden entorpecer las investigaciones, argumentó. Al resto de exministros sindicados: Ana Ordoñez de Molina, Abraham Valenzuela, Édgar Alfredo Rodríguez, César Velásquez, Luis Ferraté, Celso Cerezo, Alfredo Pokus y Mario Aldana Pérez, los favoreció con arresto domiciliario y una fianza de Q100 mil. También a Fuentes Knight, excepto que la fianza fijada a este fue de Q500 mil. El juez le fijó al MP un plazo de 60 días para concluir la investigación y presentar las pruebas de cargo el próximo 10 de mayo.

Sobre otros dos exfuncionarios indiciados en este caso, el exministro de Comunicación, Luis Alfredo Alejos Olivero, se encuentra prófugo, mientras que el excanciller Haroldo Rodas Melgas, quien goza de inmunidad como diputado al Parlamento Centroamericano, tiene proceso de antejuicio. También se encuentra prófugos los empresarios Luis Gómez González y Rudy Leonel Maldonado Castillo.

Fraude sobre ruedas

El MP y la Cicig señalaron el pasado 13 de febrero a Colom y a su Consejo de Ministros de aprobar de forma fraudulenta un acuerdo gubernativo para otorgar a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) sustraer US$35 millones del erario. Estos fondos se destinarían para financiar la implementación del sistema prepago del Transurbano. Los investigadores determinaron que ese documento contenía un fraude al Estado, pues se obviaron actores como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) o la Procuraduría General de la Nación (PGN). Asimismo, el Ministerio de Finanzas (Minfin) no realizó el análisis determinado y la AEAU no presentó su Plan Operativo hasta meses después de que fuera firmado el acuerdo.

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La AEAU recibió Q270 millones (US$35 millones) en cuatro años y estos recursos se desviaron. De esta cantidad, Q171.6 millones fueron transferidos al extranjero para pagar la maquinaria del sistema prepago, de los cuales Q9.5 millones retornaron a las cuentas de los empresarios Javier Arzú Tinoco (Q5.6 millones) y Juan Luis Rodríguez y la empresa Logimpez (Q1.9 millones). La Contraloría General de Cuentas (CGC) reportó que el costo del equipo adquirido (que nunca se usó) asciende a Q102 millones. Sobre el excedente de Q98.3 millones, se desconoce en qué fueron gastados.

Simone Dalmasso

En su declaración ante el juez, Colom alabó la calidad de las personas que conformaban su gabinete, negó que sus ministros no pudieran negarse a cumplir una orden suya, y recordó que en 2008, al inicio de su gestión, se dieron una serie de ataques planificados en contra del transporte. Entre ellos, detalló, el bombazo contra un autobús de Rutas Quetzal. Esto lo llevó a ver en el sistema de prepago la manera de encontrar una solución a la problemática. Luego del asesinato de cuatro pilotos el 5 de febrero de 2008, el exmandatario aseguró que aceleró el proceso. “Admito que como presidente me dolió que asesinaran a esos cuatro pilotos y se empieza un proceso larguísimo que termina con el Acuerdo 103-2009”, hubo reuniones de Gobernación, Inteligencia y el ministerio de Comunicaciones “para ir construyendo una solución”, expuso. “No me arrepiento de haber salvado vidas”, señaló.

El Transurbano parecía ser el futuro. El nuevo servicio contaría con unidades nuevas, cómodas y seguras. Además, el uso de la tarjeta prepago evitaría que los pilotos manejaran efectivo por lo que acabarían los asaltos y asesinatos a chóferes y ayudantes. La defensa técnica de Colom, liderada por el abogado Mario Castañeda, presentó un gráfico como medio de prueba. En este se ve un repunte de asesinatos de trabajadores del servicio de transporte público entre 2008 y 2009, y una reducción en 2010, año en el que el Transurbano ya se encontraba en servicio.

Por haber suscrito este acuerdo, Colom y Fuentes Knight ya habrían enfrentado un proceso de antejuicio que fue rechazado in limine por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2011. Los abogados se basaron en este hecho para argumentar que no se podía perseguir el mismo delito dos veces, ya que sus clientes habían sido investigados. Cojulún señaló en su resolución que eso no era así, pues haber mantenido la inmunidad impidió que se profundizaran en los hechos.

La defensa

El caso de Alejos Cambara es quizás el más disonante de este proceso. El empresario no fue ministro. Tampoco firmó el acuerdo gubernativo con el que se sustenta la acusación. Sin embargo, en su calidad de Secretario Privado, presidió la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público, que fue la que fijó el monto de US$35 millones para el prepago. El MP y la Cicig señalan a Alejos de haber recibido US$264 mil de Luis Gómez. Este dinero fue depositado en la cuenta del notario, Juan Luis Rodríguez, para pagar la compraventa de acciones de Wenco, S.A.

Juan Carlos Borrayos, abogado defensor de Alejos, señaló que los dos delitos por los que se acusa a su cliente no tienen indicios suficientes. En el caso de fraude, el defensor argumenta que su patrocinado no firmó el acuerdo ni tampoco estuvo presente en todas las reuniones de la comisión (aunque su firma esté en el acta). De igual forma, en su calidad de Secretario Privado, el empresario pudo haber pedido que se diera prórroga a la comisión pero no lo hizo. El tema del sistema prepago pasó al Gabinete Económico de Cohesión Social, el cual, de acuerdo con la declaración del exviceministro de Economía, Erick Coyoy, “es la Primera Dama (Sandra Torres) quien decide sobre el tema”.

Simone Dalmasso

Torres no ha sido implicada en este caso, pero el MP advirtió que aún faltan al menos dos fases más de investigación de este caso.

Por el tema de lavado de dinero, Borrayo explicó que las transacciones se dieron en 2013 y fueron porque Luis Gómez le compró el apartamento 2BT1 de Casa Margarita a Alejos. El dinero se depositó en la cuenta de Rodríguez porque él era el representante legal de Wenco, S.A. Alejos, quien declaró en el segundo día de audiencia, sostuvo que él recibió el dinero de Gómez, pero que no tenía conocimiento del origen de este.

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El grupo de abogados defensores del Consejo de Ministros presentaron una serie de argumentos similares a la hipótesis que manejaban algunos de sus patrocinados. Los ministros firmaron ese acuerdo por el cumplimiento de su deber. Sin embargo, ellos no tenían injerencia ni conocimiento de cómo operó la AEAU o qué pasó con el dinero e ir a averiguar eso caía en funciones que no les correspondían a sus clientes. Señalaron, además, que el subsidio ya se había dado con anterioridad por lo que no sus clientes no tenían razón para pensar que sería mal utilizado.

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De momento, Colom seguirá compartiendo suerte y espacio con Pérez Molina. La “celda presidencial”, como han dado en llamarle en Mariscal Zavala es un pequeño espacio adecuado con algunas comodidades para los exgobernantes. De las estrategias de sus abogados y la gravedad de los hechos que se les señala a cada uno, dependerá de cuánto tiempo seguirán juntos.

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