Precisamente por esto último, Beth también pudo sopesar en su momento lo que supondría una captura de Joaquín Guzmán a manos del régimen Calderonista: ´Si Felipe Calderón´ –escribe Beth- ´captura al Chapo, haría lo mismo que Fujimori al momento de atrapar a Abimael Guzmán; podría exhibirlo cual animal exótico, sería la excusa para darle el carpetazo ´al capítulo de la guerra contra el narco´ y fortalecer su imagen de hombre fuerte´.
Fujimori pudo hacerlo, Calderón quizá no quiso hacerlo, pero el nuevo régimen Priista bajo la conducción mediática de Enrique Peña Nieto se ha comido la fresa del pastel que muchos expresidentes mexicanos hubiesen querido.
Es importante preguntarse sobre las razones que nos han hecho llegar a este escenario, si bien es cierto que muchas de ellas se mantendrán ocultas aún por varias décadas.
Alejándonos entonces del campo de la especulación, es importante considerar que el nuevo arreglo político en México haya tenido algo que ver.
El actual régimen del PRI controla 30 de los 31 Estados que componen la Unión Federal. Dicho control se articula no solamente en una directa relación poder Federal-poder gubernamental sino incluye también un control territorial sobre el entorno municipal. El actual PRI controla 1,538 municipios de un total de 2.438. Es decir, con facilidad, más de la mitad de los municipios del país, más de la mitad del arreglo territorial donde el narco se mueve con toda facilidad (nivel municipal) es ahora dominio completo del régimen.
Mucho se había discutido la hipótesis en cuanto a que si el PRI retornaba al poder bajo un acuerdo de dominación territorial considerable, tendría la facilidad para ´meter´ al narco en cintura. El narco necesita por fuerza de los mecanismos políticos para poder funcionar, pero si el Poder Federal tiene ahora construida una relación directa desde lo Federal hasta lo municipal, es posible remover permanentemente las figuras políticas que el narco necesita, y eso hace imposible la dinámica criminal. No es lo mismo corromper autoridades cada seis años, o cada cuatro años, que cada cuatro meses.
La coyuntura actual en México va tejiendo de vuelta la denominada ´lógica de la complicidad´. En tal situación entonces, el tratamiento que el Estado Federal haga sobre las organizaciones criminales significaría un tratamiento similar al que recibiría cualquier ´sindicato de tipo autoritario´ políticamente leal al régimen de turno. Si quieren sobrevivir, necesitan ajustarse a las reglas de la política neo-corporativa.
La situación es de tipo político, más que propiamente un análisis en la temática de ´seguridad´. El ´nuevo PRI´ ha comprendido la necesidad de devolverle funcionalidad al sistema político y revertir la fragmentación de poder experimentada con la experiencia de la alternancia. El PRI le ha hecho el bypass al Congreso de la Unión, transformando los puntos del Pacto México en un concepto casi sacramental: ´La discusión legislativa es lo que el Pacto impone, se deja afuera lo que el Pacto no toca y se piensa además, en la posibilidad de regresar a fórmulas de sobrerrepresentación para generar mayorías artificiales y potenciar la agenda del Ejecutivo. Súmese a esto, que los últimos golpes al narcotráfico (de las últimas tres semanas) hablan un lenguaje más que claro: La aprensión del ´Chapo´ y el abatimiento del fundador del cártel de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno González, alias 'El Chayo’ (dado por muerto en el sexenio anterior) denotan que el PRI está dispuesto a tocar lo que la clase política anterior no había querido tocar.
Es necesario entonces darse cuenta que, la nueva estrategia se enmarca en una dinámica que responde a un intento de autoritarismo competitivo.
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