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“Primero criminalizar a todos los migrantes y después: ‘aprobemos la reforma’”

“Si alguien les pide US$5,000 dólares por llevarlos a Estados Unidos (con la esperanza de la reforma), lo está estafando”
Gómez explica que los migrantes tendrán la posibilidad de pagar sus impuestos atrasados. Según sus cálculos, US$4,000 por atrasarse, US$2,500 por violar las leyes migratorias y US$1,000 más por el permiso.
Carlos Gómez, miembro de Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos (Migua)
Carlos Gómez, miembro de Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos (Migua)
Carlos Gómez, miembro de Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos (Migua)
Carlos Gómez, miembro de Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos (Migua)
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“Primero criminalizar a todos los migrantes y después: ‘aprobemos la reforma’”

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El proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos está en manos de la Cámara de Representantes. Su aprobación puede regularizar a millones de extranjeros en ese país, pero aún la rodea mucho escepticismo, un escepticismo que nace en el mismo momento en que el Senado aprobó la iniciativa. Carlos Gómez, miembro de Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos (Migua), explica el porqué.

Cuando el Senado estadounidense aprobó el 27 de junio la propuesta de ley de la reforma migratoria parecía abrirse el camino a la legalización de 11 millones de extranjeros en ese país. Era una propuesta que contaba con el consenso de los partidos Republicano y Demócrata, y cuya discusión había despertado las esperanzas de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Sin embargo, durante la negociación las visiones de republicanos y demócratas volvieron a enfrentarse y se modificaron varios puntos de la idea original. Carlos Gómez, miembro de Migua, explica que el proceso político que aún no concluye puede alejar cada vez más a la reforma del ideal que tantos indocumentados tenían de ella.

Al final se cumplió uno de los temores de las organizaciones de derechos de los migrantes: la regularización de los indocumentados pasó a un segundo plano ante la idea de fortalecer la frontera con México. La iniciativa original establecía para este fin un presupuesto de alrededor de US$6,500 millones. No obstante, en la propuesta del Senado, el monto asciende a los US$47,000 millones.

Gómez explica que se trata de un precio que los demócratas tuvieron que pagar para obtener más votos. “Los republicanos les dijeron que si aumentaban el presupuesto, se asegurarían 20 votos más”, relata. Sin embargo, los republicanos que finalmente apoyaron la moción fueron 14. Según Gómez, entre ellos 10 de los 20 prometidos, pero “esos 10 votos le costarán a la población estadounidense US$40,000 millones” extra, asegura.

Gómez cree que esta postura del Partido Republicano se debe, en parte, al desconocimiento del aporte que hacen los extranjeros a la economía estadounidense. Pero que responde sobre todo a los intereses de quienes se benefician con el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Desde el inicio del proceso, narra, empezó la estrategia de un “ejército” de lobistas en el Senado y Congreso estadounidenses en nombre de las empresas que se involucrarían con esta parte de la reforma: 3,136 cabilderos, según reveló en marzo pasado el diario británico Financial Times.

Los encargados de cabildear representaban a 656 empresas y su propósito era impulsar la aprobación de una iniciativa en la que prevaleciera su agenda. Según el diario, el costo por ese servicio se calculaba en los US$10 millones.

Gómez añade que entre las empresas que se benefician con el fortalecimiento de la frontera se encuentran los fabricantes de cámaras y sensores, además de los de vehículos aéreos, incluidos los aviones no tripulados.

También están las fábricas de armas, ya que la reforma incrementaría el número de efectivos de 21,000 a 40,000. “Esto significaría 19,000 armas, si cada guardia utilizara sólo una, pero sabemos que el número en realidad es mayor”, advierte.

Además de los bienes fabricados, existe un servicio que la iniciativa privada le da al Estado, un servicio al que también le conviene una política de migración más restrictiva: el de las prisiones.

“Las cárceles privadas cobran entre US$75 y US$115 por cada noche por migrante”. En el supuesto de que la reforma migratoria deje sin regularizarse a la mitad de los 11 millones que viven indocumentados, 5.5 millones de personas podrían ser sancionadas con penas de cárcel y terminar en las celdas de estas compañías. El número incluso podría incrementarse si se endurecen finalmente los requisitos en la Ley.

Los procesos legales por los que tienen que pasar las personas detenidas pueden durar en ocasiones 20 o 25 días. “Para esas cárceles es una gran ganancia”, añade el activista.

El lobby es la forma en que un determinado sector puede ejercer presión de acuerdo a sus intereses para influir en las decisiones de los representantes del poder público.

En Estados Unidos, donde la actividad está regulada desde 1946, la tradición es que esta práctica se canalice por medio de especialistas contratados al efecto. Mediante su servicio, los clientes –organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y empresas, entre otros– buscan que el movimiento político en las cámaras les deje los mejores resultados posibles.

¿Se puede hablar de corrupción? A criterio de Gómez, sí. Desde su punto de vista, la corrupción comienza desde que se trata de imponer en la mente del dignatario una idea para beneficio propio.

Aun así, la iniciativa privada no fue la única en cabildear para el proyecto de reforma. Los movimientos a favor de los derechos de los migrantes hicieron también su intento por influir en las decisiones de los senadores por medio de lobistas, y hasta el Gobierno guatemalteco evaluó la posibilidad de destinar fondos a ese servicio. Pero el resultado final no fue favorable. El activista señala que el panorama era prometedor hasta tres semanas antes de que se emitiera la iniciativa. Posiblemente, fue en ese momento que quienes cabildeaban por los migrantes perdieron la batalla ante los lobistas privados.

Las adversidades crecen al llegar con los congresistas

Si el objetivo del cabildeo era detener la parte de la reforma relacionada con la legalización de los migrantes que viven en la marginalidad y priorizar la parte relacionada con la seguridad fronteriza, entonces se puede decir que está dando resultados.

Los 10 votos para la iniciativa en el Senado no le garantizaron una recepción favorable en el Congreso, dominado en su mayoría por el Partido Republicano. La oposición se veía venir desde un mes antes de que la iniciativa llegara a la Cámara de Representantes, cuando los miembros del Comité Judicial de este Organismo aprobaron la iniciativa SAFE. El proyecto promueve, entre otros aspectos, penas de cárcel para quienes ingresen ilegalmente al país. Las penas pueden llegar hasta los 15 años, según el número de ingresos irregulares.

“Primero quieren criminalizar a todos los migrantes y después dicen: ‘aprobemos la reforma, pero aprobémosla por partes’”, expresa Gómez para explicar que la propuesta actual de los republicanos es empezar con la Ley DREAM, orientada a regularizar a estudiantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como menores de edad.

El Congreso estadounidense se encuentra en su receso parlamentario y la actividad se reanudará en septiembre. Antes de esta pausa, la ley DREAM fue sometida a un primer debate y se espera que sea una de las prioridades al regreso, ya que las manifestaciones sociales en demanda de esta normativa se han intensificado en las últimas semanas. “Lo hacen porque estos jóvenes están muy activos y están desprestigiándolos”, resalta Gómez.

Con esta ley aprobada, se conocería el primer aspecto de la reforma migratoria: el fortalecimiento del sistema electrónico E-Verify. Con ello se reforzarían los mecanismos de control sobre los empleadores para asegurarse de que no contraten a trabajadores ilegales.

“Después entrarían con la militarización de la frontera y por último dejarían la regularización de los migrantes”, explica el miembro de Migua. De esta manera, afirma, queda para el final, cuando ya todo lo demás ha sido decidido, y si quieren la aprueban y si no, no.

Entre los defensores del proceso por partes se encuentra el republicano Bob Goodlatte, quien sostiene que el Congreso no debe precipitarse como lo hizo el Senado. Su compañero de partido y presidente de la Cámara, John Boehner afirma que no es posible hablar de una verdadera reforma migratoria si antes no se aseguran las fronteras. El presidente del Congreso también advierte que sin mayoría de republicanos a favor, la propuesta no se llevará a votación. “Esto se debe a dos razones”, sostiene Gómez. “La primera es demostrarle al Partido Demócrata quiénes tienen la sartén por el mango. La otra es tomar protagonismo, ya que se ha relacionado la reforma con los demócratas”.

A pesar de los reveses de la Ley en comparación con la expectativa original, Gómez rescata algunos elementos de la reforma, en especial la parte relacionada con los futuros migrantes. El miembro de Migua habla del valor que tienen los trabajadores agrícolas en el mercado laboral estadounidense y cita el caso de Georgia, estado en el que la producción agrícola cayó como resultado de una ley muy restrictiva con respecto a la migración.

A su criterio, los esfuerzos de las organizaciones civiles dieron sus frutos cuando se logró que en la iniciativa se les garantizara a los trabajadores temporales condiciones laborales como las que goza cualquier empleado regular en ese país. Además se plantea la posibilidad de que estos trabajadores puedan optar a una residencia y quedarse en la unión americana. “No todo es negativo, lo negativo es el balance”, manifiesta. El aspecto que Gómez califica de positivo se quedará en la redacción final de la Ley si no lo modifica la Cámara de Representantes.

A pesar de la ruptura entre demócratas y republicanos que se intensificó después de la aprobación de la iniciativa, existe una propuesta paralela, que podría llegar a la Cámara el próximo mes y que, al igual que el proyecto de reforma que está en proceso ahora, se trata de un documento redactado por miembros de los dos partidos.

Los congresistas del “grupo de los siete”, tres republicanos y cuatro demócratas, plantean una reforma en la que los migrantes ilegales se declaren culpables de haber violado las leyes estadounidenses y enfrenten una libertad condicional de cinco años antes de obtener la residencia. Después de cinco años de residencia podrían empezar el proceso de naturalización.

Indocumentados y estafados

Los trabajadores temporales del sector agrícola, así como los profesionales incluidos en la mano de obra altamente calificada que lleguen en el futuro a Estados Unidos tendrán posibilidades de permanecer de manera legal en ese país, pero será un privilegio reservado para ellos de manera casi exclusiva.

La parte de la reforma que define los procesos de regularización de migrantes indocumentados establece que sólo quienes hayan ingresado al territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2012 entrarán en la categoría de “elegibles” para su residencia y posible proceso de naturalización. Pero la mayoría de personas que constantemente evalúan arriesgarse a cruzar el desierto para cambiar su situación no conoce este detalle.

La visita de Gómez a Guatemala se debe a una campaña, en coordinación con entidades nacionales, para avisarles a las personas sobre lo inútil que es en este momento aventurarse con la esperanza de ser alcanzado por la reforma redentora.

Desde que se empezó a hablar de la aprobación de la ley, explica, han aumentado los intentos por atravesar la frontera norte de México. Además de las denuncias recibidas sobre esta práctica, Gómez se basa en las cifras crecientes de deportaciones. De cualquier manera, el número de deportaciones es un indicio que no permite hacer un cálculo preciso sobre la cantidad de personas que están saliendo del país y aun menos sobre el número de víctimas de la estafa.

“Salen engañados creyendo que van a encontrarse con una reforma migratoria y se topan con una dura política de seguridad fronteriza y con deportaciones”, afirma. “Los coyotes les dicen que hay una reforma migratoria y que este es el momento de irse”, narra el activista y añade que el precio para emprender este viaje está entre los US$5,000 y los US$7,000. La deuda es gigantesca para una persona de escasos recursos, pero su proveedor del servicio de cruce de frontera le da también la solución: Lo ayuda a llegar al otro lado al crédito. Como garantía, al coyote le queda una o más propiedades de su cliente, quien podrá recuperarlas fácilmente al llegar a Estados Unidos y empezar a ganar su sueldo en dólares.

Sin embargo esto rara vez sucede. Un migrante recién llegado puede tardar meses en conseguir un empleo y estabilizar su situación financiera. Gómez explica que después de unos cuatro o cinco meses el migrante –el que sobrevivió a la frontera y encontró trabajo– se enfrenta a una doble deuda. Además de su cuenta abierta con el coyote, su familia también se endeudó para subsistir mientras él se encontraba desempleado.

Gómez explica que la prioridad del migrante en esos casos es salir primero de la deuda de su familia. Mientras tanto, el coyote empieza los trámites para adueñarse formalmente de su propiedad y venderla.

Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y San Marcos, son los departamentos en los que las organizaciones de migrantes han identificado mayor frecuencia de esta práctica. “Lo denunciamos hace ocho meses al Ministerio de Relaciones Exteriores y ya  nos dijeron que hay un equipo en Los Ángeles, California, para indagar sobre el tema”. “Es importante que las personas sepan que si alguien les pide US$5,000 dólares por llevarlos a Estados Unidos, los está estafando”, concluye.

Muchos son los indocumentados, pero pocos son los elegibles

La fecha límite para haber llegado a Estados Unidos no es de lo único que Gómez les habla a las comunidades. Según indica, también se les explica cómo va este proceso de reforma y las dificultades que representa para cada migrante.

“Una pregunta frecuente es: ‘¿Será que mi familiar va a lograr regularizarse?’ Pero eso es incierto”, aclara. Las dudas crecen tras entrevistar migrantes en Estados Unidos e interrogarlos sobre cuestiones como si ya saben hablar inglés, si ya pagaron sus impuestos, si no tienen problemas con la ley. “Alguno responde que una vez lo paró la policía por manejar ebrio”. La mayoría de estas personas no hablan inglés y no tenían idea de que necesitaban pagar sus impuestos para entrar en la categoría de elegibles.

Es así cómo se evidencia, según Gómez, que muchos de ellos no podrán regularizarse aun si las discusiones legislativas no endurecen más los requisitos. Según Gómez, es ahí donde se ve que no será muy alto el porcentaje de los que lograrán quedarse con sus papeles en orden.

Pero es la parte relacionada con el dinero la que más esperanzas bota, al menos entre quienes conocen la necesidad de solventar su situación ante el fisco. Gómez explica que los migrantes tendrán la posibilidad de pagar sus impuestos atrasados de los últimos tres años. Según sus cálculos, eso significa que regularizarse les costará US$4,000 en multas por atrasarse, US$2,500 por haber violado las leyes migratorias; y US$1,000 más para el permiso. A su parecer, una familia de cuatro integrantes difícilmente tendrá los recursos necesarios para regularizar a cada uno “Es una reforma injusta”, sentencia. “Menos de la mitad de las personas podrá regularizarse”.

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