Según indicó el titular de Gobernación, Mauricio López Bonilla, politólogo y militar retirado con el rango de teniente coronel, estas estructuras se integrarán con un enfoque interinstitucional e integral. Dichas instancias habrán de funcionar, según sus creadores, como “mesas de análisis” para delitos tales como femicidio, secuestro, sicariato, extorsiones, robos y asaltos. Llama la atención que no se considere un esquema similar para la reducción de armas de fuego en circulación, factor determinante para la comisión de la mayoría de delitos que trabajarán dichas fuerzas de tarea.
Según el esquema anunciado, las funciones de dichos grupos se centran en el análisis de la información con fines de procesamiento judicial. Hasta allí, todo parece estar acorde con el estado de derecho y el debido proceso. Sin embargo, llama poderosamente la atención que, en Prensa Libre, por ejemplo, se refiera que la fuerza de tarea que dirigirá Juan Pablo Ríos, “se encargará de investigar, perseguir y capturar a sicarios, además de desarticular estructuras de estos grupos, sobre todo en áreas donde más operan”.
Si a la anterior definición se le suma el hecho de que bajo la autoridad de cada fuerza de tarea habrá 30 efectivos militares y 20 agentes de Policía Nacional Civil (PNC), cabe pensar que se está formando grupos que lo mismo se enfocarán en análisis e inteligencia y realizarán operaciones (persecución y captura), derivadas de la misma. Desde el punto de vista de la organización de la seguridad con base en una doctrina democrática y apegada al estado de derecho, nada más errado y peligroso que combinar ambas funciones en un mismo ente.
La historia de Guatemala está más que cargada con hechos constitutivos de delitos y graves violaciones a Derechos Humanos, derivadas, precisamente, de la mezcla bajo un mismo mando de ambas funciones en la materia. De sobra es sabido y, los actuales titulares de la presidencia y gobernación no son ajenos a ello, que la inteligencia técnica y profesionalmente producida y conducida, tiene por misión servir para quienes toman decisiones, trazan planes y definen las operaciones necesarias, persecución y captura por ejemplo, en lo que al combate al crimen se refiere.
Ya en anteriores administraciones y bajo nombres también pomposos, tales como comando antisecuestros, entre otros, se dio pábulo para que durante el gobierno de Oscar Berger, bajo la dirección de Carlos Vielman, Erwin Sperinssen y Javier Figueroa, así como de Víctor Rivera, funcionaran grupos de sicariato oficial. Mismos que cometieron ejecuciones extrajudiciales tanto de jóvenes estigmatizados como personas de todo tipo, incluidos el propio Rivera y los hermanos Benítez que formaron parte de dicha estructura.
Una vez que la delgada línea roja de la acción profesional y legal se rompe, salen a luz los aparatos clandestinos de seguridad. Vicio institucional que la estructura anunciada corre el riesgo de asumir, en virtud del mecanismo establecido y los antecedentes del viceministro que las tendrá bajo su mando.
De manera que, si bien es cierto se hace necesario establecer un método especializado de análisis sobre los delitos que más afectan a las y los guatemaltecos, también lo es que la mezcla de atribuciones puede derivar en comisión de abusos y representar para las nuevas autoridades un enorme talón de Aquiles. Por lo tanto, no estaría mal que tanto el ministerio de Gobernación, como el Ministerio Público, revisaran la integración de estos grupos y previniendo cualquier abuso, de una vez por todas separaran claramente los ámbitos analítico y operativo en la política de seguridad.
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