En septiembre pasado, el Ejecutivo presentó al Congreso su proyecto de presupuesto para 2019. En su análisis técnico, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que esa propuesta contenía errores: un nuevo agujero fiscal (gasto público autorizado sin respaldo en los ingresos) por sobrestimación de los ingresos tributarios más recursos financieros para educación, pero fijando como metas dejar fuera del sistema educativo a más de 9,000 niñas y niños y dejar de entregar casi 630,000 libros de texto; reducción en un 28 % del presupuesto del Programa de Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal; malversación de los presupuestos de los ministerios de Salud y Desarrollo Social reduciendo actividades y programas sustantivos y creando un bolsón etiquetado como servicios de apoyo, vulnerable al abuso y a la corrupción en el año electoral, y un recorte del 10 % al presupuesto del Programa de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Sida.
Además, en contraste con esos recortes a rubros importantes del gasto social, el Ejecutivo propuso un aumento injustificado al Ministerio de la Defensa Nacional de 288 millones de quetzales respecto al presupuesto vigente en 2018. Este aumento se sumaría a los 175 millones que ya le ha aumentado en lo que va de 2018, con lo cual el aumento para el Ejército propuesto por el Ejecutivo respecto al de arranque en 2018 ascendería a 463 millones. Todo esto, con normas de transparencia carentes de plazos y mecanismos para la verificación de su cumplimiento.
Para enmendar estas falencias, el Icefi le propuso al Congreso 15 correcciones que, a criterio de ese instituto, debían considerarse condiciones para la aprobación del presupuesto para 2019. Sin embargo, en su dictamen favorable, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso, con la asesoría del Ministerio de Finanzas Públicas, no solo ignoró casi todas estas recomendaciones, sino que empeoró la situación de tal manera que, de aprobarse la versión dictaminada por la CFPM, ¡resultaría mucho peor que la propuesta original del Ejecutivo!
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En su dictamen, la CFPM corrigió la proyección de ingresos y redujo el techo presupuestario global en 2,060 millones de quetzales, pero al mismo tiempo agregó un aumento de más de 331 millones para el Ejército, con lo cual ¡una de las entidades fiscalmente más opacas y señaladas de corrupción gozaría en 2019 de un incremento de casi 800 millones respecto al presupuesto inicial de 2018 (619 millones respecto al presupuesto vigente en agosto de 2018)!
En contraste dramático e inaceptable, para darles cabida financiera a un recorte presupuestario general y a ese aumento desmedido al Ejército, la CFPM dispuso en su dictamen atacar al sector justicia y a la lucha contra la corrupción y la impunidad recortando en 588 millones la propuesta original del Ejecutivo para los aportes al Ministerio Público (es decir, un recorte de más de 700 millones respecto al presupuesto de 2018), en 668 millones la propuesta original del Ejecutivo para los aportes al Organismo Judicial y en 341 millones la propuesta original del Ejecutivo para la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otras medidas abusivas e inaceptables. En particular, estas medidas desmienten la cantaleta de Jimmy Morales de haber fortalecido el presupuesto del MP.
Por si quedaba duda, el dictamen de la CFPM deja clara la posición del oficialismo: privilegiar a los militares a costa del gasto social y de atacar a las entidades responsables de impartir justicia y de combatir la impunidad y la corrupción.
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