La falta de legitimidad, recursos, impedimentos legales o respaldo popular puede que expliquen (no justifican), la falta de avance en otros temas: desnutrición, pobreza, crimen, contrabando y evasión fiscal, sólo por mencionar algunos.
Pero el caso de la tragedia cotidiana del transporte público de pasajeros, no tiene explicación ni justificación. Se trata de pura y clara falta de voluntad del Estado para resolver este sufrimiento de la gran mayoría, incluyendo a la clase media que no tiene el privilegio de conducirse en vehículo particular.
Un estudio reciente realizado por Acción Ciudadana reveló el nivel de podredumbre y degradación al que ha caído el sistema de transporte público. Un caldo inmundo de porquerías como la corrupción, asesinatos, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un largo etcétera de ignominia. Tan grave y grande es el problema, que el silencio conspirativo de las autoridades es inaceptable. Es condenable.
Porque el mandato legal para actuar, lo tienen de sobra. El artículo 120 de la Constitución basta y sobra para que el Ejecutivo proceda con la intervención inmediata del transporte público, urbano y extraurbano.
Recursos financieros, también. Además del subsidio que se ha despilfarrado para enriquecer a varios corruptos, ahora también cuentan con el incremento al impuesto de circulación de vehículos. Incremento tributario que tiene a todo el mundo enojado, en tanto no se le vea un uso apropiado a los recursos. ¡Y qué mas justo sería que el impuesto que pagamos los que nos conducimos en vehículo particular sirva para financiar la solución de los que día a día sufren el calvario de las camionetas! Así que, dinero hay, y suficiente.
El beneficio político sería inmenso. Siempre he creído que quien rompa el círculo vicioso de la corrupción del transporte público, se ganará el favor de la gran mayoría. Los pobres y los no pobres (¿a cuántos les urge un sistema de transporte público mínimamente aceptable para ahorrar combustible del automóvil?), sabrían reconocer con su voto a quien lo logre. Algo de esto logró Arzú con el transmetro, pero cubre sólo unas pocas rutas. Con el transurbano se tuvo la oportunidad de oro, pero se pudrió en corrupción y mafia.
El recurso humano sobra. Al principio, en lo que se derrota la mafia armada y criminal que regenta la porquería que se tiene hoy, quizá sería necesario el propio ejército, ya que seguramente se desataría una ola de ataques armados en contra de un sistema de calidad y transparente. Luego de derrotada la mafia, hay otro ejército, pero de desempleados y subempleados que lograrían una relación de beneficio mutuo: salario digno con prestaciones, a cambio de su trabajo como conductor, respetuoso de las mujeres y adultos mayores, del reglamento de tránsito, pero sobre todo, honesto.
Así que, presidente Pérez Molina, tiene servida la mesa. Como ciudadano, y estoy seguro que representando a muchos, le exijo que proceda conforme lo faculta la Constitución: intervenga de inmediato el sistema de transporte público, e inicie el proceso de rescate de su institucionalidad, mejora en el servicio y ofrezca garantías de probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Los automovilistas y contribuyentes en general ya estamos cumpliendo con nuestra parte al pagar los impuestos. Usted está obligado ahora a cumplir con su parte en este contrato social.
Si no puede con la desnutrición, la seguridad y el contrabando, vamos, por lo menos cumpla con su ofrecimiento de “mano dura” con la mafia de los autobuseros.
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