El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América debe reflexionar sobre la efectividad de la denominada Lista Engel.
Por supuesto, luchar en contra de la corrupción y de las acciones antidemocráticas es una responsabilidad principalmente de la ciudadanía guatemalteca. Somos nosotros quienes debemos organizarnos y enfrentar a la gavilla de corruptos, narcotraficantes y ladrones que están enquistados en los tres poderes del Estado y asegurar que las elecciones de 2023 sean limpias, legítimas y transparentes.
Con esta premisa, es que se agradecen los apoyos de países amigos y de la comunidad internacional, quienes no pueden, ni tampoco deben pretender resolver nuestros problemas, pero sí que pueden ayudarnos. Y mucho. Es en este marco que se agradece que el Departamento de Estado estadounidense publique el reporte al Congreso de ese país sobre personas de las que tiene conocimiento que se han involucrado en acciones que dañan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa o han obstruido investigaciones de tales actos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, popularmente conocida como Lista Engel.
La publicación de estos reportes tiene impacto y genera gran expectativa, ya que las primeras versiones publicadas causaron un revuelo importante en los cuatro países centroamericanos. En Guatemala, en julio de 2021 se publicó la primera la lista, que acertó al incluir a personajes como Gustavo Alejos, Mynor Moto y la pandilla de la Fundación Contra el Terrorismo, haciendo una veintena de nominaciones. En mayo de 2022, también causó revuelo la ampliación de esta lista, incluyendo a Consuelo Porras, actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, por involucrarse en corrupción significativa y obstruir investigaciones y casos, constituyéndose en la principal proveedora de impunidad.
Luego de la confusión causada por la circulación de un borrador filtrado, la semana pasada el Departamento de Estado publicó un segundo listado, que en Guatemala acierta al incluir personajes como el actual fiscal especial contra la impunidad, José Rafael Curruchiche Cacul, a la exdiputada y actual directora del Instituto de la Víctima, Mayra Alejandra Carrillo De León, al exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz y otros 15 nominados.
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Sin embargo, en Guatemala este segundo listado ha recibido algunos cuestionamientos. Por ejemplo, se cuestiona que no haya incluido a personajes como Sandra Torres o Miguel Martínez, pese a que son harto conocidas y públicas sus acciones antidemocráticas y su vinculación con corrupción significativa. Esto porque, casi para cualquier persona en Guatemala razonablemente bien informada, la necesidad de exponer públicamente las fechorías de personajes como estos, hubiese superado la de la mayoría de quienes fueron nombrados en este segundo listado.
Este hecho tan evidente y claro alimenta los cuestionamientos sobre la metodología que el Departamento de Estado estadounidense sigue para la selección de las personas a incluir en la Lista Engel. Esto es contraproducente, porque termina generando reacciones como las del presidente Giammattei, quien fanfarroneó que ninguno de los integrantes de su gabinete fue incluido.
La lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia es responsabilidad primaria de la ciudadanía guatemalteca. Por ello, quizá el Departamento de Estado estadounidense deba acercarse y redoblar esfuerzos por mejorar su comprensión de la compleja y cambiante realidad centroamericana y, de esta forma, no pasar por alto a personajes que, acá en Guatemala y no en los lejanos escritorios y burós de Washington DC, es más que evidente que deberían encabezar la Lista Engel.
Es decir, para que acciones e instrumentos como la Lista Engel continúen siendo altamente efectivas y contundentes en países como Guatemala, el Departamento de Estado estadounidense no debe pasar por alto lo que es más que evidente para nosotros.
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