Muy probablemente la votación ha sido resultado del conservadurismo hegemónico, en el cual se combinan el clasismo, la homofobia, el racismo, el fundamentalismo religioso, etc. Muy probablemente el panorama se pinte negro no obstante los avances que hayan logrado fuerzas y candidaturas políticas contrahegemónicas.
En este escenario y correlación de fuerzas devenido de la primera vuelta electoral, y a pesar de la resaca electoral, es necesario que, con perspectiva de ciudadanos honestos y responsables, nos hagamos preguntas cruciales, con cuyas respuestas debemos orientar nuestra acción política para los próximos años. Estas interrogantes pueden ser:
¿Ha salido ganador de la elección el conjunto de fuerzas que forman parte del llamado Pacto de Corruptos y de Impunidad? ¿Continuará la captura del Estado a manos de grupos corporativos, políticos corruptos, militares y estructuras criminales y del narcotráfico? ¿Continuarán la corrupción y el saqueo del Estado?
¿Seguiremos afectados por un Estado impulsor de un modelo económico que prioriza el interés empresarial y de pequeñas élites antes que el interés colectivo y común de los pueblos, de toda la ciudadanía y del cuidado ambiental?
¿Estaremos ante un Congreso de la República que continuará aprobando una agenda legislativa de carácter regresivo en materia de derechos, de libertad para el saqueo y la explotación, para garantizar impunidad a corruptos y criminales y que relegará la solución a los graves e históricos problemas del país?
¿Se mantendrá la política enclenque y demagógica en cuanto a mitigar el hambre, la desnutrición, la carencia de agua potable y de energía eléctrica y la falta de caminos y carreteras? ¿Se mantendrá el esquema de privatización y exclusión de las grandes mayorías del acceso a educación y a salud? ¿Continuarán la política de salarios de hambre y las condiciones de trabajo indecentes?
¿Se seguirán desoyendo las voces de los campesinos y de las comunidades rurales, en especial en sus demandas de tierra, desarrollo rural integral y derecho al agua? ¿Se continuarán impulsando proyectos de muerte a pesar de la resistencia de los pueblos indígenas y mestizos?
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¿Se mantendrá la política represiva y de criminalización de la protesta social y de la defensa de derechos colectivos, que afecta especialmente a sindicalistas, luchadores sociales y defensoras de derechos humanos? ¿El sistema de justicia continuará siendo parcial y aplicando fallos de corte clasista, que garantizan impunidad para los poderosos? ¿Se seguirán protegiendo los intereses empresariales antes que los derechos de las comunidades, de los pueblos y de la ciudadanía? ¿Continuarán la política de privatización de la seguridad y la desprotección de la ciudadanía de las acciones de la delincuencia común y organizada y de cuello blanco?
¿Se continuará con una política internacional dependiente, incapaz, apátrida y sumisa? ¿Se mantendrá la práctica de sometimiento a los designios e intereses de Estados Unidos por sobre nuestros intereses nacionales? ¿Se mantendrá una política de permitir la violación de los derechos de nuestros hermanos migrantes?
¿Continuarán las políticas de odio: racistas, clasistas, antifeministas, homofóbicas y anticomunistas?
Las tendencias tanto en el ámbito político como en el electoral en específico permiten suponer que las respuestas a las anteriores preguntas —así como a otras— serán negativas. En ese sentido, deberemos encaminar nuestros esfuerzos de organización y movilización política a enfrentar a los poderes corruptos, criminales y contrarios a los intereses comunes y colectivos. Igualmente, deberemos seguir construyendo la alternativa contrahegemónica, que pasa por la articulación de propuestas y de fuerzas políticas decididas a transformar de raíz las condiciones que impiden el buen vivir para todas y todos.
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