El 28 de noviembre de 2014 debe ser recordado como un día vergonzoso. Ese viernes, un grupo de gánsteres que integran la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda usaron la negociación mañosa y el tráfico de influencias para logar mecanismos más ágiles para la corrupción. En connivencia, el oficialista Partido Patriota (PP) y el opositor Libertad Democrática Renovada (Líder) manosearon el decreto de aprobación del presupuesto de 2015 y crearon una autopista de alta velocidad para malversar fondos públicos con fines políticos y electoreros.
Quizá con la esperanza del cobijo del velo de opacidad que ofrecen los tecnicismos presupuestarios, pero con evidente descaro y alevosía, ese día el PP y Líder aprobaron excepciones especiales a normas de transparencia, vigentes solo durante el año electoral 2015. Esas disposiciones abrían la posibilidad a que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) volvieran a la práctica espuria y rancia de contratar oenegés para la construcción de obras públicas —oenegés usualmente vinculadas con financistas de campañas electorales, gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera— y alimentar así una plutocracia corrupta y pestilente.
Por otro lado, dispusieron exceptuar, solo durante el año electoral 2015, la obligación de extender las constancias de disponibilidad financiera, un mecanismo que contribuye a prevenir la denominada deuda flotante. También dispusieron un subsidio no para el transporte público de pasajeros en general, sino específico para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, el cual puede incrementarse a discreción de las autoridades, en vez de transparentar este seriamente cuestionado subsidio. ¿Por qué solo a esa empresa, y no a todos los servicios públicos de transporte de pasajeros?
Estos retrocesos gravísimos en controles y medidas de transparencia fiscal restaron legitimidad al nuevo impuesto a la telefonía, a los incrementos a las regalías mineras y al impuesto a la distribución de cemento. Guatemala necesita con urgencia más recursos para resolver sus graves problemas sociales, pero incrementar la carga tributaria enfrenta resistencia ciudadana por la arraigada percepción de que estos recursos solo benefician a corruptos y mañosos. La salvajada legislativa del PP y Líder lamentablemente alimenta este convencimiento y golpea aún más la ya precaria legitimidad del poder tributario del Estado guatemalteco.
Ante la magnitud y gravedad de la afrenta, numerosos y diversos sectores, pero sobre todo ciudadanos, estamos buscando frenar y, si es posible, revertir los daños. El jueves de la semana pasada, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente algunas de las disposiciones más dañinas, pero no todas. Según los magistrados de la CC, la suspensión provisional obedeció a que, de seguir vigentes las normas impugnadas, causarían daños irreparables.
Así que claro está que hubo daño, y en un Estado de derecho los responsables deberían ser sancionados conforme a la ley. Y dentro de los responsables los más visibles son, precisamente, los nueve integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda que firmaron el dictamen favorable y que a última hora lo entregaron al pleno del Congreso durante la sesión del viernes 28 de noviembre. Pero, y acá un pero muy irritante, ahora resulta que los responsables no recuerdan cómo fue que se incluyeron las disposiciones espurias. Vaya descaro y desfachatez. Solo en el paraíso de la impunidad.
Pero este 2015 tenemos una de las muy escasas oportunidades para evitar que estos gánsteres continúen en sus cargos. Son las elecciones, por lo que, desde ya, todas y todos, sin excepción, ¿estamos dispuestos a votar para reelegir a estos nueve mafiosos? ¿Vamos a volver a premiarlos con impunidad por tirar la piedra y esconder la mano?
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