Portillo, más cerca de una corte en EE.UU.

El ex presidente Alfonso Portillo tiene algo en común con Ahmed Khalfan Ghailani (juzgado por los ataques terroristas contra las embajadas de EE.UU en Kenia y Tanzania en 1998) y con Viktor Bout (extraditado desde Tailandia en 2008 y cuyo juicio comienza en octubre). Los tres son, o han sido, el objetivo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cuyos brazos son suficientemente largos para sobrepasar los confines de esa ciudad, y hasta de EE.UU.

En el caso de Portillo (presidente de Guatemala 2000-2004), la fiscalía quiere que sea juzgado en Nueva York porque presuntamente utilizó bancos estadounidenses para lavar US$70 millones (unos Q560 millones), y las transacciones se originaron en esa ciudad, comenzaron en 2000 y se rastrearon hasta 2009.

El 26 de agosto pasado, la fiscalía se acercó un poco más a Portillo cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó por unanimidad una apelación del ex mandatario y dejó en firme su extradición hacia EE.UU., previamente autorizada por un Tribunal de Sentencia y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ahora el expediente será devuelto al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, que procesó la solicitud desde un principio, y lo enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se solicite la autorización de extradición de Portillo al presidente de la República, Álvaro Colom. Aunque el mandatario aseguró que firmará la extradición, un aspecto pendiente del proceso podría evitar que sea Colom quien tome esa decisión.

La resolución de la CC establece que Portillo puede ser entregado a EE.UU. hasta que se resuelva la apelación que plantearon el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuando el Tribunal Quinto de Sentencia absolvió este año al ex presidente y a los ex ministros Manuel Maza Castellanos y Eduardo Arévalo Lacs, por peculado (el robo de Q120 millones del Ministerio de la Defensa). La fiscal general Claudia Paz dijo que es importante que Portillo “enfrente la justicia acá [en Guatemala]”. Si la apelación no prospera, Paz anticipó que el MP planteará un recurso de casación, el último recurso a su alcance (para lograr una condena que deberá ser cumplida en Guatemala antes de la extradición).

¿Quién persigue a Portillo?

El largo camino legal para procesar al expresidente podría desanimar a muchos. No a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ni a su encargado, el fiscal Preet Bharara. Este abogado, originario de Ferozepur, India, naturalizado estadounidense, y graduado de la Universidad de Harvard, dirige un equipo de 200 abogados (fiscales) con objetivos son tan variopintos como transacciones internas ilegales en Wall Street, Honduras, Colombia, Tailandia y Afganistán. Los alcances de Bharara y su equipo se volvieron internacionales después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU, recuerda The New York Times (NYT).  Ahora, esta fiscalía figura entre las más prestigiosas de ese país.

La fiscalía ha conseguido condenas en casos que van desde narcotráfico (en 2010, el guatemalteco Jorge “El Gordo” Paredes fue condenado a 31 años de cárcel), hasta terrorismo y delitos financieros,  como lavado de dinero, la naturaleza de la acusación contra Portillo.

Por algo el NYT llamó a Bharara el “alguacil de Wall Street”, donde en los últimos dos años ha acusado a 47 personas por comercio o transacciones internas ilegales, de los cuales 35 se declararon culpables. El caso más prominente (de acuerdo al diario neoyorquino) es el de Raj Rajaratnam, un inversionista multimillonario que dirigió uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, y quien en mayo pasado fue declarado culpable de fraude y conspiración. Otro caso sonado en manos del equipo de Bharara fue la condena a 150 años de Bernard L. Madoff, en junio de 2009, por el fraude de US$65 mil millones contra cientos de clientes.

NY: Otros casos de lavado de dinero

 “Cuando empresarios sofisticados comienzan a adoptar métodos de criminales comunes, no tenemos más alternativa que tratarlos como tal”, dijo el fiscal sobre un caso de India al interceptar llamadas de empresairos que permitieron llevar el caso a juicio. “Usar tácticas fuertes en estas circunstancias no es tener mano dura; es utilizar un trato balanceado”.

En julio de 2011, la oficina de Bharara consiguió que David Murcia Guzmán, el fundador del Grupo DMG (un gigante consorcio colombiano), fuera sentenciado a nueve años de cárcel por participar en el lavado de millones de dólares de origen ilícito, que incluía el narcotráfico, por medio de DMG. Además, deberá entregar al gobierno estadounidense diez propiedades localizadas en Florida y California, así como US$7 millones (unos Q50 millones).

En agosto pasado, la fiscalía consiguió que Héctor Domínguez Gabriel fuera sentenciado a 20 años de cárcel por narcotráfico y lavado (fue declarado culpable en diciembre de 2010, después de un juicio de siete días). La sentencia fue impuesta por el juez distrital Robert P. Patterson, a quien le fue asignado el caso Portillo. El juez consideró que la fiscalía sí comprobó que Domínguez Gabriel dirigía una organización que importó y distribuyó cientos de kilos de cocaína en EE.UU., y lavó millones de dólares producto del narcotráfico por medio de una empresa propiedad del acusado en México.

La ruta del dinero

Hasta el momento, la fiscalía estima que Portillo conspiró para lavar cerca de US$70 millones (unos Q525 millones), aunque la persecución originalmente empezó por el monto de US$2.5 millones (unos Q18.7 millones) que el gobierno de Taiwán entregó en cheques a nombre de Portillo. Los asiáticos aseguraron después que eran una donación para construir escuelas –a pesar de que no fue canalizada como cooperación internacional–; es conocida su tradición de sobornar a presidentes de países amigos para que mantengan relaciones diplomáticas en vez de abrirlas con la República Popular de China, que desconoce a Taiwán. En este caso la Fiscalía de Nueva York no ha incluido al Gobierno de Taipei, quien fue el que habría sobornado al expresidente Portillo. 

Los cinco cheques (uno girado días antes de que asumiera la presidencia en 2000) eran del International China Bank en Nueva York. La fiscalía de Nueva York rastreó el dinero desde esa ciudad hasta Miami, y de ahí a París, Luxemburgo, Londres (Inglaterra), Suiza, y Lichtenstein (Alemania) de la siguiente manera:

- Portillo endosó los cinco cheques y los depositó en dos bancos de Miami entre 2000 y 2002, un total de US$2.5 millones.

- De los bancos en Miami salieron tres cheques y dos transferencias electrónicas entre 2000 y 2002 por un total de US$3.6 millones.

- Para 2003, del dinero depositado en Miami salieron US$1.6 millones hacia el Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), en París, a cuentas de la ex esposa de Portillo, María Eugenia Padua, y su hija Otilia Portillo.

- De las cuentas del BBVA, en 2003 salió US$1 millón a una cuenta de Padua en Luxemburgo. En 2004, salieron otros US$2.1 millones hacia cuentas en Inglaterra (de su hija) y Suiza (de Padua y su hija). En 2005, el dinero fue enviado a un fideicomiso de ambas en Lichtenstein.

- En 2006, las cuentas de Padua y su hija en Suiza recibieron US$18 mil. En marzo de 2009, la cuenta de Luxemburgo de Padua permanecía activa y tenía cerca de US$1.3 millones. Padua se suicidó en mayo de 2010.

Otros casos que maneja la fiscalía de Nueva York demuestran que rastrear dinero en Europa es una práctica cotidiana. El 4 de agosto pasado, la fiscalía acusó formalmente a Gian Gisler, un banquero luego convertido en asesor financiero independiente, por conspirar para ocultar más de US$215 millones en varios bancos en Suiza.

El equipo de Bharara afirma que si Portillo es condenado podría recibir “una sentencia máxima de 20 años y una multa máxima de US$500 mil (unos Q4 millones), o el doble del valor de los instrumentos monetarios o los fondos involucrados en las transacciones de lavado de dinero”.

“Alfonso Portillo es acusado por convertir el despacho presidencial en Guatemala en su cajero automático personal”, aseveró Bharara cuando fue capturado el expresidente en enero de 2010.

En Guatemala, el lavado de dinero todavía no es considerado como un negocio criminal.

Compás de espera

Otros casos llevados por la fiscalía neoyorquina comprueban que Bharara es un corredor de largas distancias temporales, un fondista en el atletismo. Un ejemplo es el caso de Khalfan Ghailani, extraditado desde Pakistán a EE.UU. en 2004 por los  ataques terroristas contra las embajadas de EE.UU. en África en 1998, y condenado hasta enero de 2011 a cadena perpetua. Bout, el traficante ruso de armas, fue extraditado en 2008 desde Tailandia y enfrenta juicio tres años después (en octubre próximo).

El 2 de agosto, el NYT publicó que “El abogado de Bout, Albert Y. Dayan, argumentó que cables diplomáticos obtenidos por WikiLeaks mostraron que durante más de un año oficiales de EE.UU. ejercieron ‘presión política extrema’ en el gobierno tailandés para su extradición. Como resultado, Dayan dijo que una corte de apelaciones tailandesa revirtió la decisión de una corte menor y ordenó la extradición”. También alegó que a Bout le negaron una audiencia objetiva, “en violación de sus derechos”.

Sin embargo, el NYT cita al juez estadounidense Shira A. Sheindlin de una Corte Federal Distrital diciendo que “aunque semejante presión [política] se hubiera aplicado, las cortes de EE.UU. no pueden dudar de la decisión judicial de extradición de otro país hacia EE.UU.’”. El juez del caso Portillo en EE.UU. podría utilizar el mismo argumento ante la defensa del ex presidente.

El ex diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Jorge Arévalo (ahora secretario del partido Unión del Cambio Nacional, UCN), dijo al diario Siglo 21 que la resolución de la CC fue “política” y el reflejo de una “monstruosidad jurídica”. Telésforo Guerra, abogado del ex presidente, denunció que la decisión de la CC “no estuvo apegada a derecho” y las autoridades de EE.UU. no tienen pruebas concretas.

Del lado de la parte acusatoria, la embajada de EE.UU. dijo en un comunicado “estar complacida” por el fallo de la CC, y subraya que “la decisión envía un importante mensaje de que nadie está por encima de la ley”. Este es un resultado que una fuerza de tarea (con sede en Florida) comenzó a construir en 2004, al abrir una investigación sobre Portillo. Estas pesquisas llevaron a la acusación que la Fiscalía de Nueva York presentó en 2009 (que sustentó la solicitud de extradición de la fiscalía). Portillo fue capturado por el Ministerio Público y la CICIG en enero de 2010 cuando estaba a punto de escapar rumbo a Belice vía Izabal. Aunque ya era sujeto a un proceso por el caso de Guatemala, y estaba en libertad bajo fianza mientras llegaba a juicio, se cree que el caso de EE.UU. precipitó su recaptura.

Fallo de la CC

En la sentencia, la CC expone que “deniega por notoriamente improcedente el amparo presentado por Alfonso Antonio Portillo Cabrera, además impone una multa de mil quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes (Telésforo Guerra y Gabriel Orellana)”. El fallo se sustentó en el tratado de extradición bilateral, y en que la Convención Contra la Corrupción de la ONU (suscrita por Guatemala y EE.UU.) aplica a un caso de lavado de dinero. Rechazó el argumento de la no retroactividad que presentó la defensa porque la convención está vigente desde 2006, y las transacciones irregulares se extendieron hasta 2009.

“El delito por el que se solicitó su extradición….no se consuma en un solo acto, sino que sus efectos se prolongan en el tiempo, [es] lo que la doctrina penal denomina como delito permanente”, indica la resolución.

La CC también recalca que EE.UU. no podrá entregar a Portillo a otro país que lo pida en extradición. Francia también investiga al ex mandatario por las transacciones ilícitas en el BBVA, y deberá—si así lo decide—pedir la extradición del mandatario a Guatemala (cuando concluyan los procesos en Guatemala y EE.UU.). La resolución, firmada por ocho magistrados de la CC, establece que para garantizar la extradición de Portillo a EE.UU., el ex presidente no debe ser internado en una prisión donde haya reos sentenciados. También subrayó que se observe la norma de que la pena tiene como meta “la reforma y la readaptación social de los condenados”.

En otros casos, la corte ha recluido a los procesados en el Centro Metropolitano Correccional de Nueva York, separado por una calle del edificio de la corte, donde fue recluido Paredes durante el juicio y permanece durante la apelación a su sentencia. Sin embargo, la página 23 de la sentencia de la CC establece que “el gobierno guatemalteco debe pedir a los Estados Unidos de América la posibilidad de que, en caso de condena, el procesado pueda cumplir la pena en la República de Guatemala, bajo las condiciones que aquel Estado [EE.UU.] tuviera a bien disponer”. Dados los plazos del proceso, esta sería una decisión para el próximo gobierno.

Otros elementos domésticos en juego

Si las elecciones del 11 de septiembre ubican en la silla presidencial a Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP) –quien ocupa el primer lugar en las encuestas con más de 20 puntos de diferencia de cualquier rival– la historia volverá a enfrentarlo con Portillo en una encrucijada.

En 1999, cuando Portillo ganó la presidencia, le había prometido a Pérez Molina convertirlo en su ministro de Defensa, según una fuente que conoció el caso y varios WikiLeaks. En ese entonces, el general retirado representaba a Guatemala en la Junta Interamericana Militar en Washington. La promesa de Portillo duró hasta que a Pérez Molina lo sacaron de en medio presiones internas dentro del FRG, especialmente de Efraín Ríos Montt (por diferencias surgidas entre él y Pérez Molina en 1983, cuando Ríos Montt todavía gobernaba el país y Pérez Molina fue parte del grupo de militares jóvenes que derrocaron al ex general).

Pérez Molina ya anunció que, si se convierte en el próximo presidente, firmará la extradición de Portillo pues en 2006 solicitó al MP que iniciara un juicio contra el ex mandatario. Cuatro años después, difícilmente querría enfrentar la presión política, diplomática y legal si, estrenando gobierno, se interpone entre Portillo y la justicia estadounidense. Los antecedentes de la fiscalía neoyorquina comprueban que Bharara y su equipo no son disuadidos fácilmente.

Después de la captura de Portillo en 2010, Bharara dijo que continuaría trabajando con las autoridades guatemaltecas para que se hiciera justicia por los crímenes del ex mandatario. “Nuestra oficina está comprometida, junto con DEA y el IRS (autoridades del fisco de EE.UU.), a perseguir a quienes usen los bancos y las instituciones financieras estadounidenses para lavar las ganancias de sus crímenes”, afirmó el fiscal. “No importa quiénes sean, si usan nuestro sistema financiero para lavar su dinero sucio, vamos a seguir la pista del dinero hasta la puerta de sus casas”. Pese al escepticismo de los abogados de Portillo, son pocos los sentenciados por una corte en Nueva York que dudarían de las palabras del fiscal.