En 2011, antes de las elecciones que dieran como resultado el gobierno del hoy recluso Otto Pérez Molina, una serie de señores y señoras me decían: «Patojo, los militares sí saben. Los civiles no podemos gestionar el Estado». Hubo uno, exvicepresidente de Guatemala, que me dijo: «En Estados Unidos, los militares llegan a ser presidentes y nadie alega». En ese momento, mi admiración académica (porque sí había un poco) tocó tierra y me permitió comprender que mantenemos un estatus político que se resiste a cualquier cambio, que prefiere lo inhumano y el desprecio de los derechos a cambio de vivir bien.
La última semana de noviembre, el presidente fue a la iglesia, pero además le pidió a la policía que usara la fuerza contra los pobladores asentados en las afueras de la Casa Presidencial para pedir que sus derechos fundamentales a la vivienda, a la salud, a la educación y a un proyecto de vida fueran garantizados. Hay que ser inclusivos. No es solo responsabilidad del presidente. El juez, cualquier juez, que ordena el desalojo de una comunidad debería garantizar que el Ejecutivo la reubique en un lugar donde los servicios sociales mínimos estén presentes.
Pero el modelo de gestión del Estado no esta para eso. Primero, por una cuota de perversión jurídica proveniente de querer considerar la justicia como la aplicación de la ley. Segundo, por la incapacidad judicial de entender que su función es resolver conflictos, y no crear más. Tercero, porque vivimos en un mundo de adoradores a los que tienen mejor statu quo. Y cuarto, porque tienen incapacidad de moldear un Estado basado en derechos humanos. Bajo esas cuatro condiciones, por tanto, quienes ostentan el poder se sienten con el derecho de disciplinar a cualquier persona o grupo de personas ya sea a fuerza de sus principios y valores espirituales, o bien a fuerza de utilizar el aparato público contra ella o ellas.
En esas condiciones, la organización política y del statu quo actual está en establecer la condición de que los excluidos de sus derechos admitan que así son las reglas del juego y que la naturaleza, la sabia naturaleza, ha creado esas diferencias sociales. La violenta imposición de un modelo económico extractivista y de monocultivos no debe impedir que las personas que habitan en ciertas zonas sean excluidas de sus derechos fundamentales, mucho menos que las leyes justifiquen tales atrocidades contra niñas, niños, mujeres, ancianos y hombres.
Por la libertad de los defensores de la naturaleza y de sus creencias respecto al trato entre el ser humano y los demás seres vivos; por la libertad del periodista que denuncia la destrucción del medio ambiente; por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes a un mundo libre de injerencias sobre sus pensamientos; por el derecho a un modelo político basado en humanidad, sin corrupción; por un sistema de justicia basado en el bien común, la pluralidad y los derechos fundamentales; por los defensores de derechos humanos libres en su expresión; por la denuncia de las desigualdades; por la reducción de la pobreza y de la desnutrición; por una sociedad basada en la dignidad y el respeto de la diversidad; por un modelo de gestión y administración del Estado basado en las necesidades sociales mínimas, y porque nunca más vuelva a existir un gobierno como este, feliz año 2018.
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