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Por qué Iván Velázquez debe quedarse
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Por qué Iván Velázquez debe quedarse

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Tipo de Nota: 
Opinión
11 02 18

La decisión del presidente Jimmy Morales de declarar no grato al comisionado Iván Velásquez abrió una coyuntura compleja en la cual fuerzas políticas y empresariales han decidido que el comisionado debe regresarse a Colombia. El pacto de corruptos y de impunidad pretende con ello detener la lucha por la justicia y, sobre todo, evitar la construcción de un verdadero Estado de derecho en el que todo mundo, sin excepciones, se someta al imperio de la ley.

Desde un punto de vista diplomático, la posición del comisionado Velázquez se vio muy comprometida por la declaratoria de no grato. La normativa y la práctica internacional establecen que los funcionarios de misiones diplomáticas y de organismos de cooperación entran y permanecen en el territorio de los Estados soberanos como una cortesía de los Gobiernos. Y que los Gobiernos pueden retirar esa invitación a permanecer en el país cuando así les plazca y sin explicar razones.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad invalidó la acción del presidente, pero, en términos diplomáticos, quedó flotando en el aire cuánto tiempo podría sostenerse el comisionado luego de un rechazo tan brutal por parte del Gobierno. Y desde entonces la gran interrogante era en qué mes de 2018 se anunciaría la salida de Iván Velázquez de la Cicig.

Sin embargo, las fuerzas procorrupción y proimpunidad no supieron administrar su aparente triunfo político. Presionados por los tiempos electorales (en la segunda mitad de este año empieza la precampaña para las elecciones del 2019), y conscientes de que necesitan descarrilar cuanto antes la estrategia anticorrupción del MP y la Cicig, empezaron a moverse con pies de animal gigante. En las primeras cinco semanas del año lograron copar la junta directiva del Congreso, destituir al superintendente de Administración Tributaria, así como al ministro de Gobernación, y solicitar, a viva voz y sin tapujos, el retiro del comisionado Velázquez ante el secretario general de la ONU.

Tanta prisa levantó las voces de alarma y desnudó de manera transparente el deseo de mantener un statu quo que defiende la ilegalidad como sistema de poder político y económico. Hasta Estados Unidos, nación que se había mostrado diletante y enviaba mensajes contradictorios sobre su apoyo a la lucha por la justicia, salió esta semana a recordarle a Jimmy Morales, en boca de su presidente, de su secretario de Estado y de su embajador en Guatemala, que su apoyo a Israel y al traslado de la embajada a Jerusalén no lo puede intercambiar con la salida de Iván Velázquez y con el debilitamiento de la lucha contra la corrupción.

Así las cosas, tanto desde las Naciones Unidas como desde Washington, Velázquez ha recibido un respaldo claro y contundente que le permite mantenerse en el puesto sin perturbarse por las señales agresivas dadas por el presidente y la canciller Jovel. Eso debe ser motivo de celebración para todos los que apoyamos la lucha contra la corrupción, pero de ninguna manera es una invitación a bajar la guardia.

Quizá el punto más importante a considerar es por qué no conviene que el comisionado Velázquez se vaya ni este ni el próximo año. En pocas palabras, por qué él debe permanecer al frente de la Cicig hasta septiembre de 2019, cuando el actual mandato expira.

Las razones políticas parecen ser obvias y no ameritan mayor consideración. Sin la figura del comisionado Velázquez, la Cicig se vería seriamente debilitada y el MP perdería a su principal aliado internacional. Así de simple y claro.

Pero existen también razones prácticas para que el comisionado permanezca en su puesto en los siguientes 20 meses. La primera es que un nuevo comisionado tendría que enfrentarse a una curva de aprendizaje compleja que probablemente ralentizaría el trabajo de la comisión al menos durante los primeros entre seis y nueve meses. Los tres comisionados que ha tenido la Cicig han enfrentado esa curva de aprendizaje, pero los casos que se manejaban eran de menor impacto que los que actualmente se impulsan, por lo que el debilitamiento temporal de la comisión era menos notorio. En esta ocasión, un nuevo comisionado tendría que subirse al caballo mientras está galopando, con lo que aumenta la probabilidad de que cometa errores por desconocimiento o por simple estrés y presión psicológica.

La segunda razón práctica para que permanezca Iván Velásquez hasta septiembre de 2019 es que, en principio, el nuevo comisionado tendría que preparar el cierre de operaciones de la Cicig al nomás aterrizar en territorio nacional. La idea de nombrar un nuevo jefe de la Cicig principalmente para cerrarla sería un absurdo. Finalmente, si la comisión cierra sus puertas en el 2019, lo más lógico es que esa tarea quede en manos de Velásquez, quien ya conoce su oficina y sabrá administrar de manera razonable la conclusión de las operaciones actualmente en marcha.

Por último, es claro que muy pocos profesionales serios y de alto nivel aceptarán el puesto de comisionado sabiendo que este es por entre 12 y 16 meses como máximo. Y peor aún si su principal mandato es cerrar la operación, un trabajo tedioso administrativamente y poco atractivo para mentes creativas y talentosas. Así que un nuevo comisionado seguramente será un peor comisionado, dado el pool de talento al cual hay que acudir bajo los términos actuales del mandato de la Cicig.

El Gobierno desea salir del comisionado Velázquez para poder asestar un duro golpe a la lucha que encabezan el MP y la Cicig. Pero su petición se enfrenta no solo a desafíos políticos, sino además a argumentos muy razonables. Por eso la comunidad internacional, la ONU y los países amigos de la lucha contra la corrupción no se equivocan: Iván Velázquez es el líder que debe quedarse en la Cicig hasta septiembre de 2019.

Larga vida al comisionado Iván Velázquez.

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