Por no pelearnos con la cocinera

Proponente de un Código Procesal Civil simplificado, litigante por excelencia, por poco me saca de clase. «Por creer este tipo de cosas es que estamos en la lipidia de sistema judicial que nos agobia». Me quedaron grabadas las palabras.

Hacemos algo muy guatemalteco que se filtra hasta en nuestra forma de hablar: evadimos ser claros y directos. Pero los conflictos no se esfuman solo por no enfrentarlos, y terminamos encontrando formas alternas de solucionarlos, de sacárnoslos del sistema, hasta en pequeñas rebeldías como nuestro entusiasta irrespeto por las reglas del tránsito.

Pasamos horas en trámites pendejos porque al juececito de ventanilla se le ocurre pedirnos requisitos que no constan en ninguna parte. Solo van a juzgados los que están dispuestos a gastar su tiempo y dinero en laberintos legales. No denunciamos a funcionarios corruptos porque no queremos tener problemas más adelante. Tenemos miedo de pelearnos con la cocinera porque nos puede envenenar.

Uno de los principios básicos del derecho es que nadie puede alegar ignorancia de la ley para justificar la comisión de un delito. Pero, seamos sinceros, con esta maraña de leyes, reglamentos, acuerdos e interpretaciones antojadizas, ¿quién es el mago que puede navegar esas aguas sin naufragar? Y eso nos deja a merced de las personas que encuentran la laguna legal que les permite ejercer poder. Sin reglas claras estamos desprotegidos.

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En un Estado de derecho, el acceso a la justicia debería ser libre (sí, esto también implica que no se necesite de un abogado para ir ante un juez). Comenzando con que las peticiones son por escrito en un país donde gran parte de la población no sabe leer, no veo cómo hay igualdad. En un Estado de derecho, el sistema (Sistema, con mayúscula; Instituciones, de esas verdaderas que perduran por siglos) está para servir al pueblo. No al revés. Cada minuto de tiempo que perdemos en burocracia es un robo. Cada nueva ley que viene a enredar más las anteriores es una abominación. Cada abuso que cometen funcionarios escudándose en las falencias del Gobierno es criminal.

Toda persona que trabaja en el Gobierno debería estar investida de un sano temor a la población. Tenerles respeto a los fondos que le son confiados, incluyendo su salario. Contar con el conocimiento preciso y profundo que sea necesario para cumplir con el cargo que desempeña. Y saber que está sujeto a responder por las consecuencias de sus decisiones.

Pero para eso necesitamos que toda la población pueda entender cuáles son sus derechos, dónde los puede hacer valer, que obtenga justicia rápida y certera y que experimente la responsabilidad de sus actos.

El Gobierno no es más que un ente ficticio que creamos como conjunto de personas que en algún momento decidimos vivir bajo las mismas reglas, no una encarnación de una divinidad intocable. Ya es tiempo de que la población pueda pelearse con la cocinera. Total, nosotros todos le estamos pagando.