Los procesos de elección de los magistrados de 2009, la difícil selección del Fiscal General en 2010 y el reciente proceso en la Corte de Constitucionalidad, tuvieron como denominador común la pretensión de querer modificar y fortalecer el accionar de aquellas instituciones que tienen roles especiales en el combate a la impunidad. Esas luchas arrojaron resultados positivos, mayor participación de instancias sociales; pero en todo caso, también evidenciaron que solo apostar por ese tipo de procesos resulta limitado. Un factor común que prevalece es la falta de confianza sobre el quehacer de esas instituciones.
La dispersión generalizada que reina, da como resultado que muchas propuestas sean en realidad iniciativas superficiales, a medias, que lejos de contribuir a cambios de fondo terminan agitando las aguas y creando más confusión. Varios de los proyectos de reformas constitucionales que se han planteado en los últimos años no han sido la diferencia, proponiendo reformas parciales, que alientan más las diferencias y niegan nuestra historia política.
La propuesta que merece nuestra atención corresponde con lo planteado en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, que señala que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia. El acuerdo destaca como prioridad su reforma y modernización para revertir la ineficacia, erradicar la corrupción, garantizar el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación y la independencia judicial, entre otros aspectos.
¿Será este el mejor momento para impulsar esta propuesta de reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia? Todo momento es oportuno, no existe el clima ideal; pero qué mejor hacerlo en un año electoral, donde se requieren propuestas serias, muchas desde fuera de los partidos, para ser aprovechados por un nuevo gobierno y una legislatura con aires renovados. La propuesta debe ser fuente para que muchas fuerzas sociales y políticas se aglutinen e impulsen un paquete de reformas que superan las actuales diferencias. Su contenido apuesta por el consenso, y responde al reclamo por la idoneidad, independencia y reconocida honorabilidad que la ciudadanía demanda como claves para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
A diferencia del frustrado proceso de reformas de 1999, las instituciones que impulsan la propuesta se han planteado evitar la inclusión de temas que no se refieran concretamente a fortalecer los sistemas de Seguridad y Justicia, para no poner en riesgo el proceso, que representa una oportunidad para dotar al Estado de herramientas que lo faculten para promover una lucha efectiva contra la inseguridad y la impunidad. El escenario ideal es aprovechar el proceso electoral de septiembre próximo para la aprobación de las reformas, dado el sentido de oportunidad y para disminuir los costos que significaría implementar una consulta popular como evento separado. Si esto no es posible, queda la opción de concretarla durante el 2012.
La propuesta se orienta a modificar el contenido de diez artículos constitucionales:
Corte Suprema de Justicia.
Se propone el aumento del período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a diez años y su sustitución parcial cada cinco, lo que reduce la ruptura por sustitución total que ahora ocurre. También se propone que la Presidencia de la CSJ sea de cinco años, para generar condiciones para impulsar planes de trabajo estructurados, con una visión de mediano plazo. La presidencia anual es inoperante, ya que no ha permitido la aplicación de políticas institucionales que fortalezcan la CSJ, debido a lo corto del periodo; situación que ha desgastado el funcionamiento de ese organismo ante las dificultades que sus integrantes han tenido para ponerse de acuerdo.
Se propone una reducción de los miembros de la comisión que postula candidatos para integrar la CSJ, sin que ello signifique una reducción de los espacios de participación de los sectores vinculados al Sistema de Justicia, en la medida que su integración será representativa y permitirá un mayor nivel de consensos. Los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades privadas mantendrían un representante en la Comisión de Postulación. Sin esta modificación, la comisión tendería a crecer indefinidamente, en correspondencia con las facultades de derecho que se vayan creando.
Carrera judicial: la propuesta busca ampliar la profesionalización del recurso humano de jueces de paz, jueces de primera instancia y magistrados de Corte de Apelaciones, como garantía de la independencia judicial, así como la eliminación de la función de administración por parte de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, se propone el Consejo de la Carrera Judicial.
La inclusión de la carrera judicial contribuye a fortalecer la independencia del sistema de justicia. Garantiza la estabilidad del personal que administra justicia, permite la especialización y la coherencia de criterios en la aplicación de justicia en el mediano y largo plazo, reduciendo la posibilidad de ambigüedades en la interpretación de la ley. La carrera judicial reduce la dependencia de los niveles superiores, que en la actualidad utiliza su poder discrecional para el nombramiento de jueces; fortalece los mecanismos de selección, nombramientos, promoción, traslados, derechos y obligaciones, evaluación de desempeño y aplicación de normativas internas, que contribuyen a elevar la calidad del proceso de aplicación de la justicia, brindando oportunidades de estabilidad y promoción a los juzgadores que demuestren idoneidad para ocupar esos cargos.
Se propone un aumento del período para que los juzgadores permanezcan en el cargo, para elevar la eficiencia del sistema de justicia y facilitar la especialización de los juzgadores.
El Consejo de la Carrera Judicial separa las funciones jurisdiccionales de las administrativas. El Consejo se integrará de manera equitativa, con representación de todos los niveles del sistema de justicia, de la academia y organizaciones gremiales vinculadas. Se solicita una experiencia de diez años a los profesionales interesados en impartir justicia, quienes podrán integrarse a la carrera judicial en función de sus capacidades, méritos, idoneidad y honradez. Ese consejo será el único responsable de la selecciones de los profesionales que ingresarán a la carrera en cualquiera de sus niveles.
Asistencia legal gratuita: Se propone el reconocimiento constitucional del derecho de asistencia legal gratuita y de la carrera del defensor público. Reconoce que a los sectores sociales de escasos recursos económicos, el sistema de justicia les ofrece su asistencia legal únicamente en materia penal, considerándose necesario extender esta cobertura a otras materias jurisdiccionales, debido a que las violaciones cotidianas a la ley, en materia civil, laboral, administrativa, mercantil, entre otras.
Ministerio Público: La propuesta modifica la integración de la comisión que postula a los candidatos a ser electos como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, mediante la eliminación de la representación individual de los decanos de las facultades de derecho o ciencias jurídicas de las universidades privadas.
Se promueve la especialización y fortalecimiento de la carrera de los servidores públicos, vinculada a la investigación y persecución penal, buscando promover la idoneidad e independencia del personal que ingresa al M.P, fortaleciendo los procesos de selección, nombramientos, ascensos, traslados y sanciones disciplinarias. Ese reconocimiento a la carrera de los fiscales brinda garantía de estabilidad, equiparando esa función al nivel de otras que participan del sistema de justicia.
Policía Nacional Civil: Se propone ampliar el artículo 250, como reconocimiento constitucional de la institucionalidad policial y la profesionalización de su recurso humano. Con ello se evitan las variaciones que ha sufrido esa institución, producto de las coyunturas de los gobiernos de turno.
Se espera que diez o más diputados firmen la propuesta para que se convierta en iniciativa de ley. Posteriormente, en sesión plenaria, los diputados deben conocer y aprobar dicha iniciativa con el voto favorable de 105. En caso favorable, el Congreso señalará las preguntas que se someterán a los ciudadanos y solicitará al Tribunal Supremo Electoral convocar a consulta popular, de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Finalmente, los ciudadanos empadronados, en consulta popular votarán para ratificar o rechazar la reforma.
La propuesta es una última oportunidad para encarar con seriedad el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia, y así lograr que el Estado garantice y proteja la seguridad de las personas, sin lo cual no se podrá derrotar la impunidad prevaleciente.
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