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“Por favor, dejemos de incitar a la conflictividad”
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Editoriales

“Por favor, dejemos de incitar a la conflictividad”

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Puede haber momentos en los que estemos inermes para evitar la injusticia, pero no debe haber momentos en que dejemos de protestar
Elie Wiesel

Protestar al margen de la ley no es separarse de la democracia: es absolutamente esencial para ella
Howard Zinn

Lo más bello para los más humildes
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, en Enade

Quiero mandarle un mensaje a la comunidad internacional. Súmense a nosotros por el lado de la productividad. Por favor, dejemos de incitar a la conflictividad
Felipe Bosch, presidente de Fundesa, en Enade

[La mejoría del desarrollo humano] se ralentizó a un poco menos del 0.3% anual, entre 2006 y 2014
INDH 2015/16

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En 2003 se quebró algo y muchos no nos dimos cuenta: lo que se quebró fue el “tiempo de la paz” —es idea de los investigadores Simona Yagenova y Rodrigo Véliz—  y también los modos de la protesta social.

Para entonces —escribieron, y lo recoge el nuevo Informe Nacional de Desarrollo Humano Más allá del conflicto, luchas por el bienestar — ya se habían estancado las partes relevantes de los Acuerdos de Paz, los espacios de diálogo y negociación con el Estado eran vistos con recelo y crítica, los movimientos sociales se habían distanciado de los partidos políticos de izquierda, y había ganado las elecciones un gobierno que notoriamente defendería los intereses empresariales y transnacionales.

Las movilizaciones de 2015, según la hipótesis deseable pero todavía un tanto aventurera del propio Informe, supuso otro quiebre: el de lo que llaman el Estado posconflicto, la clausura de veinte años de decadencia del Estado democrático.

Entre ambos momentos surgió algo, quizá más visible: “un nuevo ciclo que se ha caracterizado por el incremento —aunque no sostenido, sí territo­rial— de las expresiones de contienda política.”

Lee también la entrevista PNUD: “Si se hubiera avanzado en lo más profundo de los Acuerdos de Paz, habría menos luchas"

La idea de contienda política, según se interpreta en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-17, presentado ayer, va a causar cierto escozor: no porque sea nueva, sino porque viene de Naciones Unidas. Y está bien: pone de relieve y legitima lo que mucha gente lleva años destacando: que las contiendas y las luchas y las protestas representan, por un lado, la principal posibilidad de la gente sólo para reivindicar la transformación de su realidad más cercana y tangible en el corto plazo, sino también para erosionar la desigualdad de poder, de derechos, de influencia, de recursos, que atraviesa esta sociedad.

Son, en cierto modo, la única respuesta viable a los mecanismos pulcros —en su apariencia— y exclusivos de la élite de poder, que no se ve obligada a tomar las calles ni a protestar en las comunidades porque ha gozado siempre de un acceso expedito y privilegiado a políticos, magistrados, funcionarios. “Quienes se organizan en defensa de derechos, o demandando justicia, bienestar o respeto ante sus formas de vida, en la mayoría de los casos lo hacen enfrentado condiciones de desigualdad y frente a adversarios poderosos, sin apoyo o protección del Estado, un Estado que no garantiza el cumplimiento de sus derechos y que, en algunos casos, ha sido facilitador de los principales daños de los que son sujetas las poblaciones que se organizan.” Constituyen, pues, luchas de los subalternos por el desarrollo humano, disputas permanentes e inevitables en sociedades desiguales y racistas

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Aunque las interpreta como estallidos de largas contiendas no resueltas, el Informe no condona las acciones violentas que transgreden los derechos humanos: secuestros, linchamientos, incendios, tomas de instalaciones contradicen los principios de justicia promovidos por el desarrollo humano. Pero subraya que la protesta social, liderada en las últimas dos décadas por comunidades indígenas, no es eso o no es eso principalmente. Según Naciones Unidas, la protesta ocurre casi siempre dentro de los cauces institucionales, de manera tan pacífica, ordenada, ejemplar y en ocasiones casi tan masiva como las jornadas urbanas de 2015: por ejemplo, dice, las movilizaciones contra la Ley Monsanto llegaron a reunir 120,000 personas de forma simultánea en departamentos como Guatemala, Sololá, Totonicapán y Alta Verapaz, sin obtener el mismo reconocimiento de civismo y ciudadanía. También hay quien calcula que en la Marcha por el Agua de 2016 la cifra llegó a duplicarse. “Dentro de las múltiples acciones que las poblaciones realizan para dirimir sus conflictos están los diálogos, los cabildos abiertos o asambleas comunitarias, la mediación entre los involucrados, la búsqueda de mecanismos judiciales, y las consultas comunitarias, entre muchas otras”, se especifica en otra parte del documento.

El discurso público suele destacar, sin embargo, lo contrario: las actividades violentas o incómodas, aunque sean escasas y se den en situaciones extremas, generalmente por parte de “colectivos que carecen de acceso regular a las instituciones, que sacan a la luz reivindicaciones nuevas o poco aceptadas y que se conducen de un modo que constituye un desafío para otros, sobre todo para quienes se encuentran favorecidos en la balanza de las relaciones de poder”.

Vean la escasez: estudiaron un conflicto durante diez años, y descubrieron que en todo ese tiempo solo dos acciones podían calificarse como “contenciosas”, y fuera de los cauces institucionales. Dos en diez años. Dos bloqueos de carreteras. En diez años.

Aunque según Naciones Unidas, mientras la prensa escrita registró 19.2 protestas men­suales en 1997, en 2013 fueron 22.7, lo más interesante quizá no sea ese aumento, sino la transformación de los manifestantes y la descentralización del fenómeno. En qué medida el incremento de las protestas en los departamentos es producto de una mayor cobertura por parte de los medios, de la mayor posibilidad, de manifestar el descontento en el ámbito local, tras el conflicto armado interno, o de la suma de ambos, no se sabe con certeza. Pero el estudio evidencia que varias demandas trascendieron ya la escala departamental y aglutinan a ciudadanos en distintos lugares del país en un mismo acto de protesta. Un dato que sugiere formas y capacidades nuevas de organización.

Los manifestantes también son distintos. Del registro hemerográfico, Naciones Unidas concluye que las protestas ya no son esencialmente protagonizadas por los “grandes actores” de la segunda mitad del siglo XX como centrales obreras o agrupaciones campesinas y estudianti­les, sino por ciudadanos sin adscripción alguna, más que pertenecer “al pueblo”, que expresan sus demandas. Este dato se interpreta en el informe, por un lado, como efecto de una nueva construcción del sentido de ciudadanía y de la reparación de un tejido social fundado en los valores, estructura y cohesión de las comunidades indígenas; y por otro, como respuesta a una economía política nacional basada en la acumulación de riqueza por despojo que implica la destrucción del hábitat, la privati­zación de servicios, la desposesión de tierras, la biopiratería..., y afecta sus posibilidades de vivir una vida con valor, de alcanzar el Buen Vivir o Utzilaj K'aslemal.

Naciones Unidas identifica cuatro grupos de causas para la contienda política: las relacionadas con bienes naturales, las relacionadas con recursos económicos, las que lo están con la legitimidad institucional, y las que se refieren a la demanda de servicios y compromisos públicos. Estas dos últimas son las más habituales desde 1997, un hecho que apunta a la insatisfacción con el Estado, pero son las relacionadas con los bienes naturales las que más han crecido en este periodo.

En todo este tiempo el Estado ha ido modificando sus reacciones ante las protestas, y no necesariamente para bien. Aunque se redujo el porcentaje de respuesta mediante desalojo (una de las medidas más agresivas), crecieron los despliegues represivos (el estado de excepción como regla), menguó el número de veces que recibieron las demandas, y se incrementó la proporción de veces en que ni siquiera reaccionó de ninguna manera para garantizar el bien común.

A nuestro juicio, lo que en algún momento y en algunos casos pudieron ser molestias aisladas que no se atendieron hoy se han fusionado con conflictos más profundos, complejos, y que entrañan un disenso sustantivo sobre el modelo de desarrollo. Con estos tampoco se ha sabido trabajar. De esa manera, se han convertido en dignos y abarcadores movimientos en defensa del territorio, alentados y cohesionados ante lo que perciben como una agresión total, constante y sistémica, y la sensación incontrovertible de haber quedado desamparados por un Estado que no se esfuerza en ocultar su servicio corrupto al que es concebido frecuentemente como el agresor.

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