Este es el último presupuesto que propone el gobierno de Jimmy Morales y también el último cuya aprobación, modificación o rechazo decidirá la VIII Legislatura. Será además el primero que ejecute el gobierno del presidente electo Alejandro Giammattei.
Es un presupuesto en el que convergen los intereses de varios grupos políticos activos en la coyuntura: el gabinete de Jimmy Morales en su ocaso, en el que la mayoría de los ministros y los secretarios demuestran, por un lado, desinterés por trabajar y, por otro, desesperación por lograr capturar ansiadas cuotas de impunidad; los diputados y las diputadas que no se reeligieron y que intentarán obtener el último rédito; los que sí se reeligieron y serán oposición política en la IX Legislatura; los alcaldes electos y reelectos, como expresión importante de la muy compleja política a nivel local; el gabinete designado de Alejandro Giammattei, el cual seguramente será invitado a intervenir en la discusión en el Congreso, y los diputados electos que llegarán al Congreso por primera vez, tanto los de oposición como una minoritaria bancada oficialista de Giammattei.
Sin embargo, en una democracia madura y funcional, el grupo político más importante en la discusión del presupuesto público es la ciudadanía. Esto, porque el presupuesto no debe ser solamente del gobierno saliente o entrante, de alguna bancada o partido político o de cualquier otro grupo de presión o interés. Debe ser principalmente nuestro, de toda la ciudadanía.
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Pero esa situación deseable por ser característica de una democracia de verdad requiere una ciudadanía madura y sobre todo activa que se apropie del presupuesto público. Una ciudadanía que logra que los políticos actúen efectivamente en su representación, es decir, que cumplan los intereses de la mayoría ciudadana, y no los personales o sectoriales de esos políticos. Tal situación tiene como premisas severas, primero, que a la mayoría ciudadana le interese el presupuesto público y, luego, que desde ese interés demande a los políticos que tienen el mandato constitucional de representarla que el presupuesto incluya e implemente una agenda clara y acorde a los intereses ciudadanos.
¿Qué tipo de agenda ciudadana es esta? Se trata de demandas específicas y concretas de la vida cotidiana de la mayoría, de servicios públicos y gratuitos que garanticen derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana e infraestructura, solo por mencionar algunos. Para articular esta agenda no se necesita un doctorado en economía o en política fiscal, o décadas de experiencia y conocimiento técnico, sino cohesión social y liderazgos desde la sociedad civil organizada.
No obstante, la realidad de la Guatemala de hoy es que la gran mayoría ciudadana no asume como una realidad práctica y creíble vincular un instrumento técnico complejo como el presupuesto estatal con la realidad y las necesidades cotidianas que vive y sufre. Quizá este desafío de asumir de manera activa el interés por involucrarse en las discusiones por el presupuesto público sea tan importante como crear ciudadanía activa involucrada en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es un desafío pendiente, claro y concreto, que requiere mucho trabajo y esfuerzo y que persiste como condición incumplida para avanzar socialmente a una democracia mejor que la actual.
El plazo formal para que el Congreso discuta el proyecto de presupuesto para 2020 concluye el 30 de noviembre. El momento es ahora. De nosotros depende lograr incidir en esas discusiones o pasar un año más quejándonos de males producto, en buena medida, de ser una ciudadanía pasiva, perezosa y desinteresada.
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