En el más reciente escándalo, Lider, avanzando su pre-campaña para el 2015, entregó bolsas con alimentos en una colonia popular de la ciudad de Guatemala, en abierta competencia con el programa oficial, que tampoco ha escapado de teñir sus intervenciones de un naranja poco discreto, en la mejor tradición de gobiernos que le precedieron.
Las reacciones públicas a semejante obviedad electorera no se hicieron esperar y han terminado de enterrar en el fango la potencialidad de este tipo de intervenciones, al menos a los ojos del imaginario social dominante. El clientelismo –y la corrupción que le acompaña– han sido dos grandes valladares para que las políticas sociales sean reconocidas como promotoras del bienestar pero también, de la gobernabilidad y la armonía social.
Hay que reconocer, no obstante, que la aversión de las élites y capas medias urbanas a este tipo de programas tiene una raigambre mucho más arcaica y profunda. Como en otros países latinoamericanos, en Guatemala, la atención a los problemas sociales y la pobreza han estado por siglos, en manos de las mujeres y las propias comunidades, o bien, bajo la cobija de la caridad eclesial o la de las clases acomodadas.
Toda acción estatal encaminada a proveer a la población de condiciones mínimas para desarrollar sus capacidades en un entorno digno, ha sido vista siempre con suspicacia. "Comunistas" o "populistas", no parecieran caber más definiciones. El ethos histórico dominante reconoce solamente la existencia de "benefactores" y "beneficiarios" de caridad, más no derechohabientes, que esperan respuestas del Estado.
Pero las políticas sociales no son ni clientelismo político ni la sustitución de la caridad privada por caridad pública. Son un conjunto de decisiones que el Estado está obligado constitucionalmente a impulsar con el fin de crear condiciones para que los individuos se transformen en ciudadanos de pleno derecho.
Para ello, en una situación tan compleja como la que vive el país, se requiere, más que nunca que la institucionalidad pública despliegue políticas sociales orientadas a: 1. reducir brechas y desigualdades extremas en el acceso a bienes, servicios y oportunidades, cuya persistencia contribuye a la polarización social; 2. disminuir la vulnerabilidad de las personas, hogares y comunidades a los eventos catastróficos, sean estos por enfermedad, violencia, accidentes, efectos climáticos, crisis económicas u otros factores que debilitan la capacidad de respuesta de las familias a circunstancias no previstas; 3. potenciar las capacidades y oportunidades para los ciudadanos, en igualdad de condiciones; 4. Robustecer el tejido social de la nación.
El recién nacido Ministerio de Desarrollo Social debería jugar, a la par del Sistema Nacional de Diálogo, y en consonancia con los Ministerios y Secretarías del área social, un papel determinante como puente entre la ciudadanía y el Estado, particularmente en estos momentos de agudización de la polarización.
Los programas sociales ya existentes son un paso dado que no debiera tener vuelta atrás, pero son un paso insuficiente e incompleto si el MIDES va solo y además, cooptado. Quedan todavía tres años, se podría enmendar el camino y darle a las políticas sociales el lugar y la verdadera finalidad que les corresponde. Mientras esto no ocurra, la ausencia de mecanismos de superación de la desigualdad extrema, polarizarán más la sociedad y harán crecientemente difícil la resolución pacífica de conflictos, destapando situaciones latentes de ingobernabilidad, pues no se encuentran desfogues –no digamos soluciones– por ningún otro lado.
La disyuntiva es clara: o se invierte en la gente y la construcción de su ciudadanía, o mejor cavemos la fosa para nuestra joven democracia. No es un tema para la caridad; es un verdadero asunto de Estado.
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En memoria de Lisandro Morán, colega salubrista y querido amigo, quien dedicó su vida a luchar para que los contenidos de esta columna fueran realidad en el Ministerio de Salud. No alcanzó a ver los frutos de su lucha, pero quienes quedamos todavía, tomamos la estafeta para insistir en un país de ciudadanos.
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