La capacidad de hacer y la capacidad de implementar políticas públicas resultan cruciales. Se hacen para identificar pertinentemente las necesidades nacionales con perspectiva de largo plazo, para dimensionar el esfuerzo requerido y para direccionar las capacidades públicas. Se implementan para cambiar la realidad en una dirección socialmente deseable.
La implementación, no obstante, depende de estructuras funcionales, de capacidades gerenciales formidables y por supuesto con un irrevocable compromiso con el bienestar común.
La política pública es explícita cuando se expresa en documentos oficiales o en declaraciones de autoridades públicas. Prácticas y procedimientos de facto, sin legalidad, configuran políticas públicas implícitas.
En términos prácticos, la política pública se refleja en lo que se hace con el poder público. Algunos sostienen que la política pública no debería hacer más que crear las condiciones para que el sector privado despliegue sus operaciones y con ello ofrezca empleo a todo el mundo. Yo creo que la política pública que necesitamos en Guatemala, además de hacer esto, debe volcarse, con todas sus capacidades, a crear igualdad de oportunidades y cuidar bienes públicos como el ambiente natural.
Frente a la realidad guatemalteca, un Gobierno que pretenda lograr mejoras para la sociedad, está obligado a transitar, simultáneamente, en dos rieles. El primero, el de las capacidades ejecutivas. La totalidad de los recursos públicos deben destinarse con oportunidad, suficiencia, escala, continuidad y eficiencia a dignificar a la personas –salud, alimentación, educación, vivienda−, viabilizar los pequeños y medianos sistemas de producción rural agrícolas y no agrícolas –asistencia técnica, capacitación, tecnología, recursos financieros, infraestructura productiva, simplificación administrativa− y a dinamizar y revitalizar los territorios –infraestructura, comunicaciones, entorno natural saludable y estable para proveer bienes y servicios vitales y productivo. Esos recursos públicos deben administrarse por un sistema de instituciones pertinentes, ágiles, flexibles y con una alta capacidad de adaptación y deben ser conducidas por tecnócratas del más alto nivel. Éste es el riel del día-día aunque con norte.
El segundo riel debe permitir el acopio y despliegue de capacidades para hacer expedito el tránsito por el primero así como desmontar barreras e incentivos perversos que bloquean la igualdad de oportunidades y el desarrollo en su sentido más integral. Incluye desde medidas administrativas como el relanzamiento de la Ley de Servicio Civil, la renovación de la Ley de Contrataciones del Estado, la instauración de capacidades para garantizar el pago de salarios justos, la instauración de medidas para garantizar que pague quien usa y contamina el ambiente natural; pasando por la reforma fiscal progresiva, la eliminación de monopolios, la eliminación del poder de veto de los poderes fácticos; hasta la configuración de pactos para castigar ejemplarmente y erradicar la corrupción, sanear los partidos políticos, el Congreso de la República y el Organismo Judicial, merecedores hoy día, de un tremendo desprestigio institucional.
Éste es el riel de la reflexión, del pensamiento sistémico, estratégico, el de la negociación y los pactos nacionales.
Yo creo que hoy transitamos mediocremente en el primero y ni siquiera pensamos en el segundo.
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